Ciudad de México | Desinformémonos. Defender el medio ambiente, la tierra y el territorio en México sigue siendo una actividad peligrosa y de alto riesgo. Durante el 2020, 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas, reveló el informe “¡Míranos!” publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En la región de América Latina, considerada por la organización la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, la pandemia de Covid-19 agudizó los problemas de violencia y empobrecimiento existentes. Los niveles de violencia alcanzados durante 2019 se vieron superados en el 2020, señalaron, además, el Estado mexicano no ha garantizado derechos como la salud, la integridad y la vida de la población.
“Estas violaciones a derechos están ocasionando una violencia integral a nuestra forma de vida”, advirtió Lady Pech, agricultora de Hopelchén e integrante del Colectivo agrícola de los Chenes, galardonada en 2020 con el Premio Goldman por su trabajo contra los transgénicos en la región.
Durante la presentación del informe, Paola Pacheco, integrante de Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz), señaló que éste “no sólo se queda en la descripción de los hechos, también da un panorama preocupante donde se aportan elementos para la política pública integral, con perspectiva de derechos humanos”. Aseguró que existe una “necesidad de crear mecanismos de protección que no recaigan en una sola institución”.
Ciudad de México | Desinformémonos. Las comunidades de Nahuatzen, Comachuén y Arantepacua, en el estado de Michoacán, han sido objeto de un “proceso sistemático” de criminalización por parte de autoridades municipales, estatales y federales, reveló el Informe de la Misión Civil de Observación “Autonomía y libre determinación en la meseta purépecha”.
En el informe, realizado por Serapaz, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro Vitoria, el Centro Pro y la Red TDT, señalaron las graves violaciones a los derechos de estas comunidades indígenas, lo que ha obstaculizado su derecho a la libre determinación. Además, pudieron constatar patrones de criminalización como ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias contra autoridades comunales y comuneros.
En el informe se denunciaron las violaciones a sus derechos político-electorales, a través de acciones de estigmatización, desacreditación y deslegitimación contra los órganos tradicionales de los gobiernos comunales, así como la falta de reconocimiento y respeto a los sistemas normativos.
Se instruye a las dependencias del Ejecutivo federal a tener una amplia colaboración con la investigación.
“Es un asunto de Estado dar con la verdad. No habrá impunidad”: AMLO
“Que no quede en la firma nada más. Siga caminando con nosotros”, piden familiares al presidente.
Solicitan a ONU y CIDH cooperación y asistencia internacional para llegar a la verdad.
Ciudad de México, 03 de diciembre de 2018. Para las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la emisión del decreto para el fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso, firmado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una nueva etapa de esperanza en la que “se irá construyendo la confianza”.
Tras apelar a su perseverancia y pedir que la mantenga para dar con el paradero de los muchachos, Doña María Martínez, mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez, le pidió a Andrés Manuel López Obrador que siga caminando con las madres y los padres y le señaló que son miles las personas desaparecidas en México. “Estamos acá porque no queremos que ninguna familia pase por todo esto”, señaló.
El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una Comisión Presidencial –coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas- que proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todos las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Estará compuesta por familiares de los normalistas, sus representantes y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, además de expertos profesionales y técnicos.
Foto: centroprodh.org.mx
El titular del Poder Ejecutivo señala en el decreto que toda la Administración Pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias; específicamente, el subsecretario Encinas deberá realizar las vinculaciones necesarias con las dependencias y con el aparato de justicia para la buena marcha de la comisión.
“No habrá ninguna traba para llegar a la verdad”, aseguró el presidente López Obrador, quien reiteró que es un asunto de Estado dar con la verdad pues la misma fortalece a las instituciones y señaló la importancia de que sea el primer acto de gobierno en Palacio Nacional del nuevo sexenio. Las familias pidieron que no se les nieguen las audiencias necesarias y se les trate con humanidad.
El decreto –que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor un día después- indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento “sin obstáculos” de la comisión; mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de realizar los convenios necesarios con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso.
El Presidente de la República aclaró que la Comisión Presidencial que incluye el decreto no es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Esta última deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República – como ente autónomo- o, en su defecto, por la actual Procuraduría General de la República. Sin embargo, el decreto sí instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a efecto de asegurar su creación.
Además, al instruir a todos los organismos y dependencias a facilitar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos, el decreto recuerda que la información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos no puede ser reservada e instruye a que se implementen medidas de protección y beneficios para las personas que ofrezcan información relevante.
