Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
La Comunidad San Juan Coapanoaya, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, se opone a la reanudación de los trabajos de construcción del tren interurbano México-Toluca; sus integrantes aseguran que se están violentando los derechos de su comunidad y que no se están respetando las suspensiones de amparo federales.
Participan: Integrantes de la Comunidad San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México.
Convoca: Comunidad San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México.
La cita: Martes 26 de Noviembre de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
· Vecinos Unidos Zona Poniente denuncian los riesgos en la construcción del Tren interurbano México-Toluca. Estos riesgos se agudizan e incrementan por el tipo de suelo donde existen minas y que no es apto para megaobras, debido a la existencia de fracturas y fallas geológicas en los lugares donde se desarrollan las obras del megaproyecto, lo cual pone en peligro la vida de miles de personas.
· Las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, así como las autoridades federales y locales, no han logrado mostrar y acreditar públicamente las medidas correspondientes a la prevención de riesgos tanto en materia de protección ambiental, riesgos y daños hidrológicos, como en materia de protección civil.
Participan: · Integrantes de Vecinos Unidos Zona Poniente
Convocan: · Vecinos Unidos Zona Poniente
La cita:
·La cita: Miércoles 29 de noviembre de 2017, a las 12:30 horas.
·En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes de la comunidad de Santa María la Asunción Tepexoyuca, en el estado de México, denunciaron los actos de corrupción en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, por lo que interpusieron un recurso de queja.
A pesar de que presentaron el recurso con folio e incidente de violación a la suspensión 118/2017, concedida por un juez federal y resuelto a favor de la comunidad por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del segundo circuito, las obras continúan durante todo el día.
Acusaron que el director general de transporte ferroviario y multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo, entregó a dos personas físicas cheques por varios millones de pesos para que permitieran las obras del tren a costa del despojo de la comunidad.
Ante ello, exigieron que se respete el Estado de Derecho y que los trabajos cesen de inmediato, pues están “cansados de la imposición del gobierno”.
Francisco Montes, integrante de la comunidad indígena, aseguró que quienes representan las dependencias “no hacen bien su trabajo”, mientras que Julio Mendoza, de Central Campesina Cardenista, expresó que de no acatarse lo dictado por el amparo, procederán a otras acciones para impedir que siga la construcción.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, Estado de México, denunciaron actos de corrupción por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría Agraria en el Estado de México en la edificación del Tren Interurbano México-Toluca que actualmente cuenta con una suspensión en la construcción.
Ante este panorama, la comunidad indígena ubicada en el municipio mexiquense Ocoyoacac, interpuso el recurso de queja con folio e incidente de violación a la suspensión 118/2017, concedida por un juez federal, recurso que fue resuelto por el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del segundo circuito, a favor de la comunidad.
A pesar de ello, los trabajos continúan día y noche. Por ello, exigen que se respete el Estado de Derecho y la construcción se detenga cuanto antes.
“Deben dejar de trabajar porque no están respetando nuestros derechos”, exigió Francisco Montes, en entrevista para SinEmbargo.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los denunciantes plantearon que las autoridades pretenden “desaparecer” un pueblo mexiquense que data de hace ocho siglos, donde los indígenas han luchado por brindar protección a los recursos naturales.
La corona española, destacó Montes, otorgó un título de fundación en la que se le reconocieron más de 25 mil hectáreas; poseen, además, un título de propiedad que data de 1715, y en 1856 se les extendió un título virreinal, pero un decreto presidencial de 1945 les reconoció únicamente mil 735.
“A través de la resolución presidencial nos desconocen todos los derechos anteriores como pueblo indígena. No debió haber existido nunca”, señaló.
El integrante de la comunidad señaló que en el pueblo náhuatl “estamos cansados de la imposición del Gobierno”, ya que, remarcó, quienes representan las dependencias “no hacen bien su trabajo”.
Julio Mendoza, de Central Campesina Cardenista, destacó: “Ya no más. Si no se acata lo dictado en el amparo no vamos a permitir que se siga con la construcción”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá dar a conocer el listado de personas beneficiadas con el pago de adquisición de predios destinados a la construcción y operación del Tren Interurbano México-Toluca, en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, en la delegación Cuajimalpa.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tras analizar un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien la SCT respondió que la información estaba clasificada como confidencial.
En alegatos, la SCT reiteró la clasificación de los datos; sin embargo, en el análisis del caso a cargo de la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se determinó que la información es de carácter público, dijo el INAI en un comunicado.
“No cabe de ninguna manera reconocer la confidencialidad de los nombres de estas personas derivado que trataron con el Estado un asunto que les hizo tener una condición de beneficiarios o receptores del dinero que, en contraprestación, el Estado, a través de la SCT, les hizo”, argumentó el comisionado Acuña al presentar el caso ante el Pleno.
En el proyecto de resolución se planteó que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, los sujetos obligados deben transparentar el listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos.
En ese sentido, se concluyó que el nombre de los beneficiarios y los montos que recibieron constituyen información de naturaleza pública, cuya difusión favorece la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión gubernamental.
