Subsecretaría de Derechos Humanos – Centro Nacional de Comunicación Social AC

2 junio, 2022

Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco.

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco, Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente, Patricia Alvarado.

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24 octubre, 2018

Crear Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses, debe ser prioridad para AMLO: Comité Cerezo

Ciudad de México a 19 de octubre de 2018

El pasado 10 de octubre, Alejandro Encinas, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la futura Subsecretaría de Derechos Humanos, anunció la creación de un “Sistema Nacional Forense y un solo Banco de ADN que a nivel federal homologuen los criterios de identificación”.

Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México creemos importante que el futuro gobierno federal se preocupe y se ocupe en resolver la criminal omisión del Estado mexicano con las víctimas y sus familias respecto a este doloroso tema y por lo mismo queremos puntualizar lo siguiente:

Desde septiembre de 2015, las organizaciones que conformamos la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, hemos exigido al poder ejecutivo y al legislativo, entre otros importantes temas, la conformación de un Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses, como un mecanismo para enfrentar con seriedad y responsabilidad la identificación de los miles de cuerpos producto de la política de terror que, por lo menos, los tres últimos gobiernos neoliberales, han impuesto a la sociedad mexicana.

La correcta identificación de los cuerpos aminoraría la incertidumbre en el que viven miles de familiares de víctimas de desaparición forzada al no saber si de entre los miles de cuerpos encontrados en fosas comunes, panteones, trailers, semefos e instalaciones gubernamentales se encuentran sus familiares.

Como Campaña, avalada por 274 organizaciones nacionales e internacionales y con apoyo de diversos expertos internacionales en la materia, elaboramos una Iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada entregada al Senado en el año 2015[1] y en la cámara de diputados en el 2016, donde existe un apartado (páginas 30-32) con los alcances y objetivos que dicho Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses debería de tener.

Recordamos que el actual Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, nunca tuvo la voluntad política de integrar la propuesta para la creación del Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses, de ahí que en la actual Ley General no se contemple ningún órgano especializado en identificación de personas que sea nacional, autónomo e interdisciplinario.

Para los integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, y estamos seguros que también para la mayoría de las familias de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, es de suma importancia que el próximo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se comprometa a hacer lo necesario para que el Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses sea una realidad que dé certeza a las familias, a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo en general.

Por lo anterior, hacemos un llamado a que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se hagan las reformas necesarias para la creación del Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, que lo doten de recursos materiales y del personal interdisciplinario necesario para su eficaz funcionamiento.

Sabemos que para lograr la creación del Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses, se pueden seguir dos caminos:

1.- La reforma a la actual Ley General contra la Desaparición Forzada, agregando un nuevo Capítulo donde se especifique la creación del Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses

2.- la reforma al Artículo 102 Constitucional para que se cree un Sistema Nacional Autónomo en Ciencias Forenses y se redacte la Ley correspondiente para su creación y funcionamiento donde se establezca la creación del Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses

Ahora bien, es necesario que el Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses o como se le quiera nombrar contemple lo siguiente:

1.- El Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses deberá contar con instalaciones, terrenos e infraestructuras y personal propio que le permitan realizar su labor de manera nacional y autónoma, de cualquier otra instancia de gobierno.

2.- El Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses deberá ser quién tenga acceso y control de las Bases de datos de ADN, Bases de Datos AM/PM, Bases de datos de fosas clandestinas, Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Registro Nacional de NN, Registro Nacional de personas víctimas de desaparición forzada y todos aquellos registros que le permitan llevar a cabo las investigaciones forenses necesarias.

3.- El Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses deberá contar con personal especializado suficiente y certificado en diversas áreas: antropología forense, criminalística, biogenética, psicología y con enfoque multidisciplinario.

4.- Las y los peritos especializados que integren el Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses, deberán ser considerados como personas clave para, que en caso de así requerirlo, puedan testificar en juicios relacionados con casos de graves violaciones a derechos humanos.

5.- El Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses no sólo deberá ser una institución de identificación de personas fallecidas, sino deberá poder coadyuvar a la búsqueda en vida de las víctimas así como recabar evidencias que permita dar con los responsables.

6.- Tomando en cuenta que México no cuenta con la cantidad suficiente de especialistas forenses en las diversas áreas especializadas, durante el tiempo que sea necesario para certificar y capacitar a más personas, se deberá contemplar la contratación de especialistas certificados provenientes de otros países para laborar de manera inmediata a la par que se crea el Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses

7.- El Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses, no puede reducirse a ser sólo un ente coordinador como actualmente lo hace la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República; puesto que no ha funcionado y no corresponde con la magnitud y gravedad de los miles de cuerpos sin identificar.

