violaciones a derechos humanos – Centro Nacional de Comunicación Social AC

2 junio, 2022

Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco.

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco, Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente, Patricia Alvarado.

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17 febrero, 2021

ONG promueve amparo contra desaparición de fondo de víctimas

Arturo Angel/Animal Político

La extinción del fondo a través del cual se garantizaba contar año con año con un presupuesto exclusivo para la atención a las víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos ya llegó a los tribunales. La jueza federal Ana Luisa Priego Enriquez abrió un juicio de amparo para analizar si dicha reforma representa una violación a la Constitución.

El proceso se puso en marcha gracias a una demanda presentada por la organización civil Centro Prodh, que interpuso este recurso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejara pasar el plazo con el que contaba para promover una acción de inconstitucionalidad.

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. A su vez, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas también promovió un amparo contra dicha reforma.

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11 enero, 2021

Marina suma 185 víctimas de violaciones a derechos humanos; a menos de la mitad se les reparó el daño

Arturo Angel/Animal Político

Aunque ya están reconocidas como víctimas en el registro oficial y a que por ley debían ser compensadas en menos de un mes, la mayoría no ha recibido ese apoyo.

Entre 2012 y 2020 un total de 185 personas fueron víctimas directa o indirectamente de violaciones a derechos humanos o de algún delito cometido por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Pese a estar reconocidas oficialmente como tales, a menos de la mitad de ellas se les ha compensado el daño causado.

Así lo revelan datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que señalan que hasta octubre pasado solo se había autorizado el pago de compensaciones económicas y otros apoyos para 81 víctimas de abusos de elementos de la Armada, que son el 44% de las oficialmente registradas y confirmadas. El resto continúa en espera de una resolución.

Para las víctimas que sí han sido compensadas se han destinado pagos por más de 35 millones de pesos provenientes del fondo de ayuda que fueron erogados entre 2015 y 2019, sin que 2020 no se autorizaran pagos. Dicho dinero no fue cubierto por la Marina sino por el fondo de ayudas víctimas conocido como FAARI, cuyo fideicomiso fue extinguido por el gobierno federal el año pasado.

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9 septiembre, 2020

Me cuidan mis amigas, no la policía: violaciones a los derechos humanos en León

Pamela Zambrano y Rita Muciño Corro/Animal Político

14 años después, en Guanajuato se repiten las omisiones y falencias que tuvieron lugar en San Salvador Atenco, lo que permite dimensionar los grandes retos y pendientes a resolver por parte del Estado mexicano.

El pasado 22 de agosto las miradas del país estuvieron sobre León, Guanajuato, debido al abuso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y violencia sexual en contra de mujeres y adolescentes durante una manifestación feminista para exigir justicia para Evelyn, una joven que sufrió abuso sexual por parte de varios policías en León.

De acuerdo con lo relatado por personas que presenciaron lo ocurrido, así como de las notas periodísticas, las violaciones a derechos humanos suscitadas por la corporación de León al finalizar de la marcha fueron varias: i) detuvieron a 26 personas arbitrariamente en diferentes puntos de la ciudad; ii) abusaron del uso de la fuerza pública durante las detenciones; iii) abusaron sexualmente de mujeres y adolescentes resguardadas; iv) incumplieron su obligación de garantizar el interés superior de la niñez, y v) limitaron el trabajo de las reporteras que se encontraban cubriendo los hechos.

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22 enero, 2020

Comisión de Víctimas, con personal insuficiente y 476 denuncias por maltrato y acoso

Arturo Angel/Animal Político

La CEAV enfrenta amparos y quejas en CNDH por violaciones a derechos humanos. Pocos recursos y abandono afectan su operación a seis años de su puesta en marcha.

Un total de 476 denuncias por maltratos, abusos y acoso sexual; 52 quejas y dos recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos, y casi 250 amparos en contra por omisiones y negligencias. Ello sumado a la falta de abogados para las víctimas (los que hay tienen 100 casos simultáneos cada uno), recortes presupuestales y hasta posible desvío de recursos.

El balance corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución que a seis años de su puesta en marcha opera al borde del colapso, con la responsabilidad casi exclusiva de apoyar y reparar el daño causado a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.

