Marcha en CDMX por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Foto: Doryan Alvarez/Cencos

 

Cencos

Este 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México salió una vez más a las calles de la Ciudad de México para preguntarle a las autoridades: ¿Dónde están sus seres queridos? ¿Qué hacen para buscar efectivamente y localizar a más de 104,000 personas reportadas como desaparecidas?

Familiares de personas desaparecidas y personas solidarias partieron la mañana del día de ayer del Ángel de la Independencia para recorrer Paseo de la Reforma y pedir verdad y justicia a las autoridades ante los más de 100 mil casos de desaparición registrados en México.

A más de 4 años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los familiares de personas desaparecidas en el país continúan exigiendo su implementación y correcta función. Además, en el posicionamiento que presentó el Movimiento (conformado por 80 colectivos) durante la marcha, incluyeron entre sus exigencias al gobierno: la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres niveles de gobierno y los tres poderes para la implementación de las distintas recomendaciones internacionales, así como el avance en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, y en el Plan Nacional de Exhumaciones y el Plan Nacional de Búsqueda.

 

 

Desaparecidos: entre la esperanza y la duda hacia el gobierno

Alberto Pradilla/Animal Político

Imagen tomada de Twitter @movNDmx

A Gabriela la sacaron de su casa de Irapuato, Guanajuato, el 27 de mayo de 2019. A Waldo se le perdió la pista a mediados de octubre de 2018 en Matamoros, Tamaulipas, cuando trataba de llegar a Estados Unidos. Mónica Alejandrina salió de su casa de Ecatepec, Estado de México, el 14 de diciembre de 2004 y nadie volvió a saber nada de ella. No son sucesos excepcionales. Más de 75 mil personas están desaparecidas en México según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

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La petición al Senado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que la ONU pueda intervenir en casos individuales de desaparición forzada es visto por los colectivos como un gesto esperanzador. Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a los senadores que permitan la participación de la instancia internacional. Esto es algo que los grupos de familiares como el Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos llevan tiempo demandando. Sin embargo, también piden eficacia en las medidas que ya se han aprobado. Por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda, que recibió el aval de la CNB el jueves, y el mecanismo de identificación forense, aprobado en marzo de 2019.

El protocolo se aprobó el jueves en la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas pero con la abstención de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Esto provocó la molestia de los colectivos como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que consideran que estas instituciones están ralentizando las investigaciones.

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Comunicado: La ONU-DH saluda la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Ciudad de México, 25 de marzo de 2019.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ocurrida el día de ayer en Palacio Nacional, y los compromisos adoptados en dicha ceremonia por el Gobierno federal mexicano. La búsqueda efectiva y la localización de las personas desaparecidas constituyen la principal demanda de las familias y una obligación primaria y apremiante del Estado mexicano.

La ONU-DH considera fundamental que las más altas autoridades federales de México, especialmente el Presidente de la República, hayan reconocido públicamente la gravedad de las desapariciones en el país, dejando atrás los intentos de administraciones pasadas de negar o minimizar el problema. La ONU-DH destaca que las autoridades hayan reconocido que la búsqueda de las personas desparecidas es una responsabilidad del Estado, hayan comprometido la asignación de los recursos necesarios para esta tarea, hayan enfatizado la necesidad de investigar de manera exhaustiva e imparcial todos los casos de desaparición, hayan reivindicado la lucha de las familias, y hayan asumido el desafío que implica la crisis del sistema forense.

“La desaparición de personas es uno de los más terribles flagelos en materia de derechos humanos que enfrenta el país,” enfatizó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “El avance que implicó la adopción de la ley general en la materia no fue correspondido por las autoridades en su implementación. La reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y los compromisos expresados por las nuevas autoridades federales podrían constituir un nuevo comienzo que ponga fin al suplicio de decenas de miles de personas.”

