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Redacción / El Universal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que cumplan su compromiso de otorgar 75 millones de pesos al fideicomiso del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP), porque no hay recursos para pagar a la empresa que brinda protección a 727 beneficiarios.

El organismo indicó que dirigirá oficios a esas dependencias, en los que destaca que las medidas cautelares, administrativas y económicas que protegen a los beneficiarios “tienen como finalidad evitar la producción de daños de difícil o imposible reparación”.

El pasado 19 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz, señalaron que el gobierno federal se comprometía a depositar, antes de finalizar septiembre, 75 millones de pesos al fideicomiso para cubrir las obligaciones de protección durante el resto del año.

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Por Redacción/Animal Político

Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, dice la organización.

La discrecionalidad con la que el gobierno federal maneja los recursos del ramo 23 ha permitido que esa bolsa de dinero público se use para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México Evalúa tras analizar el presupuesto federal de los últimos dos sexenios.

El ejemplo más reciente del uso político de esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad que en el sexenio del priista César Duarte recibió un promedio anual 1,650 millones de pesos, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura la cifra cayó a 70 millones de pesos.

Situaciones similares se vivieron en el Estado de México, Nuevo León o Veracruz, los datos duros muestran que con la llegada del PRI al gobierno federal empezaron a fluir más recursos a esas entidades gobernadas por priistas a través de programas de subsidios federales que están dentro del ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.

“Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo. La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la misma secretaría define, los cuáles en su mayoría no se publican”, dice el reporte Arquitectura del Ramo 23 que presentó este martes la organización México Evalúa.

Además en la revisión del gasto en esos programas la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó entre 2013 y 2016 “una cantidad considerable de irregularidades”, pues no comprobó el uso de 5 mil 943 millones pesos, y el probable daño al erario se estimó en 7 mil 931 millones de pesos.

“Uno de los casos más graves se observó en Veracruz; en 2015 la ASF señaló un presunto daño al erario de más de 3 mil millones pesos vinculado al programa Contingencias Económicas, principalmente por el retiro injustificado de recursos de la cuenta específica del programa”.

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