Ciudad de México | Desinformémonos. El número de solicitantes de asilo en México aumentó un 600 por ciento en los últimos tres años, tiempo en el que el país se ha convertido no sólo en un país de tránsito, sino también de destino para las personas que huyen de la violencia, la persecución y la falta de oportunidades en sus países de origen, señaló el documento titulado “Agenda para la protección de personas refugiadas en México: 2019-2024” del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El organismo indicó que la cantidad de solicitantes de asilo o refugio ascendió de 2 mil 137 en 2014 a 14 mil 596 en 2017, y que el aumento podría continuar en los próximos años.
Los refugiados provienen principalmente de los países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Venezuela y Nicaragüa, agregó Acnur.
Indicó que si bien el número de solicitudes aumentó, el de refugiados es aún muy reducido en comparación con el total de la población, ya que sólo hay un solicitante por cada 9 mil mexicanos.
En todo el país se produjo un aumento de la violencia en 2017 -se dieron un 18.91 por ciento más de homicidios respecto al año anterior-, pero el caso de Los Cabos es especialmente preocupante por el peso que este municipio tiene dentro del turismo nacional, gracias a sus atractivos naturales y a su desarrollada industria hotelera.
El destino fue visitado por 1.4 millones de personas en 2017 y fue el que registró un mayor crecimiento a lo largo del año, de 17 por ciento. Pese a esto, fue escenario de episodios violentos que evidencian el aumento de la inseguridad, como el ataque armado registrado en la turística playa de La Palmilla, que dejó tres muertos y dos heridos en agosto pasado.
Los Cabos (México), 7 mar (EFE).- Tras experimentar un vertiginoso aumento en la cifra de homicidios, el municipio mexicano de Los Cabos se situó como el más violento del mundo; un dato que, además de golpear al sector empresarial, contrasta con la posición privilegiada que este destino guarda en el turismo nacional.
De acuerdo con un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, este municipio de Baja California Sur (noroeste del país) ocupa el primer lugar en el listado de las 50 ciudades más violentas, con una tasa de 111,.33 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Le siguen Caracas (Venezuela), con un cifra ligeramente inferior (111.19 homicidios por cada 100 mil habitantes) y Acapulco (106.63), otra de las doce urbes mexicanas incluidas en el ranking.
En todo el país se produjo un aumento de la violencia en 2017 -se dieron un 18.91 por ciento más de homicidios respecto al año anterior-, pero el caso de Los Cabos es especialmente preocupante.
El municipio pasó de 61 asesinatos en 2016 a 365 en 2017, lo que supone un aumento de casi 500 por ciento. Hasta el momento, además, Los Cabos no había sido incluido en el listado del Consejo Ciudadano.
ANDALUCIA, MALAGA, SPAIN – 2018/02/04: Venezuelan protesters hold a banner written on it: “Down the chains, Peace, justice, freedom, without freedom of expression there is no homeland” during a protest against the Nicolás Maduro government at Marqués de Larios street in downtown Málaga. (Photo by Jesús Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Por red IFEX-ALC
Las organizaciones que integramos la red IFEX-ALC y defendemos la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe, queremos expresar nuestra preocupación por las condiciones en la que están trabajando los periodistas independientes en Venezuela, y el recrudecimiento de amenazas, agresiones y hostigamiento contra los medios de comunicación y periodistas.
El deterioro del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el periodismo libre y profesional se ha manifestado en las últimas semanas con el acoso judicial que han sufrido los editores del portal Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz.
Los periodistas venezolanos se vieron obligados a abandonar su país para salvaguardar su libertad y su derecho al libre tránsito, a raíz de las amenazas y acciones penales ejercidas en su contra por los delitos de difamación continuada e injuria agravada. Las denuncias fueron consecuencia directa de las revelaciones que publicaron los periodistas en dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal que distribuye alimentos a precios subsidiados en sectores de la población.
Queremos alertar que estas acciones penales son regresivas a la libertad de expresión y ponen en riesgo el ejercicio del periodismo como un oficio natural para escrutar el poder. El acoso judicial en Venezuela ha afectado a 31 periodistas y directivos de medios, y tiene como finalidad silenciar denuncias que son de interés público.
Estas medidas judiciales vulneran los estándares internacionales sobre libertad de expresión y el derecho a la información, establecidos y ratificados en los artículos 23, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También contradicen los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 13 de la Convención Americana, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet (2011) y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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