“Ley Malena” castigará ataques con ácido con hasta 12 años de prisión en CDMX

Foto: Twitter @LetyVarela

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para castigar con multas de hasta 76 mil pesos y de ocho a 12 años de prisión los actos de violencia con ácido, así como con sustancias químicas corrosivas e inflamables, el pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, conocido como “Ley Malena”. 

En un boletín, Morena puntualizó que las reformas aprobadas por mayoría absoluta -42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones- son una iniciativa que presentó la diputada de su partido, Marcela Fuente Castillo, el 31 de enero de 2023, así como también prevé que esos ataques contra mujeres sean abordados como tentativa de feminicidio y se establezca a los responsables la reparación del daño con penalizaciones económicas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Al tomar la palabra en el Congreso, la legisladora dijo: “Ahora se tiene una norma para avanzar en el tema pues, al menos, contempla tres aspectos torales: la violencia ácida está vinculada a tentativa de feminicidio, ya no es un modo de violencia, ahora es un tipo de violencia prevista en la ley”.

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Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual. 

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).    

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:     

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco,  Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, ​Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente,  Patricia Alvarado.

 

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#25N 2021: Mujeres marchan en la Ciudad de México por una vida libre de violencia

Cencos

#NiUnaMenos

Cientos de mujeres marcharon en la Ciudad de México este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y alzaron la voz para llamar la atención del gobierno y de la ciudadanía ante el aumento de las violencias que sufren las mujeres en el país.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, las mujeres representan aproximadamente el 24.7% de las personas desaparecidas, y según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en los últimos 5 años el delito de violación ha aumentado un 31%, el de abuso sexual un 86%, el acoso 400% y el hostigamiento 123%.

La vida de las mujeres debe importarle al Estado y también debe asumir su responsabilidad frente a las violaciones de derechos humanos de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de mujeres en México.

 

Fotos: Doryan Álvarez / Cencos

Se nos tapa la boca y nos piden silencio: Mujeres marchan para exigir alto a la violencia en CDMX

Itxaro Arteta/Animal Político

Sobre un templete instalado frente a Palacio Nacional, se leyó un pronunciamiento y se escucharon testimonios dolorosos de violencia machista e inacción de las autoridades para resolver los casos.

Foto tomada de Animal Político

“La nota está aquí en este micrófono, no en las paredes”, dijeron familiares de víctimas de feminicidio o sobrevivientes de violencia machista mientras contaban sus historias desde el templete instalado en el Zócalo, el único punto de la marcha feminista de este miércoles en el que se desató algún choque entre manifestantes y policías.

La marcha de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a la que asistieron entre mil y dos mil mujeres, según las organizadoras, lejos estuvo de ser como las últimas manifestaciones feministas en la ciudad: con policías rodeandolas, usando extintores para contenerlas y violentando su derecho a marchar.

La diferencia notoria fue la ausencia visible de policías en todo el trayecto del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, gracias a un acuerdo entre las organizadoras de la movilización y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob).

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Activistas colocan Antimonumenta contra el feminicidio en Jalisco

Las familias de las mujeres asesinadas coinciden en que no existe empatía ni sensibilidad de la autoridad para resolver los casos, y que existe burocracia para aplicar la justicia. En Jalisco han asesinado 230 mujeres de enero a septiembre de este año.

Foto tomada de Proceso

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se colocó en Plaza de Armas La Antimonumenta, para exigir justicia y un alto a los feminicidios.

Al sitio acudieron familiares de víctimas y colectivos feministas para levantar la escultura de casi 4 metros de alto y más de 300 kilos de peso, la cual tiene las palabras “Memoria, Verdad y Justicia”, y la frase: “Ni una Menos”.

Las familias de las mujeres asesinadas coinciden en que no existe empatía ni sensibilidad de la autoridad para resolver los casos, y que existe burocracia para aplicar la justicia.

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De las palabras a la violencia sexual y los golpes: relatos de la violencia machista

Itxaro Arteta/Animal Político

Animal Político presenta de voz directa de las mujeres los testimonios de agresiones a las que sobrevivieron.

Imagen: Animal Político

“Julia” tiene 26 años. Terminó huyendo de la casa que compartía con su pareja, después de 3 años de relación, con miedo de terminar aumentando la estadística de que 10 mujeres son asesinadas al día. Pero antes de llegar a ese nivel de miedo recorrió un camino de violencias psicológicas y verbales que fue creciendo poco a poco.