Mientras que Alejandro Encinas sostuvo que la emisión del decreto es el inicio de una política de Estado “con las víctimas al centro”, las familias resaltaron: “sabemos que con la firma de este documento no quiere decir que todo está solucionado, por eso pedimos que no nos dejen solos”.
Los representantes de las familias adelantaron que, a partir del 5 de diciembre, se dialogará con la CIDH la asistencia técnica, específicamente con personas expertas del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
GINEBRA (apro).- Rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) de México por el Consejo de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas llevaron hasta la sede de la ONU la voz de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y describieron ante la comunidad internacional una cruda y sombría fotografía de la situación en el país.
Foto: Twitter @Asilegal_df
El propósito de su paso por Ginebra es sensibilizar a los estados que evaluarán el récord de derechos humanos de México con la finalidad de que le extiendan recomendaciones acordes a la magnitud de la problemática que se vive a lo largo del territorio mexicano, ya que en el foro del Consejo de Derechos Humanos la eficacia de los diplomáticos nacionales ha logrado minimizar la grave situación por la que atraviesa el país.
Impunidad el eje central de la crisis
En la pre sesión del EPU cada uno de los representantes de miles de víctimas en México fue describiendo con datos, cifras, estadísticas, casos, las violaciones de derechos humanos a la que se enfrentan miles de víctimas, coincidiendo todos en que la impunidad es el eje central “que perpetúa la crisis en México’’.
De ahí que los representantes de REDTDT, Serapaz, CAMMI, Artículo 19, AsiLEGAL, MEXFAM, coincidieron en el llamado a la comunidad internacional para que recomienden a México en el próximo EPU un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad adaptado a las necesidades y problemática del país e inspirado en un modelo similar al de la CICIG de Guatemala.
Para quien no está familiarizado con el sistema del EPU, consiste en que los 193 estados que forman parte de la ONU, incluyendo los miembros del Consejo de Derechos Humanos, se someten cada cinco años al escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en su territorio y los gobiernos extienden sus recomendaciones las cuales son aceptadas de manera voluntaria por el estado examinado.
Al tomar la palabra Zué Valenzuela de la Red TDT subrayó que el problema nodal en México es “la impunidad casi absoluta’’. Especialmente en lo que se refiere a defensores de derechos humanos con 130 asesinados en este sexenio y “ninguna’’ sentencia.
Además del mecanismo internacional contra la impunidad, pidió a los estados presentes que recomienden al Estado mexicano derogar Ley de Seguridad Interior, crear un modelo profesional sobre seguridad pública y una Fiscalía autónoma que sirva.
En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Emiliano Pensamiento / Cencos
Antes del mediodía de este 30 de agosto, cuando el sol casi llegaba a su punto, siluetas de cartón de personas sin rostro fueron colocadas en el Monumento a Cuauhtémoc, en la capital del país. Padres, hermanos, hijos y amigos las llevaron ahí en representación de quienes aman: personas que un día salieron de casa y no volvieron más. Desaparecieron.
Es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La conmemoración ha reunido a decenas de familiares y organizaciones sociales para recordar a la administración peñista, ya cerca de su fin, que ellos continúan vigilantes, exigentes, heridos; pues todos, algunos más tiempo que otros, han buscado incesantemente saber algo de sus seres queridos. Hay quienes han enterrado sus uñas en la tierra para encontrar, de menos, una pista o un hueso que les lleve a quien quieren.
“Vivo o muerto lo queremos”, decía uno de los muchos letreros elaborados por los familiares, que pendía de una de las siluetas color negro.
Al mes de abril de este 2018, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportó 37 mil 435 personas no localizadas, de las cuales no existe claridad sobre cuántas corresponden a personas no localizadas, cuántas a extraviadas, a desaparecidas o a víctimas de desaparición forzada.
Pero para los familiares que se reunieron este agosto bajo un ardiente sol no hay distinción: el común es la ausencia, la espera, la incertidumbre sobre el destino de los suyos y la respuesta deficiente -si es que se las dio- de un Estado que no les ha garantizado su presentación con vida. Por eso se pronuncian una vez más.
“Este día es, por una parte, un momento para recordar solemnemente y solidarizarnos con quienes han sido víctimas de esta práctica ignominiosa, contraria a la dignidad humana y que implica la negación absoluta de todos los Derechos Humanos; pero también es una fecha que confronta y que cuestiona”, dijo ante los asistentes Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Confronta, porque el tiempo sigue pasando y todavía no se han generado las condiciones adecuadas para dar la debida atención a esta problemática, lo cual refleja, en los hechos, falta de interés y voluntad de diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición lleguen a todos los casos”.