8.- La creación del Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses es necesario y urgente para garantizar el derecho a la verdad a las miles de familiares víctimas de desaparición forzada.

Si existe la real voluntad política del próximo gobierno federal de atender este grave problema seguramente trabajará conjuntamente con las familias, organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia para crear un verdadero “Sistema Nacional Forense” que permita dar los primeros pasos para atender las graves violaciones a los derechos humanos a las que se ven sometidas las miles de familias que viven en la incertidumbre de no conocer el paradero real de sus familiares.

Hacemos un llamado a los colectivos de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas a qué impulsemos un Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses Mexicano, que nos garantice el acceso a la Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No repetición.

¡Porque vivos los llevaron:vivos los queremos!

¡Alto al Terrorismo de Estado!

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C (TADECO), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, “Ajusco Radio”, Red de Antropologías Populares del Sur, K’inal Antzetik, A.C. Consejo Supremo Indígena de Michoacán y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

[1] Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, Iniciativa que expide una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares, versión electrónica disponible en: https://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/nuevainiciativalgdfydp_6sept2016.pdf.

19 enero, 201819 enero, 2018

Posicionamiento ante cambios en la Secretaría de Gobernación

Ante la crisis de derechos humanos que ha puesto a México en el primer plano de atención y críticas nacionales e internacionales, el entorno de seguridad y violaciones de derechos que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México es por demás grave. 2017 fue el año más violento para estos sectores, por lo que los esfuerzos para su protección deben continuar y fortalecerse ante los retos que se anticipan en el próximo proceso electoral.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la construcción de un régimen de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que dé respuesta a las necesidades actuales. Ante los recientes cambios al interior de la Secretaría de Gobernación, particularmente lo que atañe a la titularidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil que hemos dado monitoreo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), el acompañamiento de casos y la exigencia de justicia para aquellos que fueron silenciados por su labor y sus familias, expresamos lo siguiente:

Reiteramos la urgente necesidad de que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se continúe el compromiso con la garantía y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a través del diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos, condiciones indispensables para el fortalecimiento de un Estado democrático.

Hemos presenciado la importancia del funcionamiento del Mecanismo de Protección, las áreas de oportunidad y los retos en los que las organizaciones contribuimos desde el diálogo, la evaluación y el monitoreo para dar transparencia a los procesos e impactos en la vida de las personas a quienes debe proteger.

La construcción de este esfuerzo sólo ha sido posible mediante la voluntad política, el compromiso manifestado con acciones sustantivas para la mejora del Mecanismo y la apertura de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos para escuchar las distintas voces de sociedad civil.

Por todo lo anterior, exigimos:

Continuidad y fortalecimiento al Mecanismo para que pueda contar con las herramientas y recursos necesarios que permitan dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Voluntad política que se traduzca en acciones contundentes que prevengan y sancionen las agresiones contra estos actores democráticos en el marco del proceso electoral.
El reconocimiento expreso de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como un como un problema estructural en el que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de responder ante las exigencias de la sociedad civil y garantizar sus derechos y seguridad más allá de coyunturas políticas.

Atentamente,

Organizaciones:

Aprender Primero A.C.

Arkemetria Social, A.C.

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C.

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica

Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)

Colectivo Ciudadanía Informada y Activa

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH

Enjambre Digital

FIAN México

Fronteras Comunes AC

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Iniciativa 574

Jóvenes ante la Emergencia Nacional

Mexicanos Primero A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Nueva Constituyente Ciudadana Popular

Observatorio Nacional Ciudadano

Ojos de Perro vs. la Impunidad AC

ONEA México

REDIM Red por los derechos de la Infancia en México

Reporteros Sin Fronteras

ReverdeSer Colectivo A.C.

SEDEPAC

SERPAJ-México

Personas:

Alberto Athié

Aram Barra

Carlos Cruz Santiago

Daniel Gershenson

Daniel Giménez Cacho

Emilio Álvarez Icaza Longoria

Enrique González Ruiz

Ixchel Cisneros Soltero

Jesús Robles Maloof

José Carrillo Osorio

José Enrique González Ruiz

José Guadalupe Carrillo Osorio

Juan Pablo Espinosa de los Monteros

Layda Negrete

Magdiel Sánchez Quiroz

Norma Sánchez

Pietro Ameglio

Témoris Grecko

Viviana Pineda Partida