Terna propuesta por López Obrador no garantiza paridad de género en la Suprema Corte

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Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Loretta Ortiz Ahlf, Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz Vázquez para ocupar la próxima vacante de ministra o ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN).

El próximo 12 de diciembre, el ministro José Fernando Franco González concluye su cargo de 15 años en la Suprema Corte de Justicia Nación, por lo que el Senado de la República debe elegir a una de las personas incluidas en la terna enviada por López Obrador para elegir a una nueva persona integrante del pleno. 

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, informó que este martes 16 de noviembre, el Senado recibió las nombres de los perfiles propuestos , los cuales calificó como “personas honorables y capacitadas”.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas, que analiza los procesos de designación de servidores públicos, criticó que en esta terna se reciclen nombres, no se garantice la paridad de género, se privilegie la cercanía con el Presidente de la República y que se haya integrado discrecionalmente. 

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Proceso de designación de ministro de la SCJN, opaco y sin participación ciudadana

Con 114 votos a favor, el Senado de la República designó esta tarde a Juan Luis González Alcántara Carrancá ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Manifestamos nuestro rechazo hacia el proceso de designación, el cual careció de un análisis profundo, de rendición de cuentas y de participación ciudadana, aun cuando organizaciones de la sociedad civil pidieron garantizar estas condiciones para asegurar la independencia judicial y que los perfiles de las y los candidatos fueran idóneos.

Las mismas organizaciones demandaron no sólo que los perfiles fueran independientes, sino que la terna estuviera integrada únicamente por mujeres, con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad política por razones de género en nuestro país, sugerencias que fueron desechadas.

Con el proceso opaco, la falta de participación ciudadana y una votación apresurada, México perdió la oportunidad histórica de fortalecer el proceso de designación de quienes integran el máximo tribunal de justicia y, como consecuencia, de fortalecer la protección y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.