“Empezó a decirme que me quería mucho, que me protegía. Que si me pedía mi ubicación era porque se preocupaba por mí. Pero después fui entendiendo que lo que él quería era mantenerme pues todo el tiempo con él, alejada de las personas que yo quería, de mi familia”, contó en un audio facilitado por la Red Nacional de Refugios.

Como ella, casi 35 mil mujeres han pedido ayuda a esa organización desde marzo pasado, y 740 mil han llamado al 911 por algún tipo de violencia familiar, de pareja o sexual.

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Centros de Justicia desprotegieron a mujeres en pandemia, documenta informe

Itxaro Arteta/Animal Político

El informe “Violencia en espera de atención” analizó lo ocurrido en cuatro de los 48 Cejum que hay en 28 estados del país: los de Torreón, Coahuila, de Mérida, Yucatán, y de Oaxaca y Tlaxcala capitales.

Informe “Violencia en espera de atención”: Los Centros de Justicia para las Mujeres Frente a la Crisis por COVID-19

La organización Equis Justicia Para las Mujeres documentó que durante los primeros meses de contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, los Centros de Justicia para Mujeres (Cejum) limitaron el acceso a protección y orientación, con lo que dejaron en peligro a usuarias, mientras que las llamadas de emergencia al 911 y las denuncias reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron cuenta de un aumento en la violencia de género.

“Fátima acudió dos veces, en el transcurso de un mes, al Centro de Justicia para las Mujeres. La segunda ocasión, después de una confrontación que tuvo con su expareja, la policía municipal notó que Fátima estaba golpeada y la llevó al DIF municipal, donde la remitieron al Cejum. Ella relata que llegó un sábado aproximadamente a las 15:30 de la tarde y ya estaba cerrado, así que tuvo que regresar al día siguiente”, es uno de los casos que encontró la organización en Tlaxcala.

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CNDH pide atender causas estructurales para erradicar la trata de personas

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Imagen tomada de Twitter @COPRED_CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a autoridades competentes atender las causas estructurales que generan la trata de personas “y no concentrarse sólo en la prevención de los delitos contemplados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos delitos”.

En el contexto del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la CNDH manifestó su preocupación “por el panorama desalentador” en la materia, por lo que llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a “reflexionar sobre las condiciones que originan y mantienen este flagelo”.

El organismo convocó a “crear e implementar políticas públicas integrales (…) en materia de no discriminación y a una vida libre de violencia contra las mujeres”.

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Se registran nuevos patrones de violencia contra mujeres durante pandemia

Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Desinformémonos

Foto: César Martínez López/Desinformémonos

América Latina registró nuevos patrones de violencia contra las mujeres durante la pandemia, como aumento en tasa de feminicidio y violencia sexual, disminución en denuncias y restricción de la libertad, de acuerdo con el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).

La Mesecvi es un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya función es evaluar las estrategias y políticas de cada país de la región para atender la violencia contra las mujeres.

Desde el inicio de la pandemia, este mecanismo advirtió sobre un posible incremento de la violencia contra las mujeres derivado del confinamiento y otras medidas adoptadas por los Estados para hacer frente a la COVID-19.

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Sube la violencia contra las mujeres… bajan los recursos para protegerlas

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/Proceso

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres lamentan que las autoridades federales no tengan entre sus prioridades las acciones para prevenir la violencia intrafamiliar y para atender a las víctimas de este flagelo que se ha recrudecido durante la contingencia sanitaria causada por el covid-19. Pero no sólo cuestionan la pasividad oficial para atender el tema, sino el hecho de que le quiten recursos a las organizaciones, como las camis, que dan refugio y apoyan a las víctimas para que denuncien a sus agresores.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde Sihó, una pequeña comunidad maya del municipio de Halachó, en la frontera entre Campeche y Yucatán, Nelsy Ku Chay disiente del discurso presidencial sobre la supuesta “fraternidad” y el reencuentro familiar durante el confinamiento domiciliario para evitar la propagación del coronavirus.

“Desconocemos qué es lo que conlleva la palabra fraternidad, la palabra armonía familiar de la que habla el presidente”, dice esta defensora comunitaria que es coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente, que agrupa 35 espacios en el país conocidos como camis, que apoyan de manera multidisciplinaria a las mujeres, particularmente a las que padecen violencia.

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