TOLUCA, Edomex. (apro).- El Segundo Tribunal de Alzada en Material Penal de Toluca decretó la libertad de los tres defensores del agua de Tlanixco que permanecían encarcelados por el presunto homicidio de un empresario florícola de Villa Guerrero ocurrido en 2003.
El Poder Judicial del Estado de México consideró fundado el recurso de revisión extraordinaria entablado por la defensa de los indígenas nahuas sentenciados en 2007 a más de 50 años de prisión y declaró su inocencia; como consecuencia, ordenó su inmediata libertad.
Pedro Sánchez Berriozábal se encontraba acusado de los delitos de homicidio calificado y privación de libertad; Rómulo Arias Mireles imputado por el delito de homicidio calificado y privación de libertad, y Teófilo Pérez González señalado por el delito de homicidio calificado.
“Cuando te meten así a prisión, siendo inocente, la familia también lo padece mucho. No solo yo viví la cárcel, mis familiares la vivieron mucho más que yo”, relata uno de los defensores del agua que estuvo preso.
Imagen: captura de video ONUDHMexico
Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez están aprendiendo a usar el celular. Por ahora no tienen uno. Ese objeto que no era parte de la vida cuando ellos entraron en prisión les es todavía ajeno, propio de otros, de los que se quedaron libres.
Muchas personas de su alrededor también les son extrañas: vecinos con años demás a quienes no reconocen; sobrinos y nietos nuevos en la familia, a quienes apenas están conociendo. Sus propios hijos les son extraños, no los han visto crecer.
Cuando se regresa a casa después de 12 años de estar preso en Almoloya de Juárezcada despertar es raro. A todo hay que volver a adaptarse. “Muchas mañanas abro los ojos y me quedo pensando dónde estoy. Si solo soñé que estoy de nuevo en casa o es cierto que ya estoy aquí”, dice Lorenzo Sánchez.
A los tres los detuvieron en 2007. Estuvieron huyendo durante tres años, después de que, en 2003, los acusaron del asesinato de un empresario floricultor del municipio vecino al suyo. Los tres estaban dando la batalla porque no le quitaran a su pueblo, San Pedro Tlanixco, en Tenango Del Valle, Estado de México, el derecho de usar el agua del río Texcaltenco.
Para la comunidad de Tlanixco ese río era suyo. Habían crecido alrededor de él y usaban su agua para las actividades cotidianas; hasta 1989 cuando el gobierno mexicano la concesionó a los floricultores de Villa Guerrero, el municipio líder en todo el país en cultivo y exportación de flores.
En el marco de la entrega del Premio de los Derechos Humanos que obtuvo este año la organización “Front Line Defenders”, el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió la libertad inmediata, en México, de un grupo de indígenas de Tlanixco por defender el derecho al agua.
La organización Front Line Defenders fue reconocida por la ONU por su actuar en situaciones de emergencia en todo el mundo, facilitar la reubicación temporal de los defensores y, promover medidas internacionales para protegerlos a través de la intervención de actores internacionales.
En su discurso, Front Line Defenders recordó llevar nueve casos emblemáticas en todo el mundo sobre defensores al derecho humano. Entre ellos —el único que radica en el continente americano— el de la indígena nahua Dominga González y de otros cinco defensores del agua de San Pedro Tlanixco.
Los hoy presos, fueron sentenciados a 50 años de cárcel por autoridades mexiquenses, sin tener pruebas en su contra sobre un presunto homicidio, violando de forma fragante y sistemática el debido proceso judicial.
Front Line Defenders resaltó que los “impartidores de justicia” desestimaron la condición de los seis presos de Tlanixco como integrantes de un grupo indígenas originario nahua del país, al argumentar que tuvieron acceso a la educación básica.
Pide la ONU-DH reparar las violaciones al debido proceso
Foto Mvt/tomada de La Jornada
Dominga González, presa política de Tanixco, Estado de México, lleva 11 años en el Cereso de Santiaguito, municipio de Almoloya, y aún no ha sido sentenciada. Es acusada de homicidio junto con otros cinco dirigentes de su pueblo que lucharon contra el despojo de sus manantiales en las faldas del Nevado de Toluca.
Su caso, junto con el de Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, se encuentra finalmente en etapa de apelación ante el tribunal de alzada, con 10 años de atraso.
Según el pronunciamiento del representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Jan Jarab, este procedimiento judicial constituye una oportunidad única para que el Poder Judicial repare las violaciones al derecho al debido proceso cometidas en contra de los procesados y de otros tres presos por la misma causa –Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles–, quienes fueron sentenciados a 50 años de cárcel.
Esta sentencia es calificada por el abogado defensor José Antonio Lara Duque como un castigo bárbaro e injusto, con un fuerte sesgo racista y la clara intención de castigar la lucha contra el despojo de un pueblo náhuatl.
Ciudad de México | Desinformémonos. Un recurso de apelación a la sentencia emitida contra seis indígenas nahuas detenidos desde hace 15 años “con acusaciones falsas y dolosas” fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), cuyo presidente, José Antonio Lara Duque, solicitó particularmente que los tres poderes del Estado garanticen la protección de los acusados, luego de que se descartó que estuvieran presentes en los hechos en los que una persona murió.
“El gobierno del Estado de México, a través de sus tres Poderes (Legislativo, Ejecutivo y sobre todo Judicial) tienen el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya que con relación a la protección de personas indígenas el gobierno mexicano tiene una deuda histórica con este sector de la población”, indicó Lara Duque.
El recurso de apelación busca la protección de los seis nahuas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes desempeñaban acciones de defensa del agua y el territorio por las cuales, junto con otros defensores de la comunidad, fueron víctimas de represión por parte de las autoridades estatales.
