Por Redacción/Somos el medio
A pesar de contar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMLV), de protocolos de investigación y de que el feminicidio ha sido tipificado en todo el país, la violencia feminicida se agudiza e incrementa en Guerrero. Tan sólo en el primer mes de este 2018, los registros hemerográficos documentan 25 feminicidios en el estado.
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, difundidos en la “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género”, Acapulco se ubica en el número 9 de los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios, tan sólo por debajo de municipios de Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Debido a esto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que la negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero forma parte de la ruta de impunidad y se ve reflejada en la postura pública emitida por Xavier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del Estado, en la que asegura que los feminicidios en la entidad, muchas veces ocurren porque “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”. Dicha aseveración preocupa sobremanera a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), pues además de ser una postura misógina y revictimizante, evidencia la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones, y lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falta de acceso a la justicia.
