Pronunciamiento – La desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: un ejemplo de impunidad empresarial en México
Cencos
Publicado 28 febrero, 2023
Imagen: Twitter @CodigoDH
Código DH
- Los gobiernos de Michoacán, Colima y el Gobierno Federal priorizan intereses empresariales sobre la búsqueda de los defensores de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia
- Mientras la ONU le exige a Ternium que colabore y proporcione toda la información relacionada con la desaparición, el Gobierno Mexicano consolida sus relaciones comerciales con la empresa
A 41 días de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia es alarmante que el Gobierno Federal no haya dedicado un solo día para averiguar sobre el papel de la empresa Ternium en la región. Los indicios, pruebas e investigaciones periodísticas señalan presuntas responsabilidades que exigen una indagación adecuada. En diversos testimonios documentados se manifiesta que el 13 de diciembre de 2022, durante una asamblea, un integrante de la empresa amenazó a los defensores. Sin embargo, la exigencia hacia la compañía ha sido nula.
Manifestamos nuestro extrañamiento ante el reciente comunicado emitido por la firma italo-argentina, en donde niegan el conflicto agrario existente en la zona y presumen que mantenían una “buena relación de trabajo con la comunidad” en particular con los defensores desaparecidos. Este nivel de conflictividad ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (páginas 64-66). Estas acciones atentan contra el derecho a la verdad y justicia
El caso de Ricardo y Antonio enciende alarmas nacionales y da cuenta de la impunidad que impera en el país. El tema se colocó en instancias internacionales desde los primeros días de la desaparición, sin embargo, no existe un avance significativo en la protección a las familias y la comunidad, ni en la búsqueda efectiva que tenga como resultado la presentación con vida. Hasta el momento, las autoridades no han dado un informe público que señale el trabajo de búsqueda que han realizado.
Las familias acudieron a repetidas reuniones con autoridades estatales y nacionales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el Gobierno de Michoacán. Sin embargo, el caso permanece estático. Preocupan algunas acciones gubernamentales: 1) Existe una falta de coordinación de las autoridades locales con la CNB; 2) La CNB no tiene líneas claras de búsqueda y ha brindado informes contradictorios 3) Las fiscalías estatales se niegan a investigar y señalan que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, única institución con la cual se ha mantenido comunicación constante, y de cuyo personal queremos reconocer los esfuerzos que están realizando.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a frenar los actos de simulación de búsqueda y justicia. Para las familias resulta una burla que se priorice el funcionamiento de la industria minera sobre la presentación con vida de Ricardo y Antonio. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) giró cartas al Gobierno Federal y a la empresa Ternium para que brinden información sobre los hechos. El acero no vale más que la vida de las personas ni la vida de las personas defensoras de los derechos humanos.
Por lo anterior exigimos al Gobierno Federal:
- Se refuercen las acciones de búsqueda y se agoten todos los recursos necesarios para localizar con vida a Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, informando en todo momento a las familias.
- Se realice inmediatamente un sólido análisis de contexto en donde además de incluir a los grupos criminales, se considere en el mapeo de actores como presuntamente responsables a la empresa Ternium y se inicie una investigación a los empleados que participaron en las distintas asambleas comunales, anteriores a la desaparición de Ricardo y Antonio.
- Se exija a Ternium que actúe con debida diligencia, ante el escenario de riesgo y macrocriminalidad. Operar en una zona de conflictos requiere una Evaluación de Impacto Social y una Manifestación de Impacto Ambiental actualizados que incluyan la perspectiva de riesgo para personas defensoras.
- Que tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal, se abstengan de presionar a los comuneros que, en el ejercicio de su derecho a la manifestación, mantienen clausurado el acceso a la mina, hasta que sean presentados con vida Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Así mismo, se deben emitir medidas de prevención y protección que garanticen la vida e integridad física de la comunidad.
Una vez más insistimos en que las acciones de la empresa no responden a actos de solidaridad, como ellos mismos mencionan en su comunicado. No es un acto de bondad, sino una obligación empresarial que responde a los impactos que generan en el área de influencia por la explotación de la tierra y los recursos naturales, a través de lo cual obtienen ganancias multimillonarias.
Las familias de Ricardo y Antonio y las organizaciones de sociedad civil lamentan profundamente que para los defensores de derechos humanos, de comunidades indígenas y del medio ambiente, no exista lugar en este gobierno y se apueste al desgaste y el olvido de sus nombres y de que fueron desaparecidos forzadamente porque a través de la defensa de derechos, tocaron los intereses de una empresa que está fuertemente resguardada.
¿Quién defiende a quienes nos defienden?
#TodosxporRicardoyAntonio
¡Presentación con vida ya!
