Foto: Captura de pantalla / YouTube / Gobierno de la República
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dirigido casi 300 recomendaciones al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por violaciones a las garantías individuales; entre ellas algunas por casos graves como las ejecuciones arbitrarias en Tlatlaya y Tanhuato. El gobierno, por su parte, ha aceptado sin excepción todas estas recomendaciones.
Pero a unos meses de que concluya el sexenio, menos del 20 por ciento de las recomendaciones han sido cumplidas en su totalidad por las 36 dependencias a las que fueron enviadas. Esto pese a que algunas tienen varios años de haber sido emitidas, y a que de acuerdo con el reglamento de la CNDH debieron cubrirse en un lapso de 15 días tras haber sido aceptadas.
La información oficial proporcionada por la CNDH revela que aun cuando, por regla general, las dependencias del gobierno federal aceptan cumplir a cabalidad con todas las recomendaciones, la mayoría de ellas se quedan a medias o con un cumplimiento parcial.
Ciudad de México. El balance en la defensa y garantía de los derechos humanos en el país durante el actual sexenio “no es favorable”, aseveró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez ante el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Este sexenio, enfatizó, está marcado por graves violaciones a derechos humanos como los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.
Al presentar el informe de labores 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del organismo presentó un balance no sólo del año pasado, sino de los poco más de cinco años del actual gobierno federal, que está a unos meses de concluir su gestión.
González Pérez enfatizó que en los más de cinco años del gobierno de Peña Nieto “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.
Durante el actual sexenio, subrayó el ombudsman nacional, se presentaron graves violaciones a las garantías fundamentales. Y citó algunos casos: Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. “Son sólo algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos”.
El funcionario destacó que de todas las recomendaciones e informes que se han presentado por estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades a las que van dirigidos, tan sólo uno tiene hasta ahora pruebas de cumplimiento total.
También lamentó que haya grandes agresiones contra mujeres, periodistas y migrantes. Todo ello en un largo discurso de más de 30 minutos.
PUEBLA, Pue. (apro).- En su informe anual, Amnistía Internacional (AI) concluyó que lo ocurrido en la población de Palmarito Tochapan, el 3 de mayo pasado, cuando un soldado abrió fuego contra un hombre que yacía en el suelo, se trató de una ejecución extrajudicial.
Al asegurar que las ejecuciones extrajudiciales en México no se investigaban adecuadamente, y que quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad, AI resaltó los casos de los años recientes, entre ellos el Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014; Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, ambos en 2015.
Amnistía agrega que a estos casos se suma lo ocurrido en Palmarito Tochapan, donde el Ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados.
“Días después se publicaron en internet imágenes de video de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los videos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”, refiere el organismo internacional.
Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 14 de septiembre de 2016.
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor.
“Pudieron haber sido tus hijos”. Recuerdo que cuando leí por primera vez esta frase en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el mundo se me vino encima. Y sí, pudieron haber sido mis hijos o los hijos de cualquiera en este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas.
Ya nadie se salva en un lugar donde el ejército y los federales están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y tortura como en Tanhuato y Tlatlaya; donde policías disparan a manifestantes como en Nochixtlán. Un México en el que a las comunidades indígenas se les despoja de sus tierras y recursos naturales como en Xochicuautla; donde autoridades detienen arbitrariamente a defensores de derechos humanos por el solo hecho de pelear por lo suyo; donde cada 26 días asesinan a un periodista.
Un lugar, donde el presidente y su esposa obtienen una casa de manos de uno de sus mejores contratistas y no pasa nada; un país donde las parejas del mismo sexo deben ampararse para poder casarse, donde nuestro presidente invita a nuestra tierra al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que abiertamente ha declarado que los mexicanos somos violadores y criminales.
En resumen, un México con una grave crisis de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor. El panorama parece difícil de superar, pero sí, lamentablemente mi respuesta es sí, podemos estar peor.
Nos admiramos cuando en Guatemala renunció el presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción, quisiéramos que aquí se juzgaran a los militares que han cometido algún delito como en Argentina o Chile, pues exijámoslo.
