Inés Fernández: pelear por la justicia desde el fogón de la Montaña

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Tlachinollan/Desinformémonos

Este 24 de octubre tuvo lugar la audiencia de vista dentro del proceso penal número 56/2013, que se sigue al militar Hugo Humberto García de León, quien es uno de los elementos señalados por la tortura sexual de Inés Fernández Ortega, en 2002.

Inés Fernández Ortega es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, que desde hace más de dos décadas busca justicia. A pesar de acudir ante las instancias de procuración de justicia en México, fue revictimizada y su derecho al acceso a la justicia fue durante años obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. No sólo no encontró justicia en el país, sino que fue amenazada y llamada mentirosa e intimidada por muchos años.

El 30 agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual- en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.

Cabe recordar que en un caso similar, el 1 de junio del 2018, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria en contra de dos militares para el caso de Valentina Rosendo Cantú, también sobreviviente de tortura sexual y compañera de lucha de Inés Fernández Ortega, en dicha sentencia se impuso una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño, sentencia que generó un precedente en México.

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Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH por caso Inés y Valentina

Aline Espinosa Gutierrez/Desinformémonos

Foto: Anayeli García Martínez/Desinformémonos

A 11 años de la tortura sexual cometida en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que el Estado mexicano no hace efectivas las sentencias contra sus agresores, no termina de completar las medidas reparatorias, ni garantiza una vida libre de violencia a niñas y mujeres de Guerrero.

Inés y Valentina son dos mujeres indígenas tlapanecas, que sufrieron violencia sexual y tortura por parte de militares en febrero de 2002, en distintas localidades de Guerrero. Ambas mujeres agotaron los recursos legales internos con el Estado mexicano, pero al no obtener justicia, acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre sus casos que nunca fue acatado por el Estado, por lo que pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que el 1 de octubre de 2010, dictó dos sentencias contra el Estado por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas y reparaciones de daños para cada caso, mismas que no se han cumplido en su totalidad.

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Inaceptable, falta de avances en materia de justicia a 14 años de Atenco: Centro Prodh y Cejil

Redacción/Desinformémonos

Foto tomada de Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. A 14 años de la violencia y la represión social durante un operativo policiaco en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en el que fueron torturadas sexualmente once mujeres indígenas y detenidos pobladores de manera arbitraria, no hay “avances sustanciales en los procesos de justicia y las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en diciembre de 2018”, acusaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En referencia a la sentencia de la CorIDH emitida a favor de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual a manos de policías estatales y federales, las organizaciones denunciaron que “no hay resultados concretos en la investigación penal y permanecen incumplidas las medidas más relevantes ordenadas para garantizar la no repetición de los hechos”.

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Comunicado: A 13 años de Atenco, mujeres sobrevivientes demandan cumplimiento de sentencia interamericana y exigen justicia para las mujeres que han alzado la voz contra la tortura sexual

* El Gobierno mexicano, al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, tiene la oportunidad de revertir una década de impunidad.
*El Comité contra la Tortura de la ONU instó al Estado mexicano a cumplir con la sentencia y se pronunció sobre la tortura sexual.
*Otras mujeres, como Mónica Esparza -privada de la libertad desde hace 6 años-, han denunciado también la práctica de la tortura sexual.
 
Ciudad de México, 03 de mayo de 2019. A 13 años de los hechos de Atenco, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual señalaron que el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la revisión de los expedientes de otras mujeres que también han denunciado esa violación a derechos humanos, ponen a prueba el compromiso del Gobierno Federal con la erradicación de la tortura y la impunidad.
Al conmemorar por primera vez los hechos ya con una sentencia dictada por la Corte Interamericana, acompañadas por el Centro Prodh, las mujeres sobrevivientes destacaron que la sentencia del tribunal regional es un reconocimiento a la lucha digan que sostuvieron durante más de una década, además de constituir un referente de alcance internacional sobre la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la tortura sexual. Por eso, indicaron que el cumplimiento pleno de la sentencia en todos sus extremos, sobre todo en los concernientes a la sanción de los responsables agotando la cadena de mando, debe ser una prioridad de la política gubernamental de derechos humanos en este sexenio.  

