En conferencia de prensa hecha en la puerta 1 del campo militar número 1, los padres indicaron que este nuevo informe del gobierno federal abre una nueva ruta para dialogar con la COVAJ.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al destacar que el nuevo informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, el gobierno federal responsabiliza por primera vez al expresidente Enrique Peña Nieto de la construcción de la llamada verdad histórica, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa levantaron el plantón en campo militar 1, colocado ahí el pasado 21 de septiembre.
Por lo que exigieron que se investigue al exmandatario federal y al resto de autoridades federales coludidas en la desaparición de sus hijos, que el pasado 26 de septiembre cumplió 9 años.
En conferencia de prensa hecha en la puerta 1 del campo militar número 1, los padres indicaron que este nuevo informe del gobierno federal abre una nueva ruta para dialogar con la COVAJ.
Órdenes de aprehensión contra militares, las capturas de Carlos Gómez Arrieta y una exMP, así como el arresto de un policía federal son las novedades del informe. Queda pendiente lo importante: saber qué ocurrió con los 43 estudiantes y una nueva narrativa que sustituya la denominada “verdad histórica”, ya desechada.
Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos
“Queríamos llegar con un poco más. Son ya seis años y no tenemos nada”. Las palabras de María Martínez Ceferino, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, sintetizan el desánimo con el que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afrontan el sexto aniversario de los hechos de Iguala. Durante meses, los familiares de los desaparecidos mostraron su frustración ante la escasez de avances y la presentación del informe era el modo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reafirmaba su compromiso con sus reivindicaciones.
El balance, sin embargo, tiene sus vacíos. Existe consenso en desechar la denominada “verdad histórica”. Es decir, que hay acuerdo sobre qué es lo que no ocurrió. También hay anuncios de calado, como las órdenes de aprehensión contra militares, hasta ahora intocables. Sin embargo, las grandes interrogantes siguen pendientes: ni se sabe dónde están los 43 estudiantes ni qué ocurrió para que se los llevasen. Aunque para llegar hasta ahí, los investigadores tienen primero que deshilvanar todo el entramado levantado sobre el caso durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Por primera vez se reunirán el presidente electo y los padres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014
Este 26 de agosto, familiares marcharon a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas. Foto: Paola Ramos / Cencos
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunirá este miércoles por primera vez con padres y madres de los 43 a las 11:30 en el Museo de Memoria y Tolerancia.
La reunión se da a cuatro años de la noche en que 43 normalistas desaparecieron en el municipio de Iguala, Guerrero, a manos de fuerzas municipales y tres jóvenes más fueron asesinados esa noche.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, localidad del municipio de Tixtla, Guerrero, es de los más graves en términos de violación grave de derechos humanos. Ha merecido la presencia de un Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los padres y madres de los 43 normalistas han rechazado rotundamente la llamada “verdad histórica”, en la que el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero municipal de Cocula, a plena luz del día, lo cual ha resultado científicamente difícil de probar.
A más de tres años de la desaparición de los normalistas, sus padres y familiares padecen los daños psicológicos derivados principalmente por el tratamiento que el Estado ha dado al caso. Especialistas piden que se les brinde atención psicosocial.
El Estado revictimizó a los padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con la difusión de la llamada “verdad histórica”, en cual, según la PGR, los jóvenes fueron secuestrados por miembros del crimen organizado e incinerados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula. Así lo concluye el informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, coordinado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Los impactos traumáticos para los padres, a más de tres años de la desaparición de los jóvenes, son permanentes porque aún no saben qué pasó exactamente con los estudiantes. Ni siquiera han podido pasar por un periodo de duelo y han presentado un progresivo deterioro en la salud derivado del estrés, el sufrimiento emocional y el cambio en el modo de vida al abandonar su cotidianidad para dedicarse a la búsqueda de sus hijos.
El impacto psicosocial ha sido en parte por el tratamiento de la información que han hecho las autoridades. En el informe se explica que cuando los padres se enteraron de la versión oficial por televisión fue “el momento más duro desde que sus hijos fueron desaparecidos”. Se sintieron “vulnerables e indefensos ante la capacidad mediática de la PGR”.
Estas son algunas conclusiones del informe realizado por un grupo independiente de expertos en el acompañamiento psicosocial, análisis, investigación y documentación de los impactos psicosociales que producen las graves violaciones a derechos humanos.
Dicho informe fue coordinado por Fundar como parte del seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de crear un equipo independiente para hacer un estudio o diagnóstico del impacto psicosocial y en la salud de las víctimas del caso Ayotzinapa.
Las fallas del Estado
Prácticamente todos los padres y madres entrevistados en el informe relataron que pocos días después de la desaparición forzada de sus hijos, llegaron a sus casas autoridades, en algunos casos del estado de Guerrero (en otros no las pueden identificar), y les ofrecieron dinero.
Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso.
Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos nueve teléfonos celulares y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de 33 meses estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este señalamiento coincide con una de las conclusiones que en abril de 2016 presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para investigar el caso. Además, contradice la llamada verdad histórica, que en su momento presentó como versión oficial la Procuraduría General de la República (PGR), en la que argumentó que los estudiantes fueron incinerados con todo y sus pertenencias entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Durante la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, celebrada ayer en el 163 periodo extraordinario de sesiones del organismo internacional en Lima, Perú, Alfredo Higuera Bernal, fiscal de la oficina especial para el caso Iguala de la PGR, indicó que al atender las recomendaciones del GIEI para investigar la telefonía celular, se encontró que 32 números vinculados a los normalistas se pueden relacionar con el momento del ataque y los posteriores.
