Por Redacción/Sin embargo
El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia. No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.
“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, exigieron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- A siete años de la masacre a 72 migrantes de Centroamérica y Sudamérica hallados en el rancho “El Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas, los familiares siguen sin tener acceso a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusaron las organizaciones Artículo 19 y Fundación para la Justicia.
Como resultado, sigue sin saberse quiénes son los responsables, si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales, hay 10 restos sin identificar y las familias viven con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son sus familiares que se dirigían a Estados Unidos, ya que no se ha esclarecido el proceso de identificación.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decidirán si habrá acceso a las investigaciones de la masacre de San Fernando en 2010, la de 2011 y la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
“Exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres primero secuestrados- se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad del expediente de Cadereyta [masacre en Nuevo León en 2012 cuyo expediente está tachado]”, dijeron las organizaciones.
El 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la CNDH a cumplir con sus facultades, por lo que en junio calificó la masacre de San Fernando como violación grave a derechos humanos para efectos de transparencia.
No obstante, el organismo sigue sin entregar a las víctimas las copias del expediente de queja sobre su indagación.
Por otro lado, los familiares han tenido que emprender litigios para acceder a la investigación penal de la PGR. La información hasta ahora entregada es escasa, expusieron las organizaciones.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo que la masacre de los 72 migrantes no fue un punto final porque “seguimos contando un sin número de secuestros y asesinatos a migrantes”.
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