CHILPANCINGO, Gro. (apro). – Feministas tomaron las oficinas de la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Guerrero, así como la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) para exigir justicia ante la ola de violencia contra mujeres y la omisión de los representantes de estos organismos frente a casos de víctimas de feminicidio y desaparición forzada.
La protesta simultánea se realizó esta mañana en el puerto de Acapulco y la ciudad de Chilpancingo, donde las manifestantes clausuraron de forma simbólica las oficinas de la CNDH y la Codehum.
Actualmente, la Codehum la preside Ramón Navarrete Magdaleno, un personaje que ha sido exhibido públicamente por su sometimiento al gobernador Héctor Astudillo Flores y el silencio que guarda ante las constantes violaciones a los derechos humanos en la entidad.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– En los penales del Estado de México prevalece el autogobierno, lo que propicia actos de tortura y tráfico de sustancias prohibidas, advirtió hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y emitió una recomendación dirigida al Gobernador Alfredo del Mazo Maza para acabar con estas prácticas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) del organismo constató que persisten situaciones apremiantes, que son motivo de riesgo en materia de tortura o maltrato para los internos, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social (CERESOS) ubicados en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo.
Por ello, emitió la Recomendación M-6/2017, dirigida al Gobernador del Estado de México, a quien le solicitó atender aspectos relacionados con instalaciones inapropiadas, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, deficiencias en instalaciones para mujeres, alimentación inadecuada, falta de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y deficiente clasificación y normatividad en dichos centros dependientes de la Secretaría de Seguridad de esa entidad.
Este mismo día, organizaciones civiles que atienden las violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario, dijeron que la tortura se ha vuelto un problema generalizado en las cárceles hacinadas de México.
Se estima que entre enero y agosto fallecieron 185 personas en custodia, es decir, una persona cada 24 horas.
“Lo han dicho varios relatores de Naciones Unidas que han entrado a prisión, entre ellos Juan Méndez en su informe del 2014. Además, en el contexto penitenciario puede tratarse de malos tratos o tratos crueles muchas situaciones”, dijo María Sirvent Bravo Ahuja, directora de la organización Documenta.
Entre enero y agosto se registraron mil 22 incidentes violentos en las cárceles del país. Destacan los recientes casos de tortura para extorsión dentro de los penales de Xochicaca y Chiconautla en el Estado de México, así como las riñas en Topo Chico y Cadereyta en Nuevo León.
En los primeros ocho meses del año hubo 515 riñas, 213 agresiones a terceros y siete homicidios en custodia del Estado.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 8VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, dirigida a la Procuraduría General de la República y a los gobernadores de Nuevo León y de Tamaulipas, atribuibles a servidores públicos responsables de la procuración de justicia, tanto en el ámbito federal, como en el local de ambos estados, que no actuaron con la debida diligencia y omitieron realizar acciones pertinentes, o las efectuaron de manera deficiente para la adecuada investigación de los homicidios de 49 personas halladas en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
Como resultado de la investigación, la CNDH acreditó que los agentes del ministerio público de la federación y locales no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación orientadas a la participación de los probables responsables de los hechos, además no realizaron aquellas encaminadas a la búsqueda y localización de posibles testigos, ni solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería, entre otras.
De igual manera, se advirtió que personal pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León no resguardó adecuadamente el lugar dónde se hallaron a las 49 personas y practicaron de manera deficiente las necropsias que les realizaron.
Asimismo, la CNDH confirmó la omisión en que incurrieron los agentes del ministerio público, tanto del ámbito federal como local, para llevar a cabo diligencias que permitieran obtener información con el fin de verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación.
“Esta Comisión Nacional también comprobó la falta de celeridad en la integración de las averiguaciones previas, lo que ocasionó que los familiares no fueran reconocidos oportunamente como víctimas indirectas, ya que en algunos casos pasaron más de cuatro años, a pesar de que el personal ministerial contaba con datos para realizar dichos reconocimientos desde el año 2012”, destacó el organismo público.
