Espacio OSC
Ciudad de México y San José, 08 de marzo de 2021
De acuerdo con datos de organizaciones de sociedad civil, durante el 2020 las represalias al derecho a defender derechos y del ejercicio de libertad de expresión se manifestó en violencia feminicida y costó la vida de al menos 7 mujeres defensoras de derechos humanos en México, entre ellas cuatro mujeres trans y una periodista. Además, se documentaron al menos cinco intentos de asesinato en contra de esta población.
En el primer año de pandemia, se documentaron al menos 1.528 agresiones dirigidas a periodistas, mujeres y colectivas defensoras de derechos humanos en el país. De estas, 49% estuvieron dirigidas contra defensoras, el 38% a mujeres periodistas y el 13% restante contra colectivas y organizaciones. Las agresiones más reiteradas fueron calumnias, campañas de desprestigio; intimidación y hostigamiento psicológico; amenazas; restricciones a la libertad de expresión y la libre manifestación; así como criminalización.
En particular, las organizaciones firmantes identificamos que al menos 10 movilizaciones de mujeres enfrentaron algún tipo de restricción. Las restricciones han incluido encapsulamientos, amenazas e intimidación, agresiones contra la prensa, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual, criminalización de activistas y manifestantes, difamaciones, incitación a la violencia y expresiones de odio en redes sociales en contra de feministas y manifestantes, entre otras agresiones.
Por su parte, las mujeres trans y mujeres LBQ+ continúan enfrentando discriminación, falta de acceso a derechos económicos y sociales, graves riesgos a la salud y violencia. En particular, las mujeres defensoras trans corren el riesgo de ser víctimas de crímenes de odio y violencia de género, sin que exista en México registro oficial sobre crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Este Día Internacional de las Mujeres, las organizaciones firmantes reconocemos que el contexto de crisis generado a raíz de la pandemia por COVID-19 ha implicado un recrudecimiento de la violencia perpetrada en contra de las mujeres que ejercen la defensa de derechos humanos y la libre expresión, cuya situación de riesgo amenaza su integridad y su vida y ha deteriorado las condiciones para el ejercicio de su labor, sin que el Estado asuma medidas específicas para su protección.
