#YaEsHoraYucatán: Congreso aprueba el matrimonio igualitario y el castigo a los ECOSIG

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

 

Redacción/Animal Político

El Congreso aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo con 20 votos a favor y 5 en contra, todos de legisladores del PAN.

El matrimonio igualitario ya es una realidad en Yucatán. Este miércoles el Congreso del estado lo aprobó con 20 votos a favor y 5 en contra. Toda la bancada del PAN, excepto la diputada Kathia Bolio Pinelo, votaron en contra del dictamen. 

Esta era la tercera vez que se votaba el tema. Organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos presentaron los amparos contra el congreso yucateco por votar de manera secreta en contra del dictamen.

El 19 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Congreso de Yucatán actuó de forma inconstitucional al rechazar, mediante voto secreto, las iniciativas de reforma que buscaban reconocer el matrimonio igualitario en 2019.

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Autoridad municipal amenazan a convocantes de autoconsulta popular maya

Foto tomada de Desinformémonos

 

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. “Escuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan”, amenazó el pasado viernes Bernardo Canul Cocom, comisario municipal de San Fernando, Yucatán, durante el proceso de consulta popular indígena convocada por activistas mayas en defensa de su derecho a decidir sobre el otorgamiento de permisos a proyectos exctractivistas en la región, reportó el colectivo Yutzil Kaj.

En un comunicado, los convocantes de la consulta indígena afirmaron que Bernardo Canul, autoridad municipal, empleado de la granja porcícola Kekén y operador político del alcalde electo de la comisaría de Maxcanú , “es uno de quienes se ha valido la empresa Agroindustrias MOBA para evitar que el pueblo de 300 habitantes, con una granja de 49 mil cerdos anuales, participe en la consulta”.

Reportaron que el pasado 16 de julio Canul Cocom acudió a la asamblea informativa rodeado de un grupo de empleados de la granja porcícola, quienes “llegaron para ‘reventar’” el evento. Señalaron que el comisario llegó casi al finalizar el día, que no dejó hablar a las personas que tenía a su lado y que se rehusó a responder las preguntas planteadas por integrantes del comité organizador de la asamblea, después de lo cual lanzó la amenaza.

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Lanzan campaña para promover derecho a la información y salud de mujeres indígenas

Imagen: ARTICLE 19

 

 

ARTICLE 19/Desinformémonos

La campaña “Nosotras con la información” de ARTICLE 19, lanzada el pasado jueves, tiene como objetivo promover el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas en Chiapas, Yucatán y Oaxaca, por medio de videos animados y cápsulas de radio en cinco lenguas originarias.

En los materiales se habla de la importancia de la partería como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres indígenas, además del derecho de las víctimas de violencia sexual a contar con información suficiente, completa y en su propio idioma.

Es responsabilidad de las instituciones de todos los niveles y de los organismos garantes del derecho a la información promover políticas de transparencia proactiva que hagan disponible esta información a mujeres indígenas.

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Un cacique del agua en el paraíso maya

Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón 

Foto: Especial

 

Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia.

TIZIMÍN, Yuc.(apro).- Un daño ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental. 

La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15,000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.

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Gobierno de Yucatán despide a empleado que sugirió incendiar a mujeres por participar en marcha

El empleado, identificado como Fausto Loria, se desempeñaba en la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía estatal.

Foto: Eréndira Aquino

Redacción/ Animal Político 

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ordenó dar de baja a Fausto Loria Enrique Ortíz, un empleado de la Fiscalía General del estado que hizo un comentario ofensivo y misógino contra las mujeres que participaron en la protesta nacional #NoMeCuidanMeViolan.

Este fin de semana Loria Ortíz, quien trabajaba en la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía, compartió en su perfil de Facebook un video de las mujeres que participaron en la “diamantada” en la ciudad de Mérida.

En dicha publicación el extrabajador de la Fiscalía comentó: “Por qué no pasa una pipa llena de gasolina y les prenden fuego?, de vdd que patético”.

Aunque el responsable borró el comentario, éste fue difundida por usuarios que le tomaron captura de pantalla.

Inconformes por el comentario y al ver que se trataba de un funcionario diversas personas pidieron a la Fiscalía estatal y al gobierno de Yucatán que tomaran medidas. 

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Comunidades mayas presentan denuncia popular contra empresa porcícola en Yucatán

Redacción/Desinformémonos

Foto tomada de Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Comunidades mayas del poniente de Yucatán presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán, en la que acusan que desde el incio de operaciones de la empresa porcícola Kekén se ha registrado la “reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel y que, recientemente, ante extravío de ganado, recorrieron el área y encontraron pantanos de aguas negras que atribuyen a la empresa”.

Las comunidades indicaron que Kekén, junto con grupo Kúo, inició operaciones en 2010 sin el consentimiento del plueblo maya, así como también dio inicio a “un proceso de despojo de tierras e incluso hay litigios agrarios que no han concluido”.

“Vamos a tomar la defensa y el cuidado de la vida y de nuestro territorio en nuestras manos como pueblo maya”, aseguraron al anunciar el inicio de una jornada de acciones en favor de la protección de su territorio y sus derechos como pueblo indígena, ante la promoción de “actividades humanas y productivas que no corresponden al contexto local de las comunidades mayas, porque la entrada de megaproyectos ha promovido la vulnerabilidad y la creación de nuevos riesgos y de verdaderos desastres en materia ambiental, provocando daños y efectos adversos”.

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Más de 57 mil personas exigen justicia para José Adrián, adolescente torturado por policías en Yucatán

Redacción/Proceso

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Amnistía Internacional y el Equipo Indignación entregaron hoy al gobierno de Yucatán más de 57 mil firmas ciudadanas exigiendo justicia e indemnización para un adolescente detenido arbitrariamente y torturado en 2016 por policías municipales de Chemax.

