A 3 años del asesinato de Moisés Sánchez, el Estado sólo garantiza impunidad
Por Artículo1 9
Ciudad de México, 2 de enero de 2018.- A tres años de que el periodista Moisés Sánchez Cerezo fuera sustraído de su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz, el 2 de enero de 2015, y posteriormente asesinado. Un año más, seguimos confirmando la falta de voluntad por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para realizar una investigación imparcial, seria y exhaustiva que pueda constituir una garantía a los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de Moisés Sánchez, su familia y la sociedad.
Moisés Sánchez y su contexto
Recordemos a Moisés Sánchez quien ejercía un periodismo ciudadano, siendo indispensable para el flujo de información tanto dentro como fuera de Medellín, a través del cual podía conocerse el acontecer en esa región. Era dueño del periódico La Unión, el cual imprimía cuando sus posibilidades económicas se lo permitían. También utilizaba una página de internet y las redes sociales para difundir su periodismo de denuncia social, difundiendo información sobre temas como inseguridad, corrupción política y gubernamental, crimen organizado, así como la falta o deficiencia en los servicios públicos.
Moisés Sánchez forma parte de las y los periodistas que, por realizar su labor, han sido víctimas de un contexto grave de violencia en México, en los últimos diez años, por parte del crimen organizado y de funcionarios públicos, mismos que también actúan en connivencia o complicidad con aquél, cuyo objetivo es acallar voces críticas y que la información permanezca en cajones cerrados.
No debemos soslayar que lo ocurrido a Moisés Sánchez se encuentra enmarcado en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quien fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, de quien también debemos recordar que cuando sucedieron los hechos, denostó a Moisés al referir que “era taxista”, no periodista. Actualmente se encuentra en prisión, siendo investigado por delitos de índole económico, pero no por su posible responsabilidad en los crímenes contra periodistas, que en su mandato sumaron 17 periodistas asesinados, cuya época constituye un capítulo oscuro para los derechos humanos; no obstante, el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes, no ha marcado ninguna diferencia al respecto, al contar con 4 periodistas asesinados desde que tomó protesta en diciembre de 2016.
Lo anterior, se suma a un Estado de derecho débil, con un aparato institucional que únicamente funciona dentro de un marco de simulación, donde la forma impera sobre el fondo y se encuentra lejos de brindar soluciones efectivas a las grandes problemáticas que aquejan al país. La impunidad sigue siendo una de ellas.
Este mismo contexto al que Moisés Sánchez hacia frente a través de su importante labor periodística, es ahora al que se continúa enfrentando como parte de la permanente exigencia de justicia y verdad por su asesinato.