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11 diciembre, 2018

Víctimas dan propuestas sobre cómo debe ser el mecanismo internacional que persiga delitos impunes en México

Redacción/Animal Político

Andrés Manuel López Obrador se comprometió a crear un mecanismo internacional encargado de perseguir penalmente las graves violaciones a derechos humanos, y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en las décadas pasadas.

Durante los diálogos sostenidos por Andrés Manuel López Obrador con víctimas de la violencia en México, primero como candidato a la presidencia y luego como candidato electo, el hoy presidente de la República se comprometió a crear seis instancias autónomas, para instrumentar la política de “justicia transicional” anunciada para su gobierno.

De entre ellas, destaca el “Mecanismo internacional contra la impunidad”, que se encargará de perseguir penalmente las graves violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en las décadas pasadas, y que permanecen sin castigo hasta la fecha, pero, ¿qué será y cómo funcionará este organismo?

A continuación, te presentamos un resumen de la propuesta que colectivos de víctimas y de defensores de derechos humanos vienen construyendo desde septiembre pasado, y que será presentado a las nuevas autoridades federales en las próximas semanas, bajo la promesa de cumplimiento:

Mecanismo internacional, ¿para qué?

En México, el Ministerio Público ostenta la facultad exclusiva de perseguir e investigar los delitos que se cometen en contra de la ciudadanía. No obstante, destaca la propuesta civil, está “demostrada la falta de capacidad del sistema de justicia (nacional) para investigar a los máximos responsables” de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

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12 octubre, 2018

Paso Exprés: CNDH pide a SFP profundizar investigación; y a los 3 niveles de gobierno, no repetición

Redacción/Aristegui Noticias

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, señaló.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que enviará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una copia de la recomendación relacionada con el Paso Exprés, “pues independientemente de los procedimientos abiertos y en trámite, así como de los concluidos, se requiere un nuevo procedimiento”.

El miércoles la titular de la SFP, Arely Gómez González, señaló que “para la Función Pública, al día de hoy, el caso está cerrado”.

Sin embargo, la CNDH insistió en que es necesario profundizar en la investigación “que vincule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad”.

Recordó que la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos, en primer lugar, de las dos víctimas fatales que perdieron la vida en los hechos.

Como consecuencia de la investigación de la CNDH se reveló que otras dos personas ajenas al desarrollo de la obra perdieron la vida en la misma, en diferentes tiempos, sin que hasta ahora autoridad alguna lo haya investigado y exista un pronunciamiento sobre estos hechos, no obstante que podrían ser constitutivos de un delito.

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23 febrero, 2018

Promesa de EPN de un México en paz se desmorona: Amnistía Internacional

Por Redacción/Animal Político

Luego de las críticas al Estado mexicano señaladas en el “Informe 2017/18 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo”, el vocero de Presidencia dijo que el gobierno de México está dispuesto a hacer los ajustes necesarios en materia de seguridad.

La promesa de un México en paz, que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, se desmorona hacia el fin del sexenio con los altos niveles de violencia, indicó el informe 2017-2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, de la organización Amnistía Internacional.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que en el país “graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria (…) y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevados a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos son tolerados”.

A continuación, Animal Político te presenta los puntos más críticos en cuanto a violaciones de los derechos humanos en México, según el Informe:

Fuerzas de seguridad, detenciones y reclusión

Las detenciones y reclusiones arbitrarias continúan siendo generalizadas en México, y en ocasiones derivan en otras violaciones de derechos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

El informe de Amnistía Internacional documentó que los informes policiales sobre detenciones muchas veces contienen “errores importantes”, como información falsa y otras deficiencias, como imprecisiones en el registro de la fecha y hora de la detención.

Este panorama resulta alarmante para la organización, en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que podría permitir “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil.

Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

En febrero, el relator especial de la ONU sobre tortura hizo público un informe, en el que concluyó que la tortura y otros malos tratos continúan siendo generalizados en México, e incluyen un uso alarmante de la violencia sexual.

Por ello, señaló Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la Ley contra la Tortura, que entró en vigor en junio del año pasado.

Sobre las desapariciones forzadas, la organización documentó que continúan siendo una práctica habitual, y los responsables continúan gozando de una impunidad casi absoluta.

