Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH por caso Inés y Valentina

Aline Espinosa Gutierrez/Desinformémonos

Foto: Anayeli García Martínez/Desinformémonos

A 11 años de la tortura sexual cometida en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que el Estado mexicano no hace efectivas las sentencias contra sus agresores, no termina de completar las medidas reparatorias, ni garantiza una vida libre de violencia a niñas y mujeres de Guerrero.

Inés y Valentina son dos mujeres indígenas tlapanecas, que sufrieron violencia sexual y tortura por parte de militares en febrero de 2002, en distintas localidades de Guerrero. Ambas mujeres agotaron los recursos legales internos con el Estado mexicano, pero al no obtener justicia, acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre sus casos que nunca fue acatado por el Estado, por lo que pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que el 1 de octubre de 2010, dictó dos sentencias contra el Estado por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas y reparaciones de daños para cada caso, mismas que no se han cumplido en su totalidad.

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#EspacioOSC: Exigimos la presentación inmediata con vida de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Eugenio Castro

Este martes 12 de Febrero, alrededor de las 7:40 de la mañana, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro abordaron un taxi colectivo en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito, como parte de su trayecto hacia a Chilpancingo; sin embargo, no llegaron a su destino. Esa fue la última ubicación que se dio a conocer y se señaló que compañeros vieron como abordaron el taxi, sin que se sepan qué sucedió en el camino.

Obtilia Eugenio Manuel es defensora de derechos humanos y dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), apoyó a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en su proceso de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo a finales del año pasado que fuera nombrada parte del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla elegido por usos y costumbres. Derivado del acompañamiento en el caso de Inés Fernández Ortega la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales desde el 2009, las que actualmente sigue vigentes.

En noviembre del año pasado ella denunció públicamente que estaba recibiendo amenazas vía telefónica (1), en donde le decían que sería ella quien respondería por el Consejo y le daban señas de cómo iba vestida y por donde andaba, para hacerle saber que estaba vigilada. El motivo que en ese momento identificó la señora Eugenio de esas llamadas fue una estrategia para destruir el nuevo sistema comunitario, ya que se buscaría atacar la corrupción de las autoridades y tener un sistema de asamblea y de escucha al pueblo, lo que probablemente provocó a grupos del crimen organizado.

Se tiene conocimiento que derivado de las amenazas se interpuso una denuncia en la Fiscalía del Estado, siendo parte de las acciones que se habían implementado para su seguridad ir acompañada de un elemento de seguridad quien es quien la acompañaba y ahora se encuentra desaparecido el señor Hilario Cornelio Castro.

Como Espacio OSC hemos reconocido a Guerrero como uno de los Estados más peligrosos para ejercer la labor de defensa y el periodismo(2). Como mujer defensora indígena, aparte del riesgo adicional que pueda sufrir, su desaparición representa un atentado más al derecho a la  vida y seguridad de los que siguen marcando al Estado como un foco rojo para la protección de las personas defensoras que se enfrentan a un contexto de violencia muy alto y donde las autoridades son omisas.

Es muy preocupante que aún con medidas provisionales de la Corte Interamericana no se haya brindado la protección adecuada y que ahora nos enfrentemos a un hecho de desaparición. Exigimos al Presidente de la República, la Secretaria de Gobernación, el Subsecretario de Derechos Humanos, la Comisionada Nacional de Búsqueda y el Gobernador del Estado que realicen las acciones de búsqueda inmediata, mismas que impliquen entre otras cosas movilizar a fuerzas de seguridad a la zona para garantizar la presentación con vida de la señora Eugenio Manuel y el señor Cornelio Castro.

Tenemos claro que en caso de escalar estos hechos a un estado de mayor gravedad el Estado mexicano estará enfrentándose a la responsabilidad internacional por no garantizar la protección de la señora Eugenio.

Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México.

  1. Para mayor información: https://suracapulco.mx/impreso/2/la-amenazan-a-ella-y-a-otros-integrantes-del-concejo-municipal-de-ayutla-obtilia-eugenio/
  2. Para mayor información: http://espacio.osc.mx/la-deuda-del-estado-mexicano/

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Aprendí español y fui a otro país por justicia: Valentina, indígena que puso a 2 militares en prisión

Por Redacción/Sin embargo

Valentina tenía 17 años de edad el 16 de febrero de 2002. Ese día lavaba ropa en un arroyo cercano a su casa, en la Barranca Bejuco, en Guerrero, cuando elementos del Ejército la interrogaron sobre el paradero de “encapuchados” en la zona. Después la golpearon, la amenazaron y dos soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano la violaron. La agresión la presenciaron otros seis uniformados, quienes se burlaron de ella.
La activista destacó que tuvo que aprender hablar español para poder alzar la voz, para ser escuchada y aún así, el gobierno de México jamás le creyó e incluso se burló de ella. Su país no solo le negó el acceso a la justicia sino que el Gobierno le puso obstáculos para llegar hasta donde llegó hoy.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- “Al Gobierno que no me creyó, que nunca me hizo caso, que se burló: hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad […]. Salí de Mexico a buscar justicia a otro país en donde sí fui escuchada, donde me creyeron porque yo siempre dije la verdad”, destacó Valentina Rosendo Cantú tras lograr, después de 16 años, la sentencia condenatoria por tortura sexual contra los militares que la violaron en 2002.

El pasado 1 de junio, la juez Iliana Fabricia Contreras Perales, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, sentenció a dos militares a 19 años de prisión por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú, joven indígena me’phaa.

La condena se deriva de la disculpa pública que el Estado ofreció a Valentina Rosendo en 2011, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió, en 2010, una sentencia contra el Estado Mexicano por su falta de respuesta para proporcionar justicia en el caso.

Valentina Rosendo Cantú dijo hoy, en rueda de prensa, que la sentencia tiene un gran significado no sólo para ella sino para favorecer a muchas mujeres, porque marca una precedente.

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Poder Judicial tiene “oportunidad histórica” para dar primer fallo por tortura sexual en caso Valetina Rosendo: ONG

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtieron que el Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos “una oportunidad histórica” de emitir el primer fallo sobre tortura sexual cometida por miembros del Ejército Mexicano desplegados con la finalidad de combatir delitos contra la salud.

En un comunicado, anunciaron que en próximos días le corresponderá al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitir una sentencia de primera instancia relacionada con los abusos cometidos por efectivos castrenses en agravio de la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú en febrero de 2002.

“La resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”, puntualizaron ambas organizaciones.

La sentencia es el resultado de un ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de 2010, tribunal regional al que recurrió Rosendo Cantú después de años en que se le negó la justicia en México.

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