Foto: Amnistía Internacional

Los activistas acudieron al palacio de gobierno para entregar el escrito dirigido al gobernador Mauricio Vila Dosal, en el que se demanda investigar el caso y resarcir el daño ocasionado a José Adrián, el adolescente maya que entonces tenía 14 años, y a su familia.

El chico fue detenido por policías municipales en la localidad de X-Can cuando regresaba de la escuela caminando a su casa a raíz de que una pelea callejera protagonizada por otros jóvenes.

Cuando los policías llegaron al sitio, arremetieron a golpes contra José Adrián, a quien aporrearon contra el vehículo policial, le pisaron la cabeza y le lesionaron el cuello mientras lo detenían.

Le quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a la comisaría de policía de Chemax, donde lo colgaron de una pared y lo dejaron ahí por horas. Sus padres fueron obligados a pagar una multa y los daños al vehículo policial para poder sacarlo del calabozo.

“Dos años después de este altercado violento, los agentes de policía locales autores de este hecho siguen sin haber rendido cuentas por lo sucedido”, recordaron loso activistas.

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Dejen de despreciarnos: Mayas exigen la verdad sobre proyectos como el Tren que propone AMLO

Redacción/Animal Político

Integrantes de 43 comunidades mayas se manifestaron en Mérida; exigieron a todos los gobiernos que dejen de tomar decisiones que les afectan sin consultarles.

Foto: Carlos Escoffié, tomada de Animal Político

Delegados e integrantes de 43 comunidades mayas de la Península de Yucatán se manifestaron este lunes en las calles de Mérida en contra del despojo del que han sido objeto sus territorios, a causa de proyectos de desarrollo.

Unas 300 personas provenientes de comunidades como Kimbilá, Chablekal, Chocholá, Santa Gertrudis Copó, Kanxoc y Homún salieron de los cuatro cabos de la ciudad rumbo a la Plaza Grande, en el centro, para pedir “a todos los gobiernos” que dejen de tomar decisiones que les afectan sin consultarles, y para notificarles cómo quieren vivir.

Sus demandas han sido consignadas en un documento elaborado entre todas las comunidades y dado a conocer en su representación por la organización no gubernamental Equipo Indignación, en el que hacen 13 notificaciones urgentes y recomendaciones de medidas cautelares tras considerar que los gobiernos han fallado en proteger el derecho a la libre determinación de las comunidades mayas, a pesar de que este derecho está amparado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7 Bis de la Constitución de Yucatán y los tratados internacionales y declaraciones que en materia de derechos de los pueblos indígenas ha firmado y ratificado el Estado mexicano.

“No queremos retroceder 600 años atrás, sabemos usar la tecnología, la ciencia, el arte; todo eso también es un derecho. Por eso sabemos y conocemos que ese derecho a la vida futura como pueblo es un derecho posible. Óiganlo muy bien, nos vamos a regresar a nuestros pueblos, para seguir juntando vientos. Hoy volvemos a exigir nuestro derecho a la libre determinación, porque bien sabemos que el pueblo maya es sujeto de derecho y que la única ley posible, sea una ley que reconozca que tenemos el derecho de hacer nuestras leyes. Ki’u’uy a u’uye’ex”, expresan en el documento.

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Niños ganan batalla a granja de cerdos en Yucatán: juez suspende sus operaciones

Redacción/Animal Político

El juzgador otorgó la suspensión a los menores pues resolvió que la operación de la granja afecta su derecho a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico.

Para proteger a la infancia, la juez cuarto de distrito en Yucatán, Miriam de Jesús Cámara Patrón, ordenó la suspensión de las operaciones de una mega granja de 49 mil cerdos en el área de cenotes de Homún, en Yucatán, la cual, de acuerdo con denuncias de pobladores, inició actividades en días pasados, aunque sus permisos de operación están impugnados ante el Poder Judicial de la Federación.

La juez admitió el amparo interpuesto, el pasado 28 de septiembre, por abogadas de la organización Equipo Indignación, representantes legales de seis niños, niñas y adolescentes de esa comunidad maya.

El recurso legal se presentó por los permisos que otorgaron los anteriores titulares del gobierno del estado de Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el presidente municipal de Homún, quienes avalaron el funcionamiento de la granja.

Lo que se reclama son violaciones a los derechos al agua, a un medioambiente sano, al principio precautorio, así como afectaciones al derecho humano al desarrollo, todo ligado a la obligación que tienen las autoridades de hacer efectivo el derecho del interés superior de la infancia y adolescencia, contenidos tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales. 

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Clausuran habitantes mega granja porcícola en cenotes de Yucatán

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018. Mientras pobladores del municipio de Homún, ubicado en la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, en Yucatán, clausuraban de forma simbólica una mega granja porcícola el pasado viernes,  agentes de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) colocaban sellos de clausura en los cenotes que operan los integrantes de la directiva de la asociación Ka´anan Ts´onot, que encabeza la defensa del agua.

Integrantes de la comunidad, acompañados por Indignación, A.C.,  han interpuesto amparos contra el permiso de uso de suelo otorgado a la granja sin consultar al cabildo del municipio y contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, recursos que se encuentran en proceso.

A pesar de esto, la población advirtió de movimientos en la granja para iniciar sus labores y decidió realizar la manifestación simbólica, que fue hostigada por la policía.

Indignación ha advertido que los tribunales están impidiendo a la población ejercer sus derechos mientras instituciones responsables del cuidado del ambiente hacen caso omiso de la situación y se coluden para actuar contra la población.

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