¿Por qué los defensores dicen NO a la Guardia Nacional?

Paola Ramos / Cencos

Foto: Notimex / Imagen: Cencos

Esta semana la Cámara de Diputados realizó una serie de audiencias públicas para discutir un dictamen aprobado por los diputados que propone la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de elementos de seguridad que sería entrenado y operado por el Ejército, aunque plantea algunos elementos para ser coordinada por entes civiles.

Esta Guardia Nacional fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la criminalidad en el país pero durante estas audiencias defensores de derechos humanos, investigadores, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el mismo representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron que esa no es una buena estrategia, pues perpetúa la militarización de nuestro país y nos hace vulnerables a más casos de violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas, impunidad en investigaciones, a manos de marinos y soldados.

Resumimos aquí algunas de las razones por las que, según sus análisis, la Guardia Nacional propuesta en el dictamen que será discutido por legisladores podría resultar, en realidad, contraproducente en la búsqueda de paz en nuestro país:

Podría acentuar violaciones a derechos humanos

Según lo expuesto por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  si bien es cierto que este tipo de violaciones no son cometidas sólo por fuerzas militares, sí se ha comprobado mediante estudios académicos que cuando estas intervienen en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a la cantidad de detenidos y procesados. Esto, porque no están adiestradas para tareas de seguridad pública (como patrullar, proteger y controlar civiles, prevención del delito) y mucho menos de investigación.

Tendría mando militar los primeros 5 años

Según el dictamen hasta ahora aprobado por diputados, la Guardia Nacional tendrá una dirección a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante sus primeros cinco años de implementación y luego estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto, según Jan Jarab, miembro de la ONU, “trastoca la línea inmediata de autoridad civil” y es contraria a disposiciones internacionales como es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a cuerpos policiales civiles y las Fuerzas Armadas deben usarse solo de forma excepcional y temporal para estas tareas.

Da facultades a la jurisdicción militar para juzgamientos e investigación de delitos

El mismo Jarab señaló que con la Guardia Nacional, los militares podrán investigar delitos sin que esto esté debidamente controlado por la autoridad civil: “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.” El investigador Julio Ríos Figueroa agregó que además el dictamen no establece con claridad su papel secundario en las tareas de investigación.

No se establecen mecanismos de rendición de cuentas

Según el doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene un extrema autonomía y falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas. Esto hace necesario que, si se recurrirá a ellas para tareas de seguridad pública la enconmienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, lo cual, como hemos explicado, no está contemplado, al menos por los primeros cinco años de su implementación.

La propuesta de dictamen es innecesariamente complicada

Alejandro Hope, director de Menos Crimen, Menos Castigo y doctor en ciencia política sostiene que el gobierno y legisladores optaron por una ruta innecesariamente complicada para tan sólo resolver la necesidad de contar con apoyo militar en el corto plazo. Para el académico el arreglo propuesto es complejísimo en el punto de vista administrativo:

“Implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expuso.

Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.

Jan Jarab, ONU-DH