Cuatro razones por las que el Ejército debe dejar las calles

Paola Ramos / Cencos

Foto: Especial

Desde diciembre de 2016, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y expertos, agrupados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, han exigido el retiro de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina de la tarea de combate al crimen en las calles de nuestro país; pues a más de una década de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” los resultados no han reducido la criminalidad y la violencia, mostrando el fracaso de un modelo de seguridad que daña los derechos humanos. 

En entrevista, Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C, y miembro de #SeguridadSinGuerra, nos explica cinco razones por las que los militares y marinos deben volver a los cuarteles y dar paso a policías civiles bien capacitadas.

Su actual labor es inconstitucional 

El uso de militares y marinos en el combate a la criminalidad en nuestras calles es violatorio de nuestra Constitución. Una reforma a la Carta Magna en 2008 incluyó un párrafo en el Artículo 21 que explícitamente ordena que la seguridad pública es una función a cargo de autoridades civiles.

Además, el gobierno de México ha faltado a recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además del Régimen Internacional de Derechos Humanos.

“Todos estos convergen exactamente en la misma idea: las fuerzas armadas no deben hacer tareas policiales”, explicó Portillo. “Las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado (para los Derechos Humanos), de Ginebra y de México, incluyen explícitamente retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, de las tareas policiales”.

Formación y funciones

“Las funciones militares están diseñadas para exterminar al enemigo. Sus labores armadas son para utilizar la fuerza letal. Las fuerzas armadas están diseñadas para la guerra, no para la prevención ni para la investigación y persecución del delito”, dijo Portillo.

En diciembre de 2016, el propio titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos señaló que el combate al crimen no era la función de las fuerzas armadas y, como antesala a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, señaló a la Secretaría de Gobernación la falta de un marco legal para regular las actuaciones de militares en tareas de seguridad. 

“Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”, reprochó entonces el titular del Ejército.

La matanza de Tlatlaya, en 2014, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares es un caso paradigmático de violaciones a Derechos Humanos. Foto: Especial

Impacto negativos

En 2015, el estudio “¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?”, realizado por la Asociación de Estadística de Estados Unidos, concluyó con que la intervención de militares está asociada al aumento de muertes violentas en nuestro país.

Otro estudio, elaborado en México por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró los enfrentamientos, ejecuciones y agresiones durante operativos militares de 2006 a 2012. Este concluyó que el número de homicidios a nivel municipal aumenta en promedio un 9 por ciento a causa de enfrentamientos entre militares y delincuentes.

Para Ernesto López, a esta correlación se suma un aumento a la violación a derechos humanos.

Impunidad

Según un informe de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de las 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, sólo 26 hubo registro de 16 sentencias condenatorias, es decir: casi un 97 por ciento de los crímenes de soldados contra civiles no fueron castigados. 

“Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia (…) Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, expuso WOLA en la introducción del informe.