Para detener la impunidad en crímenes contra periodistas, organizaciones de derechos humanos exigen una mayor capacitación de las autoridades para que se tome en cuenta la profesión dentro de las líneas de investigación.
Foto: Marcela Méndez/Cencos
Amenazas, asesinatos e impunidad en crímenes en su contra son el pan de cada día de los periodistas en México, pero por primera vez, una autoridad podría dar un paso positivo para cesar las agresiones contra el gremio.
El 13 de enero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aceptó la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos capitalina por violaciones a la libertad de expresión, ejercicio periodístico, acceso a la justicia y verdad en los casos de los periodistas Aristegui Noticias, Humberto Padgett y el fotoperiodista Germán Canseco.
Conformado por instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, el sistema no se reúne ni se coordina.
Foto: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), concebido hace seis años para materializar una política de Estado que sacaría de la indefensión a miles de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, atendiendo el reclamo de colectivos como el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia, hoy existe en el papel, pero no opera en la realidad.
Conformado por instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, el sistema no se reúne ni se coordina. Aunque por ley el pleno del SNAV debería acumular al momento doce sesiones ordinarias a nivel nacional (dos al año), por lo menos, en los hechos solo se ha reunido una vez y fue en 2014. El reglamento del Sistema y de la Ley de víctimas tampoco existe.
Violaciones a los derechos humanos, 10 millones 233 mil 826 pesos pagados a empresa de seguridad privada y más de 105 millones de pesos invertidos en un centro de reubicación, donde actualmente siete familias viven recluidas sin tener acceso a servicios básicos, son el resultado del desplazamiento forzado que el Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realizó en la comunidad de Palmarejo; una de las tres comunidades que luchan por no quedar inundadas por la imposición de la presa El Zapotillo.
Foto: ZonaDocs/Mario Marlo
Con rostro desencajado e incrédula, Martha cuenta: “Claro que sí, se siente mucha tristeza de que el gobierno no respete ¿Por qué quiere acabar con nuestras tradiciones, nuestra identidad? Que triste será que cuando nos pregunten: ¿De dónde eres? Tengamos que contestar, de un pueblo que desapareció.”
Originaria de Palmarejo, Jalisco, Martha, es una de las muchas personas desplazadas de su territorio. Me dice que dejar a sus difuntos es lo que más le dolería, pues éstos: “se quedarían enterrados aquí bajo el agua. Nos dijeron que a 80 o 105 metros, nos íbamos a inundar; entonces, con miedo muchos aceptaron de buena voluntad vender, pero hasta ahora no les han pagado”.
GINEBRA (apro).- Rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) de México por el Consejo de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas llevaron hasta la sede de la ONU la voz de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y describieron ante la comunidad internacional una cruda y sombría fotografía de la situación en el país.
Foto: Twitter @Asilegal_df
El propósito de su paso por Ginebra es sensibilizar a los estados que evaluarán el récord de derechos humanos de México con la finalidad de que le extiendan recomendaciones acordes a la magnitud de la problemática que se vive a lo largo del territorio mexicano, ya que en el foro del Consejo de Derechos Humanos la eficacia de los diplomáticos nacionales ha logrado minimizar la grave situación por la que atraviesa el país.
Impunidad el eje central de la crisis
En la pre sesión del EPU cada uno de los representantes de miles de víctimas en México fue describiendo con datos, cifras, estadísticas, casos, las violaciones de derechos humanos a la que se enfrentan miles de víctimas, coincidiendo todos en que la impunidad es el eje central “que perpetúa la crisis en México’’.
De ahí que los representantes de REDTDT, Serapaz, CAMMI, Artículo 19, AsiLEGAL, MEXFAM, coincidieron en el llamado a la comunidad internacional para que recomienden a México en el próximo EPU un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad adaptado a las necesidades y problemática del país e inspirado en un modelo similar al de la CICIG de Guatemala.
Para quien no está familiarizado con el sistema del EPU, consiste en que los 193 estados que forman parte de la ONU, incluyendo los miembros del Consejo de Derechos Humanos, se someten cada cinco años al escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en su territorio y los gobiernos extienden sus recomendaciones las cuales son aceptadas de manera voluntaria por el estado examinado.
Al tomar la palabra Zué Valenzuela de la Red TDT subrayó que el problema nodal en México es “la impunidad casi absoluta’’. Especialmente en lo que se refiere a defensores de derechos humanos con 130 asesinados en este sexenio y “ninguna’’ sentencia.
Además del mecanismo internacional contra la impunidad, pidió a los estados presentes que recomienden al Estado mexicano derogar Ley de Seguridad Interior, crear un modelo profesional sobre seguridad pública y una Fiscalía autónoma que sirva.