En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, la organización señaló que estas no se investigan adecuadamente y, de hecho, por cuarto año consecutivo, en 2017 las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas militares, ni sobre los cargos penales contra elementos del Estado que las perpetren.

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7 diciembre, 2017

Chiapas y Oaxaca, los más pobres del país, son líderes en violación a los DDHH de indígenas presos

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– En México, 7 mil 433 indígenas se encuentran presos, de los cuales, al 70 por ciento no se les mostró una orden de aprehensión ni tuvieron acceso a un intérprete traductor ni a una defensa adecuada, de acuerdo con un informe de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL) publicado hoy.

Con el objetivo de documentar las persistentes violaciones a derechos humanos que sufren las personas indígenas cuando se enfrentan al sistema de justicia penal mexicano, ASILEGAL realizó doscientas tres entrevistas en once Centros de Reinserción Social de Chiapas y Oaxaca, estados que concentran el 45 por ciento de la población indígena nacional.

La investigación culminó con el informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca”, el cual detalló las violaciones a los derechos humanos a los presos indígenas de México.

De las 209 mil 782 personas privadas de libertad que existen en México, hasta mayo de 2017, 7 mil 433 pertenecían a un pueblo o comunidad indígena, de acuerdo con el reporte de la organización. En Chiapas, el porcentaje de personas indígenas privadas de libertad es de 6.77 por ciento y la mayoría perteneciente al pueblo tseltal; en cuanto a Oaxaca, el porcentaje es de 30.8 por ciento y la mayoría pertenece al pueblo indígena zapoteco.

En el caso de Chiapas, el homicidio calificado (64 personas) es el delito del fuero común por el que la mayoría de los indígenas se encuentran presos, seguido de homicidio (55), violación (29), robo ejecutado con violencia (19) y lesiones (14).

Por delitos del fuero federal, hasta mayo de este año en Chiapas se encontraban cinco personas encarceladas por transportar mariguana; tres por transportar cocaína; dos por transportar a migrantes, y uno por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La edad predominante de la mayoría de los indígenas de Chiapas es de 25 a 30 años.

En el caso de Oaxaca, la mayoría de los indígenas presos cometieron abigeato, seguido de abuso sexual, allanamiento de morada, asalto y narcomenudeo.

El delito de robo es una constante en ambos estados, debido a la pobreza extrema que viven sus habitantes, en especial los indígenas, quienes viven con al menos una carencia social.

Chiapas y Oaxaca encabezan la lista de las entidades más pobres del país, de acuerdo con el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).

Chiapas, gobernada por Manuel Velasco Coello, alberga a 4 millones 114 mil personas que viven en pobreza; mientras que en Oaxaca, cuyo Gobernador es Alejandro Murat Hinojosa, tiene 2 millones 847 mil 300 pobres.

“Fui condenada a ocho años con seis meses de prisión por el delito de homicidio simple. Hoy en día estoy tramitando mi traslado al Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, centro que le queda más cerca a mi familia para que me vengan a visitar porque hasta ahora, en Tanivet no he tenido visitas porque mis familiares tienen que gastar mucho dinero”, contó Cecilia, de 48 años, originaria de San Antonio Ixtepec, Oaxaca, a ASILEGAL.

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29 junio, 201729 junio, 2017

En la masacre de San Fernando hubo graves violaciones a derechos humanos, reconoce la CNDH

Por Redacción/Animal Político

Después de tres años de lucha jurídica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos, informó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
“A partir de un análisis jurídico pormenorizado del contenido de la información del referido caso, la CNDH determinó que los hechos están relacionados con ‘violaciones graves’ a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas.

“A pesar de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como ‘violaciones graves’, atendiendo el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los hechos, se determinó recalificar los hechos que contiene el expediente como relacionados con ‘violaciones graves’”, explicó la CNDH en un comunicado.

Ante ese panorama, la CNDH acordó hacer pública la información del expediente sobre 72 migrantes que fueron secuestrados y privados de la vida por un grupo de hombres armados, en hechos ocurridos el 24 de agosto de 2010 en San Fernando.

La CDNH hará público el expediente, luego de que, el pasado 31 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó dar respuesta a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que solicitó, a través de la Ley Federal de Transparencia, tener acceso al expediente que se integró por la matanza de los 72 migrantes.

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