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El Ejército mexicano niega información sobre su papel en las muertes de civiles

Redacción/El País

Los militares dan la espalda a la política de transparencia de López Obrador. De 2006 a 2018, ejército y civiles se han enfrentado en 4.495 ocasiones, mucho más que Policía Federal y Marina juntas

Foto: Facebook @SEDENAmxOficial

En 12 años, de diciembre de 2006 a diciembre de 2018, el Ejército mexicano estuvo involucrado en 4.495 enfrentamientos con civiles. En la mayoría de los casos, los militares dijeron que combatieron a integrantes del crimen organizado. Los diferentes manuales y directivas castrenses obligan a los militares a elaborar informes sobre estos eventos. Esta información sirve a las fiscalías para nutrir las pesquisas sobre homicidios y otros delitos. El viernes, la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo sin embargo que no cuenta con estos informes en sus archivos. Que no existen.

Los 12 años corresponden a las presidencias de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En ese tiempo, el Ejército se convirtió en el principal cuerpo policial del país. Ningún otra corporación participó en más enfrentamientos en aquellos años. Ni siquiera la Policía Federal, con 495, ni la secretaría de Marina, con 397.

A pesar de las dudas suscitadas durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha mantenido su estatus en el nuevo Gobierno de Morena. Se sigue ocupando de la seguridad pública en detrimento de cuerpos civiles como la Policía Federal, condenada a desaparecer en favor de la polémica Guardia Nacional. De hecho, será la Sedena la encargada de reclutar y formar a sus integrantes. Hasta que empiece a funcionar, los militares seguirán a cargo de patrullar las calles.

Pese a su sintonía con los militares, la apuesta por la transparencia del nuevo Gobierno parece ajena al Ejército. El académico Javier Treviño, integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE, escribía la semana pasada en la revista Nexos que la secretaría de la Defensa suele responder a las solicitudes de información con argumentos negativos “prefabricados”. Algunas veces responde que la información solicitada no existe. Otras, que no es competencia suya recopilarla.

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Autoridades incumplen su obligación de transparentar información sobre violaciones y violaciones graves a derechos humanos

Redacción/Animal Político

  • ARTICLE 19 publica el Informe de cumplimiento: Obligaciones de transparencia relacionadas con violaciones y violaciones graves de derechos humanos.
  • De acuerdo con el Inai, las autoridades “cumplen” sus obligaciones de transparencia. No obstante, la realidad es que lo hace de manera “formalista” abriendo la puerta a la opacidad.
  • La información difundida por autoridades en materia de violaciones y violaciones graves a derechos humanos es limitada y de baja calidad.

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018.- A pesar de violaciones a los derechos humanos en México, las autoridades no han brindado información de interés público a la sociedad sobre estos hechos. Por ello, ARTICLE 19 publica hoy una investigación que analiza el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en este contexto.

ElInforme de cumplimiento: Obligaciones de transparencia relacionadas con violaciones y violaciones graves de derechos humanos[1] da luz sobre cómo se repiten los problemas relacionados con las obligaciones de transparencia a nivel federal y local en distintas dependencias, y que queda mucho trabajo por hacer por parte de los sujetos obligados en términos de accesibilidad de la información.

En 2017, el Inai evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todas las autoridades federales del país, algunos sujetos obligados fueron premiados por su nivel de cumplimiento y se anunció que habían hecho un “enorme esfuerzo” consiguiendo así calificaciones altas. Sin embargo, este informe plantea las contradicciones de la evaluación del instituto, ya que se trató de un proceso centrado en cómo se llenó el formato y no en si la información se transparentó.

ARTICLE 19 identificó, compiló, analizó y valoró información que publicaron nueve autoridades federales, dos veracruzanas y cinco comisiones de derechos humanos para analizar si la información publicada de manera oficiosa en relación a graves violaciones de derechos humanos cumplió o no con las obligaciones de transparencia, y evaluar su cumplimiento con base en tres dimensiones: la disponibilidad-existencia de la información, su calidad, y las políticas generales de transparencia activa implementadas.

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Gobierno de Yucatán dio 150 mdp a empresas fantasma para hacer estudios sobre enfermedades graves

Redacción/Animal Político

Documentos y evidencias prueban que los pagos, denunciados en junio pasado, sí se efectuaron y que las empresas que los recibieron son irregulares.

Foto: facebook.com/rolando.zapata.bello/

En 2015, la administración del gobernador priista Rolando Zapata Bello -que concluye el próximo domingo- transfirió más de 150 millones de pesos destinados al estudio sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud, a un grupo de 58 compañías que no tenían ni los especialistas ni experiencia para realizar ese trabajo, y que decían dedicarse – en el papel-  a servicios de construcción, comercio de mariscos y hasta plomería.

