Por Redacción/Sin embargo
La CNDH urgió al Gobernador de Sinaloa , Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los presidentes Municipales de esos dos Ayuntamientos, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, reparar el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en los municipios de Leyva y Choix.
Al menos 2 mil 38 personas son víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en la sierra de Sinaloa.
La violencia también se extiende al sector minero de la entidad. Desde 2015 empresarios mineros pidieron seguridad pero no los atendieron. Se han registrado robos, asaltos y ataques contra empleados, así como el cierre de 60 minas en Concordia y Rosario por la inseguridad.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Al menos 2 mil 38 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en la sierra de Sinaloa mientras que las autoridades omitieron protegerlas y vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personas y acceso a al justicia, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo defensor de los derechos humanos urgió al Gobernador de Sinaloa , Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los presidentes Municipales de esos dos Ayuntamientos, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, reparar el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en los municipios de Leyva y Choix.
“Diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros”, mencionó la CNDH en su recomendación.
Para la Comisión Nacional, quedó acreditado que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, “fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia”.
De igual manera, se observó que el desplazamiento forzado generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes.
El 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a la CNDH, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias (mil 475 personas) que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva.
En tanto que el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix. Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.
Tras su investigación, la CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos, sin realizar acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos y, en su caso, la atención y asistencia adecuadas a fin de garantizar sus derechos fundamentales.
REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
La CNDH solicitó al Gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva diseñar e implementar un programa de reparación integral colectiva que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida y puedan reestablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.
También ordenó realizar un censo para confirmar cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012.
Los sistemas DIF estatal y municipales, señaló, deberán implementar un programa de atención para que las personas víctimas de DFI tengan acceso a las ayudas establecidas en la Ley General de Víctimas; diseñar un programa de acceso a la vivienda.
