Por Eduardo Espinosa
Vivimos en un país donde el gasto público es poco transparente y la corrupción abunda, por eso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene un papel crucial. Es una de las pocas instituciones destinadas a la rendición de cuentas y recientemente ha manifestado su preocupación por las grandes afectaciones al erario nacional.
Dentro de las tareas que realiza la ASF, tiene como mandato fiscalizar de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la unión; los órganos constitucionales autónomos (ejemplos: IFE, Banco de México, UNAM); los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
En febrero de 2017, la ASF publicó su informe de la revisión a la cuenta pública 2015, en la que informó que realizó 1,059 auditorías a entidades federativas y municipios; 599 al poder ejecutivo; 18 a órganos constitucionalmente autónomos; cuatro al poder judicial y tres al poder legislativo, arrojando un total de 2,133.
Como resultado de estas auditorías se realizaron las siguientes acciones:
3,956 recomendaciones, cuyo propósito es mejorar el desempeño, los procesos administrativos y sistemas de control de las entidades auditadas.
392 solicitudes de aclaración, en las que se requiere documentación adicional para soportar las operaciones y los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.
Ante el SAT: 73 acciones de comprobación fiscal.
Ante las contralorías internas (ejemplo: contralorías municipales): 2,405 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La finalidad es conocer en dónde quedaron 165 mil millones de pesos que reportó el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, como un presunto daño al erario por irregularidades y opacidad en el gasto de los recursos. Para tener una claridad del enorme problema que esto representa para el país haremos las siguientes comparaciones:
La UNAM en 2017 recibió casi 41 mil millones, es decir, con el dinero que hace falta se podría financiar 4 veces la universidad pública más grande del país.
El rubro de cultura este 2017 recibió 12 mil millones (después de un recorte del 20% en relación con el 2016), es decir, se podría financiar 13 veces.
En materia de salud para este año se presupuestó un gasto de 535 mil millones, con los recursos faltantes se podría solventar un tercio, siendo este rubro uno de los presupuestos más altos.
En este sentido, el informe menciona los motivos que generan la perdida de estos recursos, en lo que encontramos afectaciones directas al erario (robo y/o desvió), inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos deficientes (son los derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas), información financiera inadecuada (ejemplos: mala contabilidad, falta de comprobantes) y vulnerabilidad en las finanzas públicas (falta de controles internos).
En relación con lo anterior, una de las problemáticas recurrentes y en la que más dinero deja de ser auditable son las asociaciones público privadas, pues se ha observado que este esquema no permite verificar la determinación de precios ofertados (que los costos sean conforme al mercado), así como cuantificar o desagregar los elementos que integran el costo total de los proyectos.
De igual forma, cuando se encuentran operando el pago del mantenimiento y la operación de los inmuebles, tampoco son susceptibles de medirse, ni es posible cerciorarse que los trabajos efectuados sean los requeridos. En otras palabras, este esquema es un caldo de cultivo para la corrupción.
Una vez teniendo claro el panorama sobre los problemas que corre el erario, es necesario plantear algunas aclaraciones en relación a lo que puede hacer la ASF ya que tiene conocimiento de estas irregularidades. En principio da oportunidad a los entes auditados de aclarar su situación, sin embargo, una vez finalizado estos procesos y en el caso de que no se puedan aclarar, la auditoria superior denuncia los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de fincar responsabilidades y buscar la reintegración de los recursos en el momento oportuno.
En la tabla encontramos el número de denuncias iniciadas hasta 2014 y el monto que representa la suma de todas que es de $41,977,919,408.35, y casi de forma irrisoria las devoluciones según el portal de la ASF ascienden $1,897,202.4, es decir, un monto simbólico.
Realizando un análisis de las condiciones en las que opera la auditoria, podemos concluir que la falta de resultados reside en que su acción más “eficaz” está relacionada con la PGR, institución que está en proceso de transición a fiscalía general y que ha demostrado en diversos casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, la nula capacidad en sus actuaciones, además, cabe señalar que el procurador es nombrado por el presidente y ratificado por pleno de la cámara de senadores, personas e instituciones que formar parte de los entes auditados.
El esfuerzo que realiza la ASF debe ser considerado para el combate contra la corrupción y no sólo dejarse plasmado en sus informes que documentan la debilidad de los controles fiscales y ponen el dedo en la llaga sobre los principales defectos y afectaciones que corre el dinero de todos los mexicanos.