Se trata, en realidad, de compañías que no operan en forma en sus domicilios fiscales como se pudo constatar al acudir a ellos, y entre las que incluso ya hay 16 catalogadas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas constituidas legalmente pero que simulan las operaciones que facturan. Es decir, compañías fantasma.

Los recursos públicos no fueron entregados a estas empresas bajo algún esquema de competencia. Por el contrario, se hizo a través de supuestos contratos adjudicados de forma directa a estas empresas, violando requisitos legales y montos máximos que establece la ley en ese estado para adjudicar contratos sin licitación.

Hay además casos donde se desconoce el mecanismo de adjudicación y si se firmó al menos un contrato de por medio, ya que el gobierno estatal no ha querido reconocer los pagos, pese a que Animal Político cuenta con copias de facturas y estado de cuenta que los prueban.

El pasado 19 de septiembre este medio proporcionó a la Secretaria de Salud de Yucatán la relación de empresas que habían recibido estos pagos, así como las conclusiones de la investigación periodística respecto a que las empresas contratadas son fantasma. A su vez se pidió que se entregarán documentos o constancias que prueben que los servicios contratados con dichas compañías se realizaron, y que se hizo por personal calificado para ello.

La respuesta del vocero de la dependencia Luis Vázquez, es que aun cuando ya se tenía conocimiento previo de este tema difícilmente se podría proporcionar alguna postura o información, pues los funcionarios responsables ya se encuentran en proceso de salida de la dependencia por el cambio de gobierno.

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Capitales de México reprueban evaluación de transparencia proactiva: Cimtra

 

De izquierda a derecha: Alejandro Farías (Cimtra Ciudad de México), Ricardo Joel Jiménez (Cimtra Nacional), Rosario Ubaldo (Cimtra Ciudad de México) | Foto: Cencos

Por Marcela Méndez

De acuerdo con una evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), 29 de 31 capitales mexicanas evaluadas en materia de transparencia proactiva obtuvieron puntajes de menos de 55 puntos de un total de 100.

En conferencia de prensa en Cencos, el 18 de abril Cimtra informó que la evaluación se hizo entre febrero y abril de 2018 vía web y que midió si los gobiernos ponen a disposición de todas las personas información relativa a los siguientes rubros: gastos, obras, bienes y usos, administración, urbanidad, consejos, participación ciudadana, cabildo y atención ciudadana.

n la descripción de la herramienta utilizada, Cimtra explica que la información debe estar actualizada por lo menos al trimestre inmediato anterior, de lo contrario no existen criterios para evaluar; también, que toda la información debe “ser accesible de manera irrestricta y sin necesidad de escritos, solicitudes y otro tipo de requisito de esta naturaleza, ya sea en el portal web del gobierno municipal o en cualquiera de sus instalaciones”, añade que de encontrarse en la página web debe estar en formatos abiertos que puedan ser manejables, tales como Word, Excel, PDF y CSV, entre otros.

Según esta evaluación nacional únicamente dos capitales, Guadalajara y Mérida, obtuvieron puntajes arriba de 55; Guadalajara fue calificado con 100 y Mérida con 93.3. El hecho de las 29 capitales restantes hayan obtenido un resultado reprobatorio resulta poco alentador para la ciudadanía y para la consolidación de un modelo abierto, aseguraron representantes de Cimtra. Para Rosario Ubaldo (Cimtra Ciudad de México) lo anterior es un indicador de que “los municipios están fallando en puntos clave, que permitirían a los ciudadanos conocer bien su gestión”.

Las capitales con peores resultados fueron Tlaxcala (con 7.7), Campeche (con 8.8) y Coahuila (con 12.7) y, en promedio, las capitales reflejan una calificación de 31.8. Y, entre los rubros con mayor opacidad se encuentran Urbanidad, Obras y Consejos.

Los representantes de Cimtra también alertaron que los gobiernos no están cumpliendo con las obligaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública –compatible en 45 por ciento con su herramienta–, lo que resulta preocupante ya que la falta de transparencia “se traduce en un perfecto caldo de cultivo para la corrupción”.

Si deseas obtener más información, visita la página de Cimtra. 

 

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México empeora en corrupción, y es el peor evaluado entre los países tanto de G20 como de OCDE

Por Redacción/Sin embargo

La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto, de 30 a 29, lo que lo ubica como el país peor evaluado entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, la percepción de que México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este rubro entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC).

El índice realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional reveló que la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.

Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay.

Es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, comprueban que la corrupción es un problema institucional en el país.

Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.

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85 ONG presentan decálogo al Congreso para exigir la regulación de la publicidad oficial

Foto: Artículo 19

Por Redacción/Animal Político

Colectivo #MediosLibres plantea 10 puntos que deberían cumplirse para que la regulación sea efectiva, sin ella se vulneran los derechos humanos, dicen.

