Por Redacción/ El Economista
Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El Economista.
En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.
La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.
La investigación realizada tomó como base las consultas públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cada proyecto, así como los informes presentados por las organizaciones civiles que se verían afectadas en caso de que se realice.
Conforme a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, es requisito presentar una Evis para realizar cualquier proyecto de energía. Sin embargo, la falta de capacitación de algunas empresas consultoras para identificar los conflictos sociales potenciales en las comunidades ha llevado a que los proyectos se encuentren empantanados dentro de conflictos con éstas.
Un ejemplo es el Gasoducto El Encino-Topolobampo a cargo de la empresa TransCanada que fue cuestionado por las comunidades rarámuris en el estado de Chihuahua por no haberse realizado la consulta indígena antes de la asignación del proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
A finales del año pasado hubo un enfrentamiento entre grupos yaquis por diferencias sobre la construcción del gasoducto Guaymas–El Oro, en Sonora, a cargo de la empresa IEnova, lo cual ocasionó un oficial muerto y ocho heridos, según la Procuraduría General de la República.
Al igual que los ductos, alrededor de 18 proyectos hidroeléctricos, parques eólicos y fotovoltaicos y líneas de alta tensión en todo el país se encuentran detenidos por problemas con las comunidades.
Faltan reglas
Para María de las Nieves García-Manzano, directora de GMI Consulting, los trámites de Evis no deben ser un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía, sino que deben proveer información certera a las empresas de los posibles conflictos sociales que se derivan de los proyectos, para que las empresas puedan tomar medidas a tiempo antes de que participen actores externos y los conflictos se vuelvan inmanejables.
“Si revisamos la reforma energética, existen sólo unos cuantos artículos en la Ley de Hidrocarburos y de la Energía Eléctrica que hablan de la Evis y de la consulta indígena”, dijo.
Por lo tanto, es urgente que se emitan las Disposiciones Secundarias de la Evis y una Ley de Consulta Indígena para que brinden certeza jurídica no solamente al inversionista de que los proyectos serán viables, sino a las comunidades de que sus opiniones serán tomadas en cuenta de acuerdo con un formato establecido, añadió.
“En el caso del sector energético, las empresas consultoras deben sensibilizar a sus clientes de que más allá del cumplimiento de una legislación incipiente en materia social, es necesario realizar una gestión social profunda que les permita tener una relación cordial con la comunidad desde la planeación del proyecto y durante toda su operación”.
“Actualmente, gran parte del éxito de un proyecto depende de que cuente con el apoyo de la comunidad local como aliada natural y principal interesada en la consolidación y operación del mismo”, agregó García-Manzano.
Consulta indígena, insoslayable
A las evaluaciones de impacto social y manifestaciones de impacto ambiental que la ley prevé como requisitos para que los nuevos proyectos energéticos que sean sustentables, se impone un requisito de mayor rango: la aprobación de las comunidades indígenas ubicadas dentro de los potenciales terrenos que, de oponerse a los proyectos, no podrán ser expropiados, lo que constituirá un enorme reto para los inversionistas y autoridades en materia de justicia social para el desarrollo energético nacional en el nuevo marco legal.
Dado que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía jurídica que la Constitución en nuestro país, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección de derechos de comunidades originarias al que está suscrito México determina que antes de que arranque cualquier proyecto energético debe realizarse una consulta “libre e informada” si existen comunidades indígenas en el terreno donde se pretende llevar a cabo las actividades.
Si bien, la Ley de Hidrocarburos determina que las actividades energéticas estarán por encima de cualquier otra y prevé la figura de servidumbre legal mediante decreto de expropiación para los terrenos, la falta de planeación en la implementación de los aspectos sociales, ambientales y con respecto a los pueblos originarios, junto con la invasión de facultades estatales, municipales y agrarias por parte de la federación para permisos y usos de suelo, pone también en riesgo la certidumbre jurídica de los proyectos, aseveró la experta. (Karol García).