La voz de Eslava reflejaba indignación. Terminado su mensaje, Yolanda Morán, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y quien desde hace una década busca a Dan Jeremeel, su hijo, realizó el pase de lista de hombres, jóvenes y mujeres de quienes aún no se sabe nada.
“Daniela Mabel Sánchez Curiel”, gritaba al micrófono Yolanda. “¡Presente!”, respondían todos. “Benjamín Ulises Medina Orozco… Ángel Gabriel Tobón… Abril Selene Calvillo Rodríguez… Juan Serafín Hernández… Cristóbal Jiménez Granados… Lizbeth Hernández Cervantes… Gonzalo Garduño Núñez…”
Al micrófono, Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH. Foto: Paola Ramos / Cencos
La lista es interminable y hiere a familias en todos los rincones del país. Las más, en Tamaulipas, con 6 mil 131 víctimas, seguidas de las originarias del Estado de México, con 3 mil 918 casos; Jalisco, con 3 mil 362 casos; Sinaloa, con 3 mil 27 casos y Nuevo León, con 2 mil 895.
Estos se encuentran entre los 36 mil 265 casos del fuero común, es decir, responsabilidad de instancias de justicia estatales. En lo que respecta al fuero federal, cuya investigación se realiza desde la Procuraduría General de la República (PGR) se trata de mil 170 casos.
En repetidas ocasiones familiares han insistido con que sus desaparecidos no son cifras. Son personas con rostros, sueños, futuro y familias. Este jueves lo hacen una vez más de forma simultánea en al menos una decena de entidades del país, con eventos como el que se realiza sobre el emblemático Paseo de la Reforma.
“Hemos encontrado miles y miles de restos, que para nosotros son tesoros que estamos sacando de debajo de la tierra (….) Pero tenemos que obligar al gobierno a que le dé identidad a esos restos que estamos sacando”, dijo durante su intervención María Herrera Magdaleno, mamá de cuatro desaparecidos y fundadora de Familiares en Búsqueda María Herrera A.C.
“Se necesita la buena voluntad, se necesita poner todo el corazón y todas las estrategias que ellos tengan a su alcance (…) no es justo que más bien la gente de la sociedad esté haciendo este trabajo”, reprochó.
El sol no cesaba. Las siluetas negras se duplicaban al hacer sombra.
Uno tras otro se pronunciabna por los suyos y en cada voz había rabia, por un Estado indolente; fuerza, por una búsqueda incesante; esperanza, por un ser al que esperan; y dolor, que nunca se irá hasta dar con su paradero.
“El mismo dolor saca el coraje, entonces eso es lo que nos tiene aquí (…) la única forma de sentirse menos mal por no tener una parte de su vida es justamente el salir a expresar ese dolor, esa indignación y convertirlo en lucha”, sostuvo Grace Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, hija de Yolanda Morán y hermana de Dan Jeremeel.
“Se les olvida que buscamos a personas que tienen familias que los aman y eso es los que nos mantiene con la esperanza de encontrarlos un día… con vida… pero si Dios decide que sea otra cosa lo importante es encontrarlos, castigar a los responsables y evitar que esto siga sucediendo”.
Se fueron ellos y se quedó el sol. El mismo que hoy tal vez abraza a sus desaparecidos, dondequiera que estén.
Comunidades reclamaron a la SCJN su derecho a participar en toma de decisiones de temas medioambientales y megaproyectos. Foto: Twitter PODER
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente entregaron hoy un Amicus Curiae a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora para participar y decidir sobre la ampliación de una presa de jales de Grupo México.
El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.
Comunidades afectadas por megaproyectos, encabezadas por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco) se reunieron hoy fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.
El acto público se dio en el marco del próximo fallo de la SCJN al amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora, referente al derecho que tienen las comunidades aledañas a los ríos Bacánuchi y Sonora de participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México.
La manifestación contó con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil y pueblos en defensa de la tierra y el territorio. Foto: Twitter ProDESC
Las comunidades están expectantes, ya que se prevé que la Suprema Corte emita el fallo el próximo miércoles 22 de agosto. El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la Suprema Corte consideraciones legales sobre dicho derecho que es de sumo interés para la sociedad. La participación ciudadana en las políticas publicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa, junto con CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz.
Para Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, la Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para “poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.
El Amicus Curiae, como el presentado este lunes ante la SCJN, es un recurso que busca exponer opiniones y/o informaciones que podrían ser trascendentes en la resolución del juzgador.
