Pronunciamiento conjunto: La población civil no es un objetivo

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios (las Regiones Costa, Soconusco, Centro, Altos, Frailesca, Sierra y Selva) se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

• El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
• La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
• Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
• La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
• La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
• La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

• Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
• Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
• Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
• Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
• Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
• Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
• Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

Ver pronunciamiento