Juez ordena a la PGR admitir pruebas sobre espionaje gubernamental mediante Pegasus
Proceso
Publicado 28 mayo, 2018
Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Federación ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) admitir pruebas presentadas por la defensa de las víctimas del espionaje gubernamental a través del software Pegasus, estableciendo las dependencias y funcionarios que fueron responsables de la contratación del sistema, adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la propia dependencia.
En un comunicado firmado por organizaciones cuyos integrantes fueron víctimas del espionaje, se informó que un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, resolvió el recurso de impugnación 19/2018, relativo a la negativa de la PGR a admitir probanzas presentadas el 20 de febrero.
“Desde el momento en que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de PGR para investigarse a sí misma, por lo que exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantía mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido”, destacaron las organizaciones.
Al convocar a los candidatos presidenciales a que se pronuncien “sobre la importancia de investigar adecuadamente y en su caso sancionar a los responsables del espionaje”, recordaron que “en un Estado democrático, la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos”.
Agregaron que desde hace un año que se presentó la denuncia, FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, la PGR sólo ha desahogado nueve de 70 pruebas ofrecidas por la defensa, en tanto que 49 fueron negadas expresamente, algunas de las cuales fueron motivo de la impugnación.
Dicha negativa a desahogar las pruebas, “muestra la falta de debida diligencia con la que conduce la investigación de Gobierno Espía”, consideraron las organizaciones que hace un año denunciaron que la vigilancia ilegal incluyó a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como a representantes de los familiares de las víctimas.
El espionaje gubernamental ha sido motivo de pronunciamientos de diversos organismos internacionales de derechos humanos, y en la última audiencia pública del caso Ayotzinapa ante la CIDH, llevada a cabo en Santo Domingo el pasado 8 de mayo, el relator especial de la Libertad de Expresión, Edison Lanza, pidió cuentas sobre el curso de la investigación a la representación del Estado mexicano, encabezado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.
Las organizaciones relataron que el juez ordenó a la PGR centrar la investigación en la adquisición y “uso ilegal” de Pegasus, por parte de la AIC, pues en la audiencia del 21 de mayo se demostró que el software comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por esa instancia gubernamental.
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