Prospera y el Seguro Popular, programas clave del gobierno federal para abatir la pobreza, disminuir el rezago educativo y llevar seguridad social a toda la población, carecen de indicadores que prueben realmente el impacto positivo de su funcionamiento. Además, presentan un déficit en cobertura lo que deja a sus posibles beneficiarias sin recibir apoyo.
Así lo advierten las evaluaciones de desempeño practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a estos dos programas financiados con recursos públicos, pero cuya contribución en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población es, en el mejor de los casos, “dudosa”.
En el caso de Prospera, las auditorías practicadas detectaron problemas de raíz en sus tres componentes: alimentario, educativo y de salud.
En cuanto al componente alimentario la auditoría destaca que en 2017, se destinaron 37 mil 832 millones de pesos en subsidios para la alimentación de seis millones y medio de familias en condiciones vulnerables, con lo que creció la cantidad de familias beneficiadas.
Sin embargo, dado que el programa no está diseñado para ser un simple apoyo asistencialista sino proporcionar una alimentación de calidad que a su vez contribuya al desarrollo de la familia, se requieren parámetros que permitan revisar si esos objetivos se están alcanzando, lo que no existe hasta el día de hoy.
