Pide Tlachinollan a AMLO no continuar con criminalización a la lucha social

Redacción / La Jornada

 

En la región de la Montaña del estado de Guerrero persisten graves violaciones de derechos humanos en contra de diversos sectores de la población, pero también hay importantes ejemplos de resistencia y organización popular, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en un informe con motivo de su 24 aniversario.

En ese contexto, su coordinador, Abel Barrera Hernández, pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no criminalizar a la lucha social, que se respete sobre todo a los defensores de los derechos humanos porque Guerrero es el bastión de esta resistencia. Y agregó que la lucha histórica incluye el problema de las desapariciones y, sobre todo, el caso de las familias desplazadas.

En el informe titulado Montaña: manantial de la resistencia, torbellino de esperanza, el colectivo con sede en la ciudad de Tlapa hizo un recuento de algunos de los principales casos de agravios que han ocurrido en años recientes en una de las zonas más pobres de Guerrero y de todo el país.

Uno de los temas que destaca Tlachinollan, en el documento de más de 550 páginas, es el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual ha generado gran irritación social por la falta de voluntad política real de las autoridades del país para dar respuestas convincentes a los padres y madres de los estudiantes.

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Poder Judicial tiene “oportunidad histórica” para dar primer fallo por tortura sexual en caso Valetina Rosendo: ONG

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtieron que el Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos “una oportunidad histórica” de emitir el primer fallo sobre tortura sexual cometida por miembros del Ejército Mexicano desplegados con la finalidad de combatir delitos contra la salud.

En un comunicado, anunciaron que en próximos días le corresponderá al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitir una sentencia de primera instancia relacionada con los abusos cometidos por efectivos castrenses en agravio de la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú en febrero de 2002.

“La resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”, puntualizaron ambas organizaciones.

La sentencia es el resultado de un ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de 2010, tribunal regional al que recurrió Rosendo Cantú después de años en que se le negó la justicia en México.

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Seis ONGs internacionales piden a Washington no dar más dinero a Sedena por violaciones a DDHH

Por Redacción/Sin embargo

A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para seis organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el Gobierno de México no debe recibir la ayuda de EU debido a los casos de violaciones a los derechos humanos que han sufrido los ciudadanos a manos de miembros del Ejército.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Seis organizaciones civiles pidieron al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad.

A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos.

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.

Las organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano, la resolución judicial que determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, precisaron las organizaciones mexicanas e internacionales.
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Centro Tlachinollan cumple 23 años en situación de riesgo, amenazas y violencia: ONU

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Durante 23 años, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, ha trabajado en “una situación de riesgos, de peligro, de amenazas -y- de violencia”, aseguró el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), Jan Jarab, durante su participación como invitado especial en el aniversario del Centro y la presentación de su informe.

“Estamos aquí para expresar nuestro apoyo y admiración al trabajo de Tlachinollan. Es un trabajo muy valiente”, reconoció Jarab.

Lamentó que todavía estén presentes los temas de violencia e impunidad como en los años noventa y que permanezcan entre la población, así como “ algunos de los temas como son el ataque a las tierras y el territorio, que son hoy más dramáticos”, expresó Jarab al referirse a la lucha del municipio de San Miguel del Progreso contra las empresas mineras.

Respecto al nuevo informe de Tlachinollan, que lleva por lema “Guerrero: Mar de luchas, Montaña de Ilusiones”, señaló que “es más ambicioso y más innovador que quizás los precedentes”, los cuales testimonian el “trabajo de muy alto nivel, muy profesional, en la defensa de la defensa de los derechos humanos”.

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