Por Redacción/Sin Embargo
Tepexoyucan, Estado de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Simón González Reyes es un campesino de 67 años que habita la comunidad de origen náhuatl Santa María Tepexoyucan, adentrada en la boscosa y turística zona de La Marquesa en Ocoyoacac, Estado de México, pulmón de la Ciudad de México, Lerma, San Mateo y Toluca. Sin embargo, por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca ha perdido la tierra donde sembraba maíz para mantener a su familia de diez personas.
–Lo que sembraba ya no lo puedo cultivar. ¿Ya qué podemos vender, producir o cosechar? Ya nada. No los está quitando el gobierno– aseguró Simón parado frente a un fragmento de las 32 hectáreas del territorio comunal donde se realizan las obras a pesar de que a mediados de octubre el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa determinó suspenderlas. La agricultura, así como el turismo, son sus principales actividades económicas.
Tras resolver un recurso de queja, la autoridad judicial expuso que el convenio firmado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el supuesto Comisariado “hecho a modo” de los poblados San Jerónimo Acazulco-Santa María Tepexoyucan, por el que los representantes Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández recibieron casi 300 millones de pesos, “es violatorio” de la suspensión de obras solicitada en 2015 mediante un amparo, explicó el abogado de la comunidad, Gustavo Olivares.
–¿Cómo están sobreviviendo? –se le preguntó al campesino Simón.
–Pues de lo más mínimo que podemos… yo con mi edad, de la tercera edad, ya no puedo mantener a mi familia. Ahora menos, qué va a pasar.
El cronista del pueblo náhuatl de alrededor de 408 comuneros y 20 mil habitantes, Luis Miguel Torres, acusó que “el gobierno pasa encima de ellos y todas estas compañías [que construyen el Tren] pisotean sus derechos”, por lo que dejan de sembrar y obtener un recurso.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dividió la construcción en tres secciones con sus respectivas licitaciones: el tramo de la estación terminal Zinacantepec a la Sierra de las Cruces fue asignado a las compañías La Peninsular y Constructora de Proyectos Viales de México, filiales de OHL México; el tramo entre la Sierra de las Cruces y Portal Oriente realizado por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y el tramo del Portal Oriente a la estación del Metro Observatorio.
“¿Cuánto ganará el gobierno con los boletos de los pasajes y qué reciben ellos aunque les quitan su tierra? Nada”, criticó Torres.
Durante la plática, el campesino Simón aclaró que no están en contra de la construcción, pero acusa que el gobierno está invadiendo su tierra sin darles un pago de indemnización por el daño. La habitante Rosa González Díaz coincidió
