Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió a los gobiernos federal así como de Jalisco y Nayarit, garantizar la restitución de tierras al pueblo wixárika, reconocidas por tribunales, diligencia suspendida ante actos de violencia de quienes poseen de manera ilegal los terrenos.
En un comunicado signado también por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco(CEDHJ), ambos organismos recordaron que la restitución de tierras ha sido obstaculizada pese a que en octubre del año pasado se concluyeron dos procesos para la restitución de tierras en San Sebastián Teponahuaxtlán y Kuruxi Manawe, en la localidad de Hujimic, en el municipio de Yesca, Nayarit.
Resaltaron que durante los últimos meses los intentos de restitución, “han sido impedidos de manera violenta y sin que las autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social”.
Los organismos públicos puntualizaron que “el uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante, si se considera que dicha resolución forma parte del derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas a preservar sus tierras y a hacer efectivas las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra”, estipulado en el artículo segundo constitucional.
El panorama es aún más tenso, si se considera que en una reciente asamblea, del 28 y 29 de abril, las comunidades wixaritari afectadas “hicieron pública su inconformidad y manifestaron como postura la de impedir el desarrollo del proceso electoral e incluso recurrir a toma de escuelas si no recibían la atención a sus demandas”.
Las comisiones de derechos humanos destacaron que la advertencia de los pueblos originarios responde también a la amenaza de que sus terrenos sean anexados a Nayarit, sin que se haya consultado a la población wixárika.
