Por Redacción
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 24 de noviembre del 2016.
En México, el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.
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He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:
– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.
Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.
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Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.
Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:
– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o
– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.
Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.
