GINEBRA (Proceso).- A unas horas de terminar su mandato como Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein consideró que en tanto no se conozca de manera irrefutable lo sucedido en la noche trágica de Iguala ni haya rendición de cuentas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso “permanecerá como una herida abierta en la mente de los mexicanos” y como una de las “asignaturas pendientes más acuciantes del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
En la última entrevista concedida a un medio mexicano antes de dejar su puesto en la ONU, Zeid dice a Proceso: “Cuando fui a México, era claro para mí que, si las autoridades mexicanas en conjunto con la comunidad internacional no podían resolver el rompecabezas de Ayotzinapa como un ejemplo de lo que estaba pasando en el país, éste seguiría sufriendo situaciones similares y recurrentes.
“La expresión de preocupación pública sobre el caso Iguala y la falta de respuestas sobre lo que sucedió a los 43 son interrogantes que siguen encendidas en la mente de muchos. Y si no hay responsabilidad por uno de los episodios más severos que hemos visto en México en el pasado reciente, estas condiciones persistirán.”
Recuerda que uno de los momentos más difíciles de su mencionada visita al país, en 2015, fue su encuentro con los padres y familiares de los 43 estudiantes, cuyo profundo dolor percibió. “Lo que más quisiéramos es ver justicia para ellos”, expresa.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, reprobó las agresiones contra el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, pieza fundamental en la reciente ola de desapariciones forzadas en aquella ciudad fronteriza de Tamaulipas, atribuidas a personal de la Secretaría de Marina (Semar).
En conferencia de prensa -en la que la directora ejecutiva de la oficina en México de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, y el representante del colectivo #SeguridadSinGuerra, Alfredo Lecona, manifestaron su respaldo al defensor-, Jarab urgió a las autoridades federales y estatales a esclarecer la campaña de desprestigio, amenazas y hostigamiento contra Ramos Vázquez, acrecentada a partir de que, desde Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar medidas para detener las desapariciones forzadas.
Además, el representante de ONU-DH reconoció la relevancia del trabajo del defensor para que su oficina documentara 23 casos de desaparición forzada, así como su rol para organizar una mesa de trabajo entre familiares de víctimas y funcionarios de alto nivel federal para esclarecer las desapariciones forzadas.
“Es muy significativo que empiezan las amenazas cuando el gobierno empieza a tomar medidas, porque los perpetradores de los hechos violatorios se siente amenazados”, dijo al insistir en la importancia de que la denuncia presentadas por Ramos Vázquez “sea investigada debidamente, ya que la impunidad es un factor clave de la repetición de amenazas en México; todas las amenazas tomadas en serio, tema en el que también juega un rol el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Es “inconcebible” que ningún país puede encontrar a los padres de emigrar “infligiendo el abuso a los niños, dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
GINEBRA (AP) – El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó el lunes al gobierno de Estados Unidos a terminar con la nueva política de separar a los niños migrantes de sus padres al ingresar a México, y agregó que la medida afectó a casi 2 mil menores en las últimas seis semanas.
Es “inconcebible” que ningún país puede encontrar a los padres de emigrar “infligiendo el abuso a los niños, dijo Zeid Ra’ad al-Hussein el lunes en el inicio de una sesión regular del Consejo de Derechos Humanos, la última antes del final de su mandato en agosto.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto para “poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde febrero pasado a la fecha tiene un registro de 31 víctimas de ese delito de lesa humanidad en el municipio fronterizo.
El organismo nacional dio a conocer las acciones realizadas a partir de las 21 quejas recabadas, que corresponden a la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, reportándose siete menores de edad, entre ellos una niña.
De acuerdo con la información publicada por Proceso (número 2166), la ciudad fronteriza ha registrado abusos de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), entre los que se identifican detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.
Sobre las denuncias, en un comunicado la CNDH señaló que, tras iniciar investigaciones por cada una de las quejas, solicitó información a la Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT); la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el organismo, en seis ocasiones el personal ha estado en dicha ciudad “recabando testimonios, entrevistando a autoridades y realizando trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de diversos lugares de hechos”, además de brindar apoyo psicológico a los familiares de las víctimas y ser observadores en reuniones entre víctimas y autoridades.
Tras asegurar que, “en sendas ocasiones”, visitadores adjuntos acudieron a las dos bases navales que hay en Nuevo Laredo y una más en la población de Colombia, Nuevo León, la CNDH recordó que emitió medidas cautelares dirigidas a la Semar para que se instruya al personal naval desplegado en Tamaulipas a “que toda diligencia o actuación que sea practicada, se lleve a cabo con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, y cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestó serias preocupaciones por la crisis humanitaria que atraviesa México al rendir su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del 37 periodo de sesiones llevado a cabo en Ginebra, Suiza.
El funcionario de la ONU, quien visitó México en octubre de 2016, expresó sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la ausencia de una Fiscalía General de la República independiente, entre otros temas.
Sobre la LSI, Al Hussein centró sus temores en que la legislación “autoriza el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad sin las adecuadas garantías ni supervisión”.
Además, dicha ley “no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos”, sentenció Al Hussein en su discurso ante representantes de los Estados parte.
El ACNUDH compartió la inquietud de organizaciones civiles en México por falta de autonomía del órgano de procuración de justicia del Estado, por lo que llamó a “crear una Fiscalía General de la República efectiva e independiente”.
Otro tema del que se ocupó el comisionado en su discurso fue el de la situación de los migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen.
“Me preocupa que la sistemática detención de migrantes y su regreso expedito se ha convertido en regla general, socavando seriamente las garantías del debido proceso y el principio de la no devolución”, apuntó Al Hussein.
El comisionado celebró la promulgación de las leyes generales contra la tortura, en junio de 2017, y contra la desaparición forzada en enero pasado, y resaltó la disposición de su oficina en México para “asistir a las autoridades para asegurar su pronta y efectiva implementación, con una plena participación de la sociedad civil y de las víctimas”.
GINEBRA/CIUDAD DE MEXICO (5 de diciembre de 2017) – La legislación propuesta en México que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante, declaró el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.
El proyecto de ley sobre seguridad interior fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado, para su debate y adopción.
Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal. El proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el Alto Comisionado.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó Zeid.
El Alto Comisionado reiteró que la Oficina del ACNUDH en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.
Las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, señaló Zeid, entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.
FIN
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