Rubicela Morelos Cruz/La Jornada
Cuernavaca, Mor. Familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia protestaron durante la firma del decreto con que se crea y regula el órgano desconcentrado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, para denunciar que ni el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han cumplido sus promesas de castigar a los responsables de estos delitos.
Los inconformes extendieron una manta en la que demandaron la creación de una fiscalía especializada para el caso Tetelcingo –comunidad de Cuautla donde se inhumaron en forma clandestina 119 cuerpos en el gobierno del perredista Graco Ramírez– y exigieron al fiscal general, Uriel Carmona Gándara, dejar de entorpecer
las pesquisas.
La manta fue extendida en uno de los salones del palacio de gobierno estatal durante el acto que iba a encabezar el gobernador Blanco Bravo, quien al final no acudió y en cuya representación estuvo el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.
Amalia Hernández, tía de Oliver Navarrete Hernández, joven secuestrado, asesinado y hallado en una fosa clandestina de Tetelcingo en 2013, exigió avances en la investigación y castigo para los 42 trabajadores de la FGE involucrados en la inhumación ilegal.
