Paola fue asesinada hace un año: no hay avances en el caso y le niegan protección a la principal testigo
Proceso
Publicado 25 octubre, 2017
Foto: Octavio Gómez/Proceso
Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalinas han obstaculizado el acceso a la justicia en el caso de Paola Sánchez Romero, la mujer transexual asesinada el 30 de septiembre de 2016, denunció el abogado defensor Luis Alberto Muñoz.
A un año del crimen, cuyo principal sospechoso es el guardia de seguridad Arturo Delgadillo, no existen avances sobre el caso y las autoridades responsables le han negado protección a Kenya Cytlally Cuevas, la principal testigo, señaló.
Además, la organización Equis: Justicia para las Mujeres, que encabeza la defensa legal de Paola, denunció que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no ha hecho un pronunciamiento al respecto.
En conferencia de prensa, Luis Alberto Muñoz, abogado de Equis, explicó las complicaciones del caso y exigió justicia para Paola y protección policiaca para Kenya.
Destacó que el 2 de octubre de 2016, el juez Gilberto Cervantes Andrade dejó en libertad a Arturo Delgadillo, supuestamente por no tener información concluyente sobre la hora en que ocurrió el asesinato de Paola, pese a conocer la declaración de Kenya y dos elementos de la SSP, quienes encontraron a Delgadillo, pistola en mano (una Pietro Beretta, calibre 9 mm), dentro del auto en el que quitó la vida a la víctima.
Ante la presión social y las movilizaciones que desencadenó la decisión del juez, el caso pasó a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual, y la Unidad de Investigación 20-1 giró una nueva orden de aprehensión contra el presunto asesino.
Un año después de dictada la nueva orden de detención, la Policía Ministerial se ha negado a ejecutarla. En respuesta, la defensa de Paola interpuso el amparo 863/2017 en el Juzgado Décimo Segundo en Materia de Amparo Penal de la CDMX, justo el día en que se conmemoró el primer aniversario luctuoso.
Pero esa no es la única falta en que ha incurrido la Policía Ministerial, adscrita a la PGJ que dirige Edmundo Garrido Osorio, pues también negó las medidas cautelares de protección –consistentes en escoltas personales– a Kenya Cytlally, ordenadas por el juez de Control Cristian Mota desde el 28 de octubre de 2016.
El argumento es que no se puede proporcionar seguridad a una servidora sexual, pese al riesgo que corre la ahora defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTI por haber denunciado el caso y porque, además, Arturo Delgadillo está en libertad.
