Este miércoles entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática.
Al concluir hoy el plazo de un año que se estableció en las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, el SNA debe iniciar su vigencia a partir de este 19 de julio.
La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, se designó a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.
Participan también la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el fiscal anticorrupción.
Aunque ya se cumplió el plazo y las tareas están bien definidas, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso, y el nombramiento de un fiscal anticorrupción, que el Senado tampoco ha nombrado.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 24 de noviembre de 2016.
En México el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.
He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:
– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.
Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.
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Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.
Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:
– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o
– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.
Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.
La corrupción y la impunidad se han convertido en un ‘‘complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementado la violencia’’, reconoció el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien agregó que además han minado la credibilidad en las instituciones públicas.
Al encabezar ayer la inauguración del taller Obligaciones y responsabilidades bajo el sistema nacional anticorrupción, en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, el militar sostuvo que sólo lograremos superar la corrupción e impunidad que nos aqueja con voluntad, decisión entrega y perseverancia, ‘‘y con la ferviente vocación de servir a México’’.
Con la presencia del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, Cienfuegos destacó la importancia de la reforma que creó el sistema nacional anticorrupción (SNA), cuyas leyes y reglamentos llegaron para quedarse.
Dijo que la aplicación ‘‘precisa y contundente de este esquema permitirá enfrentar la corrupción que ha dañado a nuestra sociedad’’ e hizo un llamado a fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones de la República. ‘‘Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre’’.
Afirmó que la secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) asumieron desde el primer día de la presente administración su compromiso de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: es y ha sido, aseveró, una de nuestras más altas prioridades.
Con la entrada en vigor del SNA, dijo, reforzaremos las medidas para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos y nuestro compromiso de actuar con honestidad. Insistió en que la promulgación de reformas constitucionales y legales en la materia constituyen ‘‘un hecho sin precedentes’’ para prevenir, investigar y sancionar este flagelo que lastima a los mexicanos.
En este contexto, destacó que las fuerzas armadas ya iniciaron por su parte acciones para atender las faltas administrativas, combatir los delitos y fiscalizar el uso eficiente de los recursos públicos, que son parte fundamental del nuevo esquema anticorrupción.
En el acto en el que se presentó la colección de libros Saga normativa de las adquisiciones a nivel internacional, nacional y subnacional, recopilada por Héctor Mateo Infante Meléndez en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoció a su vez que la corrupción es un flagelo que lesiona y deteriora la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos.
Pero al mismo tiempo, señaló la trascendencia que tiene que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya fijado como uno de los jefes de su administración precisamente instrumentar un marco jurídico apropiado para combatir este problema. Agregó que también es importante que los funcionarios públicos conozcan sus nuevas responsabilidades y obligaciones en este nuevo esquema de andamiaje jurídico.
Por su parte, Infante Meléndez destacó la obra presentada ayer, la cual consta de cinco libros y 22 volúmenes que incluyen toda la información a escala nacional e internacional sobre adquisiciones, arrendamientos y compras del sector público.