Si no exigimos que esto no vuelva a suceder, que se investigue y sancione a los responsables, que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, que se continúe con la búsqueda de las personas desaparecidas, que nuestras autoridades hagan su trabajo y rindan cuentas, y se respete la libertad de expresión, la situación seguirá empeorando.
Ciudadanos y ciudadanas lanzaron una iniciativa en redes sociales para que este 15 de septiembre a las 17:00 horas salgamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo y digamos nuestro motivo por el cual creemos que Peña Nieto debería renunciar a la presidencia. Salgamos y elevemos el costo político de la corrupción y de la impunidad. Que las autoridades sepan que los observamos y no estamos de acuerdo con sus acciones. Que votamos por ellos y deben responder por sus actos.
Por más trillado que se escuche, este es nuestro país y somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y honestas, exijamos respeto.
Cuando era chica, mi abuelita me decía: “al que no habla, Dios no lo oye”. Así que si no quieres que esto siga empeorando, hazlo saber por el medio que decidas, pero no te quedes callado, no te conformes.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 15 de octubre de 2016.
Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012, lo hizo en medio del descontento de una numerosa sección de la sociedad. Pero en los últimos meses, México ha sufrido considerables golpes que generaron más resentimiento contra el Ejecutivo.
Los conflictos, van desde lo económico, con la escalada del dólar y la reducción presupuestal para importantes rubros como el campo y la educación; hasta lo moral, con la visita a nuestro país de quien nos llamara violadores, Donald Trump.
Con esta ola de acontecimientos, podríamos llegar a la conclusión de que la administración presidida por Peña Nieto, no cumple con nuestras expectativas e incluso ha violado la ley, y no sólo por lo del párrafo anterior, pues a lo largo de sus 4 años de mandato se han suscitado graves violaciones a derechos humanos tales como Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Tanhuato y diversos escándalos de corrupción donde está involucrado directamente como el de la Casa Blanca.
Pero en esta ocasión no quisiera entrar al debate de sí sus acciones son considerables para una posible destitución, pues en lo personal y comparando ejercicios de otras democracias en contextos similares, existen motivos de sobra para una revocación de mandato. Este texto lo escribo con la finalidad de informar y aclarar que nuestra Constitución establece un proceso claro para sustituir a un presidente, independientemente del motivo de su falta.
La Constitución dice lo siguiente:
Capítulo III
Del Poder Ejecutivo
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo…
Este párrafo refiere que el Congreso nombrará al presidente interino o substituto (ojo hay dos opciones), esta selección deberá ocurrir en menos de 60 días, mientras tanto el Secretario de Gobernación sería el titular. Como ya dijimos hay dos opciones o escenarios:
Primero
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino…
El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo.
Este supuesto refiere que si la falta del presidente es en los dos primeros años de su gestión, el Congreso deberá convertirse en Colegio Electoral (si está en sesiones lo hacen inmediato, si no se llaman a sesión extraordinaria) para elegir en secreto y por mayoría absoluta un presidente interino. Diez días después de seleccionar al interino el Congreso expedirá la convocatoria para elecciones del presidente que deberá concluir el período.
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.
FOTO: scoopnest.com
El segundo supuesto dice que si el presidente falta del años 3 al 6 de su mandato el Congreso bajo el mismo proceso elegirá al Presidente substituto para terminar el periodo. Con esto podemos observar que existe una línea a seguir si un presidente falta. Ahora bien, es importante citar el siguiente artículo para dar cierre a este procedimiento:
Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.
Lo hago con la finalidad de establecer que efectivamente se puede renunciar al cargo. En diversos foros, medios y platicas he escuchado diferentes posiciones sobre si el presidente puede o no renunciar; si debe o no, al final creo que motivos sobran y el mecanismo de sustitución existe, el verdadero debate serían las consecuencias económicas, políticas y sociales que implicaría la salida de Enrique Peña Nieto y ese, vaya que es un debate pantanoso. Sin embargo, como se dice por ahí: “si votar es un derecho, revocar es un izquierdo”.