La ONU-DH reitera el importante rol de las familias de personas desaparecidas y valora las expresiones de respaldo que formularon las autoridades. “Para la Oficina las familias de personas desparecidas son una fuente de esperanza que debe ser incluida de manera efectiva en la definición de todas las políticas públicas destinadas a combatir y erradicar las desapariciones”, añadió el Sr. Jarab.

La ONU-DH hace un llamado a las autoridades locales a que adopten un serio compromiso en el ámbito de sus competencias para favorecer la construcción de un sistema nacional de búsqueda genuino, vigoroso e integral. De igual forma, es fundamental que las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal tomen las medidas necesarias para poner fin a la impunidad crónica ante tan desgarrador crimen.

Adicionalmente, la Oficina alienta al Estado mexicano a fortalecer, en esta nueva etapa, su vinculación con los organismos internacionales especializados, en particular, a través de la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer de comunicaciones individuales y mediante la concreción de la visita oficial al país solicitada desde el año 2013.

Finalmente, la ONU-DH expresa su más amplia disposición para brindar la asistencia y cooperación técnicas que precise el Estado mexicano en el fortalecimiento de sus capacidades en materia de búsqueda, así como en las otras apremiantes tareas en el contexto del combate a la impunidad y atención a las víctimas.

FIN

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México busca a 37 mil desaparecidos con un Sistema incompleto y sin recursos suficientes

Redacción/Animal Político

Especialistas señalan que México no ha destinado los recursos materiales ni humanos suficientes para completar el sistema de búsqueda, al que le faltan protocolos y registros precisos.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas comenzó a operar en México el martes pasado, con la misión de hallar, por lo menos, a las 37 mil personas que el gobierno contabiliza oficialmente como desaparecidas o no localizadas en todo el país; sin embargo, inició incompleto, y con una declaración de su titular que provocó reclamos de grupos ciudadanos.

La creación del Sistema está estipulada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en noviembre de 2017.

Su objetivo es ser un órgano de coordinación de las políticas públicas y entes enfocados en la búsqueda de personas en México.

Está integrado por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, además de una Comisión Nacional de Búsqueda, y un Consejo Ciudadano, integrado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas  y representantes de familiares de víctimas.

Su primera falla es que está incompleto. El Sistema debe integrar comisiones locales de búsqueda de los 32 estados del país. Sin embargo, hasta la fecha solo 7 estados han establecido dicha comisión: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León.

Además 11 estados no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.

“Deberían estar sentadas (en el Sistema Nacional) todas las comisiones de búsquedas de los estados, y hasta el momento solo se han creado el 20%”, dijo en entrevista Volga de Pina, defensora de derechos humanos y especialista en materia de desaparición de personas.

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Peña Nieto crea un sistema de búsqueda de desaparecidos a 53 días de dejar el cargo

Redacción / El País

En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Paola Ramos / Cencos

37.485 personas. De ese tamaño es la crisis de los desaparecidos en México. “Y seguramente el número es más grande”, ha admitido este martes el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). El intento más ambicioso para encontrar a quienes fueron retenidos sin dejar ningún rastro, para poner cara a miles y miles de expedientes, para dar respuesta definitiva y justicia a los denunciantes se produce cinco años después del caso Heavens, cuatro años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seis meses después de que tres estudiantes de cine en Jalisco fueran secuestrados y disueltos en ácido. Y dos meses antes de que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Después de meses y meses de vigencia de la ley, a 50 días de que se vaya este Gobierno, quieren hacer un acto de simulación, como que están haciendo cosas para atender el problema de las desapariciones”, critica en entrevista Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No se resuelve el problema de fondo, no se han definido los protocolos nacionales ni los acuerdos con los Estados ni los recursos para hacerlo”, agrega Encinas: “Llega demasiado tarde”.

“Es un paso fundamental para la búsqueda de personas, pese a que hubo retrasos importantes”, señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una de la organizaciones civiles que participó en la creación del SNBP.

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