Senadores de Morena, próximos integrantes del gobierno federal y miembros de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, presentaron este lunes una propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
El proyecto fue creado en conjunto por los colectivos, legisladoras y legisladores, así como personas nombradas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como integrantes del próximo gobierno, luego de 15 mesas técnicas realizadas entre el 15 y el 23 de agosto pasados.
La propuesta no contiene todas las aportaciones de #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, pero es resultado de “un genuino esfuerzo de todos los actores sentados en la mesa para acercar posturas y para colocar en el centro de la función de la Fiscalía a las víctimas y a la ciudadanía”, afirmaron los colectivos en su posicionamiento.
Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, explicó de forma general algunos de los cambios incluidos en esta iniciativa, durante una conferencia de prensa conjunta en el Senado de la República.
La persona que esté al mando de la nueva FGR tendrá que presentar un Plan Estratégico de Persecución Penal, para poder encaminar un modelo de despliegue territorial con base en la incidencia delictiva de cada región.
Ciudad de México, 10 de septiembre de 2018.- Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPormás hemos trabajado las últimas semanas en 15 mesas técnicas con el equipo nombrado por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y con legisladoras y legisladores, para construir juntos una propuesta de Ley Orgánica para la próxima Fiscalía General y un Informe de la mesa técnica sobre los cambios constitucionales que deberían considerarse para asegurar su buen funcionamiento. Hoy presentamos ambos documentos a los medios de comunicación y a la opinión pública.
Desde hace más de dos años, los colectivos señalamos la urgente necesidad de transformar el modelo actual de procuración de justicia en México, para acabar con la impunidad y para que todas y todos podamos confiar en la justicia y vivir sin miedo. Propusimos que el proceso se diera en tres etapas: primero, una reforma constitucional; segundo, una ley orgánica integral y, tercero, un proceso de designación transparente y eficaz del titular de la Fiscalía General de la República, así como de las fiscalías especializadas.
Pasado el proceso electoral, integramos un grupo de trabajo con el equipo de transición y legisladoras y legisladores electos, al que se sumaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE. El contexto y las definiciones políticas de quienes ganaron las elecciones el 1 de julio nos llevaron a iniciar la secuencia de reformas legales empezando por la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía y no por la reforma constitucional, como ha sido nuestra propuesta y convicción desde el principio.
Si bien la propuesta de Ley Orgánica que construimos en conjunto, no contiene todo lo que los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás propusimos, es resultado de un genuino esfuerzo de todos los actores sentados en la mesa para acercar posturas y para colocar en el centro de la función de la Fiscalía a las víctimas y a la ciudadanía. El respeto a los derechos humanos y el mandato de evitar que los delitos queden impunes fueron elementos centrales del trabajo de las mesas.
Una de las prioridades fue construir una estructura operativa con capacidad real para investigar casos de crimen organizado, corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Con este propósito se plantea la creación de equipos integrados por personas expertas en varios temas (corrupción, delincuencia organizada, delitos electorales) y se incluye la posibilidad de crear fiscalías especiales para casos de relevancia nacional.
Asimismo, se plantea la creación de dos fiscalías nuevas: una Fiscalía de Derechos Humanos, que podrá hacer un abordaje integral de las investigaciones en esta materia, y una Fiscalía de Asuntos Internos, para la investigación de posibles casos de corrupción al interior de la propia institución.
En la Ley Orgánica se incorporan principios como la transparencia y requisitos como la honorabilidad, la experiencia e independencia para los nombramientos clave de la Fiscalía, a fin de proteger su autonomía y eficiencia. También se fortalece el Servicio Profesional de Carrera para garantizar la independencia del personal y sus capacidades técnicas. La posibilidad de que el país cuente con una fiscalía profesional, garante del Estado de derecho y la justicia, solo será posible si se profesionaliza el personal que labora en esa institución.
En las mesas se acordó la creación de un Consejo Técnico de la Fiscalía General conformado por cinco ciudadanas y ciudadanos con trayectoria y especialización técnica en el tema, que puedan hacer recomendaciones al Fiscal General, pues creemos en la participación ciudadana y los contrapesos como principios centrales de cualquier democracia.
