Ciudad de México | Desinformémonos. Activistas y organizaciones marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado para exigir a los legisladores que no aprueben la iniciativa que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y aseguraron que “la militarización no es la solución”.
Con consignas como “senador, senador, no traiciones a la nación” y “Obrador, Obrador, ya pareces Calderón”, cientos de personas protestaron para que que los senadores rechacen la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
Al llegar al Senado, realizaron pintas con frases como “asesinos” y “su guerra, nuestros muertos” sobre la galería fotográfica que se exhibe a sus alrededores, en la que se exponen las actividades que las fuerzas armadas realizan en el país.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch (HRW) se han pronunciado contra la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguran que representa una “grave amenaza” para los derechos humanos.
La discusión en el pleno sobre la extinción de 109 fideicomisos se extendió a la madrugada de este miércoles; su eliminación se da pese a los reclamos de activistas y la oposición.
Bancada del PRI en el Senado. Foto tomada de Animal Político
El Senado de la República en México aprobó este miércoles en lo general y en lo particular la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos cuyos recursos atienden temas relacionados con ciencia, víctimas de la violencia, protección de defensores y periodistas amenazados, tecnología, cultura, deportes, cambio climático y desastres naturales, entre otros.
Tras una sesión de más de 12 horas y que inicio el martes en la noche, los senadores emitieron 64 votos a favor, 39 en contra y 0 abstenciones en los términos y los artículos reservados y los artículos transitorios del dictamen para desaparecer los fideicomisos.
Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, llamó al Estado mexicano a garantizar los recursos y fondos adecuados para la protección de los activistas, pues “su vida puede depender de ello”.
Lo anterior en referencia a las medidas que se encuentran actualmente ante el Senado sobre la extinción de fideicomisos relativos a garantías fundamentales, entre ellos el del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
En un posicionamiento emitido desde Ginebra, Suiza, la experta de la ONU refirió que la voz de los defensores de las garantías fundamentales debe ser escuchada en cualquier decisión sobre políticas que se refieran o afecten su protección y la capacidad de continuar con su legítima labor en materia de derechos humanos; por lo que alentó al gobierno de México a seguir adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio en en país.
Colectivos de víctimas, exbraceros y científicos protestaron en el Senado contra la eliminación de fideicomisos; legisladores prometieron que atenderán sus inquietudes.
Foto: Twitter @article19mex
De acuerdo con reportes del diario Reforma, esta mañana los grupos intentaron bloquear los accesos al Senado, pero elementos de seguridad del recinto lo impidieron.
Con consignas como “Asistencia y reparación integral a las víctimas”, y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, colectivos de diferentes estados del país señalaron a los legisladores que con la eliminación de los fideicomisos no habrá garantía de que los recursos públicos para atenderlas serán utilizados para lo que fueron etiquetados.
Por su parte, representantes del movimiento de exbraceros expresaron que no entienden de dónde sacan los legisladores que los fideicomisos están corrompidos, cuando ni siquiera se ha pagado a todos los extrabajadores.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Senado que no se apruebe la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, ya que se ha identificado que esa práctica es contraria a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal, a un juicio justo, con debido proceso y garantías judiciales. Pese a ello, ayer quedó en primera lectura.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hizo llegar al presidente del Senado, Martí Batres, y a los ocho coordinadores parlamentarios, una carta en la que manifiesta su profunda preocupación ante la intención de expandir el uso de la prisión preventiva automática en México.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), envió la misiva del Grupo de Trabajo al Senado a propósito de la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, que se aprobará esta semana.
Dicha reforma amplía el listado de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa (automática) e incluye los siguientes: violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, corrupción y desaparición forzada de personas, y desaparición entre particulares.
Con 72 votos a favor y 46 en contra, avanzó la reforma que establece la figura de los súperdelegados y la Secretaría de Seguridad; tras críticas de activistas, fue eliminado de la minuta que provenía de Diputados el punto de que Segob sería la encargada de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.
Foto: www.senado.gob.mx
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y además establece una rediseño de diversas dependencias y secretarías del gobierno entrante.
En la sesión ordinaria de este jueves, se aprobó por 72 votos a favor en lo general y 46 en contra la reforma que crea la figura de los coordinadores estatales de programas sociales, conocidos como súperdelegados; además, la Cámara Alta eliminó un punto criticado por activistas, respecto al papel de la Secretaría de Gobernación sobre los medios públicos.
Oposición critica a los súperdelegados
En cuanto a los “súperdelegados” en los estados, se aprobó que tengan a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.
El PRI, al respecto, criticó que los llamados súperdelegados serán, en la práctica, operadores electorales.
“La idea de los súperdelegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos”, criticó el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.
“No queremos un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada”, señaló el senador panista Mauricio Kuri.
El Senado discutirá este miércoles la aprobación de una nueva propuesta de la Ley de Seguridad Interior que modifica 9 de los 34 artículos del dictamen aprobado por los diputados la semana pasada, entre ellos el relacionado con la “clasificación” de toda la información generada por esta ley, y la condición de que las marchas tendrían que ser pacíficas para que no representara una amenaza a la seguridad.
Sin embargo organizaciones civiles que han hecho un seguimiento puntual de la evolución de esta ley, agrupadas en el colectivo “Seguridad Sin Guerra” (#SeguridadSinGuerra), advierten que son cambios “cosméticos” que no modifican el fondo de esta norma que desde su punto de vista es inconstitucional, no solo porque involucra a militares en temas de seguridad pública, sino porque faltan controles y priva la opacidad.
Se prevé que este miércoles las comisiones unidas en el Senado analicen el dictamen. En caso de aprobarlo este tendría que regresar a la Cámara de Diputados dado que ya se le hicieron modificaciones y sería los diputados quienes de vuelta tendrían que analizarlo y aprobarlo para que, entonces sí, pueda ser abordado por el pleno del Senado y no solo por comisiones.
A continuación se describen las modificaciones planteadas por el Senado y la opinión de las organizaciones.
Artículo 1
El dictamen del senado elimina de este artículo el enunciado que consideraba de forma genérica que “todas las disposiciones de la presente ley son materia de seguridad nacional”. En lugar de eso incluye una señalamiento más específico: “Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior”
El colectivo “Seguridad sin Guerra” considera que esto no es suficiente para atender el tema de inconstitucionalidad en el que cae el Senado, pues recuerdan que el problema es más profundo toda vez que el artículo 21 de la Constitución establece que los temas de seguridad pública son facultad de las autoridades civiles, y no de militares como lo contempla la Ley que se pretende aprobar.
Artículo 7
En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados este artículo señalaba que los actos realizados por las autoridades militares y federales en el contexto de una declaratoria de intervención en un estado “deben preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos”.
El dictamen modificado por el senado cambia “preservar” por las palabras “respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos y añade que esto deberá hacerse de acuerdo con “lo dispuesto por las Constitución y tratados internacionales”.
Además el dictamen del Senado elimina el segundo párrafo de este artículo que hacía referencia a la suspensión de derechos en casos de perturbaciones graves a la paz pública.
De acuerdo con el colectivo “Seguridad Sin Guerra” esos cambios “son insuficientes pues no se genera ningún control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos, que fue lo que se propuso por académicos y organizaciones”.