Excesivo e inaceptable, el uso de la fuerza en Atenco: Corte Interamericana al notificar sentencia al Estado mexicano

Redacción/Aristegui Noticias

La Corte IDH ordena realizar una investigación exhaustiva de los hechos, que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal: Centro Prodh.

Foto: Twitter Centro Prodh

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este viernes al Estado mexicano sobre la sentencia en la que lo responsabiliza por las graves violaciones a derechos humanoscometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, destacó la Corte IDH en el resumen de su sentencia.

La Corte IDH ordena al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos, que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal, sentando un precedente importante al explicitar que el Estado mexicano tiene el deber de esclarecer la participación de la cadena de mando.

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En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura sexual de las autoridades: informe

Redacción/Animal Político

El Centro Prodh analizó 29 casos en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.

Imagen: http://centroprodh.org.mx

En los últimos años México se ha convertido en un país cada vez más peligroso para las mujeres; tan solo en 10 años, de 2006 a 2016, el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH, por violación a la integridad personal, incluyeron actos de índole sexual contra las mujeres. Y si bien esta cifra es alarmante, existe un tema aún más preocupante: la tortura sexual que las mujeres sufren a manos de las autoridades, un delito que registra miles de denuncias en los últimos años. 

Al ser detenidas por autoridades estatales o federales (Marina, Ejército y Policía Federal), las mujeres se convierten en un blanco fácil para ser víctimas de este delito. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

El hecho de que estas fuerzas federales aparezcan como las principales responsables de los casos de tortura sexual es de llamar la atención, pues son las mismas elegidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional, que se encargará de la seguridad pública del país.

Por ello y por otras razones es que, en los últimos días, decenas de organizaciones y defensores de derechos se han manifestado en contra del Plan de Seguridad planteado por López Obrador.  

La tortura sexual desde la detención

El World Justice Project (organización internacional que trabaja en temas del Estado de Derecho) encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sobrevivido tortura sexual.

Bajo este panorama, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta el informe “Mujeres con la Frente en Alto” en el que se analiza el nivel de incidencia de la tortura sexual en México, la respuesta del Estado ante la problemática, y se presentan las recomendaciones a seguir para combatirla.

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Estado crea condiciones para que la verdad de las violaciones de derechos humanos no salga a la luz: Artículo 19

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. A través de la fabricación de “narrativas mediáticas que confunden o engañan”, las autoridades del Estado mexicano generan “ las condiciones para que la verdad de las violaciones a los derechos humanos no salga a la luz”, acusó Artículo 19 en el informe “Derecho a la verdad en México”, elaborado en conjunto con otras organizaciones.

El documento denuncia que el derecho a la verdad en México consiste en el acceso a la información y se debe concretar en la justicia penal, pero que se ve afectado por la impunidad, pues “una noción de verdad por sí sola podría ser inconsecuente si no está aparejada con sanciones”.

Las organizaciones agregaron que otra evidencia del ocultamiento de la verdad por parte del gobierno es el uso “generalizado” de la tortura, a través del cual obliga a las víctimas a declarar los discursos creados por las instituciones.

Ejemplificaron las violaciones a los derechos humanos en México con los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el multihomicidio en la colonia Narvarte y la tortura sexual cometida por militares, entre otros.

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5 mujeres darán su testimonio sobre los abusos policiales en Atenco, ante Corte Interamericana

Foto: Facebook Centro Prodh

Por Redacción/Animal Político

Cinco mujeres darán un testimonio oral sobre las agresiones sexuales que sufrieron a manos de fuerzas de seguridad durante el operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los próximos 16 y 17 de noviembre, en San José, Costa Rica.

Comparecerá el grupo de 11 mujeres peticionarias del caso, aunque sólo cinco de ellas darán testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
“Ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia”, apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

El Centro recordó que, tras los operativos policiales en mayo de 2006 -cuando era gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto-, “al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste”.

Las mujeres, agregó, “tuvieron que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado”, mientras “las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes”.

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