Hemos dado pasos importantes para comenzar a frenar la crisis de impunidad que vivimos en México con la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía, pero no podemos dejar de considerar como indispensables, también, las reformas constitucionales que hemos acordado a fin de lograr una verdadera autonomía, independencia y eficacia en la Fiscalía General de la República. Es así que, dentro de las reformas constitucionales que acordamos en las mesas de trabajo, relevancia especial, entre otros artículos, nos merece el 19 transitorio del artículo 102, que prevé gravemente el pase automático de todo el personal de la PGR a la nueva Fiscalía General. También resulta indispensable reformar los artículos constitucionales 21, 73, 76, 89, 102, 116, 123 para rediseñar de mejor forma el esquema actual de procuración de justicia en el país.
Las y los integrantes de #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás reconocemos la apertura de las y los legisladores y las autoridades electas para el diálogo técnico y la elaboración de esta Ley Orgánica y del informe sobre reformas constitucionales necesarias para que el diseño propuesto en la Ley funcione a cabalidad. Confiamos en que todas las partes cumpliremos los acuerdos alcanzados y esperamos que lo antes posible inicie el proceso legislativo para darle a México un sistema de justicia en el que se pueda confiar.
Se instalarán mesas de trabajo para discutir el modelo de la institución que sustituirá a la PGR, la reforma al artículo 102 y el nombramiento del Fiscal General, reveló Édgar Cortez, integrante de #FiscalíaQueSirva.
Foto: Cencos
Integrantes del equipo de trabajo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, representantes de los colectivos #FiscaliaQueSirvay #VamosPorMás, así como legisladores electos, instalaron este jueves mesas de trabajo para discutir, compartir experiencias y opiniones sobre el modelo de Fiscalía General de la República y el perfil de las personas que se encargarán de la procuración de justicia.
Los colectivos emitieron un comunicado en el que se señala que en las próximas semanas se celebrarán una serie de sesiones de trabajo donde se abordarán temas como la profesionalización de la nueva Fiscalía, los mecanismos de supervisión y control internos, la especialización de las fiscalías, los mecanismos de designación y remoción de funcionarios y el régimen de transición entre la Procuraduría y la nueva Fiscalía, entre otros.
Las mesas de trabajo presentarán un calendario de actividades y una fecha para la publicación de conclusiones. Los representantes de los colectivos ciudadanos que participarán en las mesas de trabajo firmaron una carta de conflicto de intereses en la que se comprometen a no ocupar ningún cargo al interior de la Fiscalía General, incluyendo las fiscalías especializadas, en un periodo de tres años a partir del día de hoy.
“Todos los participantes de las mesas de trabajo manifestaron su voluntad y compromiso para elaborar de forma conjunta un modelo de Fiscalía General en el que la justicia imparcial, la dignidad de las víctimas y la eficiencia de la investigación y del ejercicio de la acción penal sean los principios rectores de una institución encargada de atender un mandato popular: erradicar la impunidad“.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás anunciaron que después de la elección del 1 de julio iniciarán la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana que reforme el artículo 102 constitucional para construir una Fiscalía general “autónoma, eficaz e independiente del poder político”.
En un comunicado señalaron que, ante la grave crisis de impunidad en México, “nuestra intención al esperar que las campañas concluyan para iniciar la recolección de firmas es evitar el uso político de un tema que deberá ser prioritario para la siguiente legislatura”.
La creación de un Fiscalía independiente, subrayaron, es una acción urgente de Estado y no debe ser utilizada como bandera política de quienes están actualmente en la contienda electoral.
La discusión sobre una nueva Fiscalía tampoco puede reducirse al tema de quién la encabezaría o su proceso de designación, destacaron los colectivos, integrados por más de 300 organizaciones.
Más de 300 organizaciones y personas agrupadas en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás presentaron esta mañana, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, una iniciativa ciudadana para exigir una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente.
En febrero de 2014 una reforma al artículo 102 de la Constitución estableció la autonomía del Ministerio Público de la Federación, con lo que la Procuraduría General de la República (PGR) sería reemplazada por una Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque esta reforma no ha entrado en vigor –debido a que no se han emitido las leyes secundarias correspondientes–, ha causado insatisfacción en la sociedad mexicana porque “no resuelve la grave crisis de impunidad que aqueja a nuestro país”, según explicó el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.
