Redacción/Proceso
La desaparición hace cuatro años de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sentencia Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. A su vez, la activista Grace Fernández critica al gobierno saliente por no atender los reclamos por las desapariciones que se han multiplicado durante su gestión. “Las autoridades no procesan esos 35 mil cuerpos –dice– porque tendrían que explicar la causa de su muerte. Y no quieren hacerlo porque es encontrarse a ellos mismos. A fin de cuentas, la corrupción mata”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto, que fenece esta semana, quedará marcado por la impunidad, corrupción, violencia, pero sobre todo por el presunto involucramiento de autoridades de los tres niveles con los grupos criminales en la violación derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mario Patrón Sánchez, y Grace Fernández Morán, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, coinciden en este dictamen, basados en los datos duros: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad de 98%.
Por separado, ambos defensores consideran que el fracaso de Peña Nieto –quien heredó de Felipe Calderón 103 mil muertos y 26 mil 121 desaparecidos– se explica en parte por mantener una estrategia militarizada para combatir la violencia y por la escandalosa corrupción.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sostiene Patrón Sánchez, cuya organización representa a los padres y madres de las víctimas.
Es revelador, dice, que “la que debió haber sido la investigación más profesional, más cuidada y más transparente, y más a cielo abierto, terminó siendo tachada de ilegalidad”.
Trae a cuenta la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitida en junio pasado, la cual ordenó la creación de la Comisión para la Verdad y Justicia (Caso Iguala) “justo porque el gobierno de Peña Nieto no ha sido independiente ni autónomo ni imparcial”.
