Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 16 de septiembre de 2016.
Perdiste a una hija de la manera más ruin que puede haber. Un hombre la agredió sexualmente, la estranguló y abandonó su cuerpo en un cañaveral.
Por meses no supiste dónde estaba. Debido a las deficiencias de las autoridades, tuviste que iniciar tu propia investigación. Poco a poco fuiste desenmarañando el caso, diste con el presunto responsable y gracias a su declaración encontraste el cuerpo de tu pequeña.
Hoy, ese hombre está a punto de salir libre porque el ministerio público no armó bien la investigación, no desahogó las pruebas y únicamente se basó en la declaración del inculpado.
Este es el caso de cinco madres y padres que perdieron a sus hijas entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín en San Luis Potosí.
La primera víctima de feminicidio fue Rosa María Sánchez de 15 años, desapareció el 29 de octubre de 2010; siete meses después, desapareció Adriana Martínez Campuzano, tenía 13 años. El 24 de enero de 2013, Itzel Romany Castillo Torres de 11, no regresó a su casa; un año después, pasó lo mismo con Dulce Ximena Reyes Rodríguez de 9; la última fue Eliehoenai Chávez Rivera, el 4 de julio de 2014, tenía 32 años.
La familia de Eliehoenai no se conformó con la respuesta de las autoridades quienes les decían que seguramente se había ido con el novio y ya regresaría. Iniciaron su propia investigación, entrevistaron a testigos, consiguieron las sábanas de las llamadas telefónicas y varios videos que les permitieron dar con el presunto responsable, un ex militar de nombre Filiberto.
El presunto agresor, quien también era catequista y profesor de zumba, la había estado siguiendo y hostigando meses previos a su desaparición.
Tras su detención, él indicó a las autoridades dónde había dejado el cuerpo de Eliehoenai. Confesó haber asesinado a las otras 4 niñas y los llevó al lugar donde estaban sus restos. Ahora, su defensa acusa que fue torturado y por eso se autoincriminó.
Según los familiares y sus abogados, fue el ministerio público quien no realizó una investigación exhaustiva pues existen pruebas en la camioneta del ex militar como sangre, cabellos y fibras que no fueron procesadas por las autoridades. Debido a esto, la Quinta Sala Penal del Estado de San Luis Potosí revocó por falta de elementos uno de los autos de formal prisión, el del caso de Adriana Martínez.
La justicia mexicana tiene la mala costumbre de basar sus investigaciones únicamente en declaraciones y no en pruebas, en esos casos hay suficientes elementos para procesar al inculpado por los que el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social ha decidido acompañarlos en su exigencia de justicia.
Filiberto todavía puede ser encontrado culpable por los otros 4 asesinatos por lo que me gustaría que estas autoridades se pusieran en los zapatos de la madre de Adriana Martínez, quien llora al saber que el responsable de la muerte de su hija ya no puede ser encarcelado gracias a su ineficiencia y se pongan a trabajar.
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