Uno de los principales planteamientos que rechaza el colectivo es el llamado “pase automático”, que indica que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento en que entren en vigor las leyes secundarias se convertiría en el primer fiscal general por un periodo de nueve años.
Organizaciones y personas que integran el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva ha expresado que el fiscal no puede ser Raúl Cervantes Andrade, actual titular de la PGR, ya que es cercano al presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo que anularía la verdadera autonomía e independencia de la Fiscalía General.
El colectivo resaltó la importancia de la independencia política de la Fiscalía General y de las fiscalías especializadas (Fiscalía de Delitos Electorales y Fiscalía de Combate a la Corrupción) para construir un nuevo entramado institucional capaz de hacer frente a la situación de impunidad que vive México.
“Todas las expresiones del México de la injusticia tienen un denominador común: la ausencia de una Fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimente nuestro Estado de Derecho”, aseguró la vocera de #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, Alexandra Zapata.
También dijo que la “PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos para la impartición de justicia en México”, ya que actualmente se encuentra “capturada por intereses políticos y económicos ajenos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano”.
Recordó que hace cinco años, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dijo públicamente que “recibía una institución desmantelada”.
Por todo lo anterior, la propuesta cívica exige una transformación institucional que incluya no sólo la independencia política de la Fiscalía General y de las fiscalías especializadas, sino una mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión, la profesionalización del personal y un sistema de contrapesos.
¿Qué propone #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva?
El colectivo informó que la propuesta cívica que anunció hoy fue construida luego de meses de trabajo y con la asesoría de expertos internacionales; dijo también que en los próximos días presentará al Congreso de la Unión un proyecto de dictamen ciudadano.
Algunos de los puntos contenidos en este proyecto son:
1. El fiscal general deberá no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular ni cargo de dirección o representación en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.
2. Se elimina el pase automático.
3. La postulación de candidatos será mediante concurso público.
4. Se incorpora una fiscalía para violaciones graves de Derechos Humanos y otra para asuntos internos.
5. Los fiscales especializados ya no serán nombramientos libres por el fiscal general, sino que serán previo concurso público y a través de una evaluación por la Comisión de Designaciones.
6. El Consejo del Ministerio Público de la Federación será un órgano de contrapeso y tendrá la capacidad de evaluar el desempeño institucional y formular recomendaciones.
#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva agrupa a más de 300 personas y colectivos de víctimas, la academia, la sociedad civil organizada y el sector empresarial. “Desde la diversidad que aquí se ilustra, una voz común emerge: urge, es posible y vamos a transformar a la PGR en una Fiscalía General que sirva al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto”, dijo.
Organizaciones sociales, empresariales, y ciudadanos denunciaron que gobiernos y partidos políticos han obstaculizado la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluso atacando a los ciudadanos que lo integran.
Medio centenar de organizaciones – entre las que están Artículo 19, Causa en Común, México Evalúa, México ¿Cómo vamos?, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad – conforman la coalición #VamosPorMás que busca impulsar reformas y acciones de la mano de gobernantes y legisladores para fortalecer el sistema anticorrupción.
“Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción”, señalaron en un comunicado leído en conferencia por el actor Diego Luna.
Señalaron que la más evidente expresión de la resistencia al SNA fue el ataque “sin fundamento” a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que encabezan el sistema.
Los firmantes de la coalición denunciaron que la corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos son problemas que se han agudizado en los últimos años debido a “un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar la transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad”.
A esto se suma el presunto espionaje del gobierno a periodistas y defensores de derechos humanos revelado en junio pasado por el diario estadounidense The New York Times.
Por ello pidieron al gobierno federal y al Congreso una transformación real del régimen de gobierno a través de cuatro puntos:
-Que la Fiscalía General sea además de autónoma, independiente, eficaz y con controles democráticos adecuados, que resultará de una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal.
-Que los nombramientos de quienes van a operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local se hagan apegados a las mejores prácticas.
-Dotar de recursos suficientes para asegurar la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, el SNA y los sistemas locales.
–Reformas legislativas a las leyes de Adquisiciones y Obra Pública; de las finanzas de los partidos y revisar la figura del fuero federal a funcionarios, legisladores y gobernantes, para evitar la impunidad.