Por medio del documento “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, el colectivo Medios libres, conformado por 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas exhortaron al Congreso de la República a regular en tiempo y forma, la publicidad oficial antes del próximo 30 de abril.

El pasado 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia para que la publicidad oficial sea regulada tras recibir un amparo de parte de la organización Artículo 19.

La principal finalidad de los 85 firmantes que lanzaron la campaña #MediosLibres es, evitar que la ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial se convierta en una posible herramienta de chantaje que contamine la relación entre los medios y las autoridades, además de afectar la libertad de expresión.

Datos oficiales revelan que a nivel federal, de enero de 2013 a noviembre de 2017, se han gastado 41,041 millones de pesos; mientras que a nivel estatal, en 2015, se ejercieron 11,895 mdp.

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Índice de Índices: En 20 estados del país reina la impunidad, en 9 la opacidad y en 3 la corrupción

Foto: Sin Embargo

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Morelos, Sinaloa, Querétaro, Durango y Chihuahua son las entidades con peor desempeño en transparencia, corrupción e impunidad, en conjunto, de acuerdo con el Coeficiente TAI 2017, un índice de índices presentado por Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.

El estudio es una fotografía integral de la situación de los estados del país en esos tres ejes, ya que “la transparencia sin anticorrupción efectiva es sinónimo de impunidad”, por lo que las organizaciones civiles llamaron a atenderlos con políticas públicas no fragmentadas como ahora, sino conjuntas y coordinadas.

A nivel nacional, el Coeficiente TAI 2017 es de 60.59 unidades de un máximo de 100, donde a mayor valor peor desempeño.

De frente a las elecciones de 2018 donde se renovarán nueve gobernadores, “ninguna entidad está bien. Ninguna ha resuelto sus problemas en opacidad, corrupción e impunidad”, aseveró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Por variables, Querétaro, Morelos y Quintana Roo son las entidades con peor desempeño en opacidad, corrupción e impunidad, respectivamente.

De las 32 entidades, 20 presentan problemas en impunidad; nueve en opacidad; y tres en corrupción.

En contraste, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Campeche y Veracruz son los mejor evaluados integralmente en el Coeficiente TAI.

Por variables, la Ciudad de México, Zacatecas y Campeche resaltaron en transparencia, combate a la corrupción y control a la impunidad, respectivamente.

Irene Tello, de Impunidad Cero, aclaró que Nayarit y Veracruz salieron así por sus métricas incorrectas.

Los ponentes de las organizaciones civiles coincidieron en que el escenario común en México es que los gobernadores escogen las variables que les beneficia, pero omiten y atacan en las que resultan peor evaluados.

Con este Coeficiente TAI que analiza cada problemática de manera particular e integral, “los gobernadores no tienen oportunidad de escaparse”, dijo Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero.

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Ley de Seguridad atenta contra derecho a la información: INAI

Foto: Facebook INAI

Por Redacción/Aristegui Noticias

La Ley de Seguridad Interior, aprobada por los diputados y que sigue su trámite en el Senado, es contraria a la Constitución, particularmente al artículo sexto, afirmó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El INAI se pronunció en un comunicado contra el artículo 9 del dictamen aprobado en San Lázaro, que dice lo siguiente: “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

Dicho artículo es contrario al principio de máxima publicidad, que establece que por regla general toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.

Es decir, la clasificación de información como reservada es una excepción que sólo podrá aplicarse bajo determinadas circunstancias, cuando el interés público supere el derecho individual de acceso a la información. Además, la clasificación de la información debe realizarse tras un análisis caso por caso, mediante la aplicación de una prueba de daño y en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se generen, como dispone la Ley de Seguridad Interior.

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Cero en transparencia: Edomex, Veracruz, NL y BCS incumplen sus obligaciones

Por Redacción/Animal Político

El Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Baja California Sur son las cuatro entidades más omisas en materia de transparencia, de acuerdo con un análisis de la asociación civil Iniciativas Humanas.
Esos cuatro estados reprobaron con cero (la calificación más baja) al no transparentar ninguna de las obligaciones evaluadas en el ejercicio de Iniciativas Humanas.

Con motivo de la prórroga que se dio para que las instituciones públicas obligadas exhibieran la información pública de oficio del gobierno, la cual terminó el 4 de mayo pasado, “Iniciativas Humanas” revisó la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los portales de 107 instancias gubernamentales de 7,132 sujetos obligados, entre los que se encuentran las 32 entidades del país.

Entre las obligaciones revisadas, se encuentran: Metas y objetivos; remuneraciones; padrón de proveedores; bienes; viáticos; currículum vitae de funcionarios; presupuesto y compras.

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