Por vulnerar los derechos humanos de petición y a una vivienda digna y decorosa, un juzgado federal llamó al delegado de la Sedatu en Chiapas dar respuesta puntual a una quejosa que solicitó la reconstrucción de su casa, afectada por el sismo de 8.2 de magnitud del 7 de septiembre de 2017.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado 1 de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, resolvió así el amparo 712/2018.
Con base en ello, ordenó al delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responder de manera congruente, completa, inmediata y, sobre todo, fundada y motivada sobre el estado que guarda el trámite realizado por la quejosa, para que reciba el apoyo para la reconstrucción.
A 49 días del primer aniversario de los sismos del año pasado, la agrupación Nosotrxs, que dirige el politólogo José Merino, exigió al jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, transparentar y rendir cuentas de los recursos destinados a la reconstrucción y poner en el centro de sus intereses a los damnificados de la tragedia.
En un pormenorizado reporte sobre la situación que prevalece a la fecha con el dinero y el apoyo a las familias afectadas, la organización civil sostiene que en la actualidad no existe un panorama claro sobre cuánto se ha aprobado, cuánto se ha ejercido y cuánto dinero queda disponible.
“Es alarmante no tener información clara sobre el ejercicio del gasto de los recursos asignados a la reconstrucción. La falta de transparencia y rendición de cuentas de estos dineros públicos, la ausencia de un diagnóstico integral de necesidades para organizar y justificar las asignaciones presupuestales, y la ausencia de reglas claras para el acceso a los recursos públicos han propiciado: dudas sobre la justa utilización de los recursos; desesperación entre damnificados que llevan ya diez meses sin soluciones reales, y un posible escenario donde no se logre reasignar los recursos disponibles a las necesidades más apremiantes, que están sin duda en la reconstrucción de las viviendas”, asegura.
Sobre la opacidad en el ejercicio de los recursos, el informe destaca que la Plataforma CDMX fue incluida dentro de la Ley de Reconstrucción como un instrumento de certeza jurídica para registrar y validar la información de inmuebles, personas y espacios públicos afectados por el sismo, y así, agrega, poder entonces realizar cualquier proceso de reconstrucción.
