Legisladores presentan iniciativa contra ley de seguridad; es insostenible y no es solución, dice Durazo

Redacción/Animal Político

Resaltaron que podría ser posible derogarla con la mayoría legislativa de la bancada de Morena, que ya tiene mayoría en el Congreso, además de que eliminar esa ley fue una de las promesas de campaña del partido.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Senadores y diputados federales de diversos partidos presentaron este jueves iniciativas para abrogar la Ley de Seguridad Interior, e impulsar un nuevo modelo ciudadano que no contemple la participación de las Fuerzas Armadas.

Ante ello, Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expresó en Twitter que la Ley de Seguridad Interior aprobada, “como la conocemos”, es “insostenible” y no es una solución para la situación de violencia en el país.

“El Presidente Electo prometió desde campaña una revisión a la Ley, pues aunque fue planteada como una solución, no lo es. Como lo dijo entonces: La Ley, como la conocemos, es insostenible.

Me da gusto que el grupo de legisladores y activistas que hoy hacen esta solicitud, estén en sintonía con lo que hace meses hemos venido diciendo. Este gobierno electo no solo recoge las observaciones que hace este grupo, sino que las integrará a todas aquellas que hicieron los legisladores de Morena, que en su momento interpusieron un recurso de inconstitucionalidad”, agregó.

Algunos legisladores que forman parte de la organización Ahora, encabezados por Emilio Álvarez Icaza, destacaron  la importancia de que se abrogue la ley, y resaltaron que podría ser posible con la mayoría legislativa de la bancada de Morena, que ya tiene mayoría en el Congreso.

Además, recordaron que eliminar esa ley fue una de las promesas de campaña del partido.

“En la legislatura anterior, siendo minoría, Morena rechazó la aprobación de la Ley. Hoy son mayoría, momento único para la abrogación”, señalaron.

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Aval a Ley de Seguridad Interior “petrifica” la situación de violencia y abuso a derechos: ONU-DH

Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso

Por Redacción/Proceso

El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, Jan Jarab, alertó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “petrifica” la situación de violencia y violaciones a derechos humanos.

Puntualizó que no sólo desde la visión de derechos humanos, “sino de la misma perspectiva de pura seguridad”, los resultados de los últimos diez años de guerra contra el narcotráfico “son tristes”.

“Si se aprueba algo que va a petrificar el estatus quo, podemos esperar que los años que vienen van a ser como la realidad actual, y nuestra valoración de la realidad actual es muy preocupante, nos urge pensar en alternativas de una salida gradual de las Fuerzas Armadas, pero también de fortalecer policías, que ya se ha dicho muchas veces, pero no ocurrió, pues no se fortalecieron suficientemente”, puntualizó el representante de la ONU.

Entrevistado al término de su participación en la 13ª edición del informe “La infancia cuenta”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Jarab señaló que, en opinión de la oficina de derechos humanos de la ONU (ONU-DH), lo que “se necesita es una verdadera evaluación de cómo funcionó por diez años la estrategia (de militarización de seguridad pública), y que quienes quieren continuar con ella o legislar para que continúe, expliquen por qué están convencidos de que funcionó”.

Jarab llamó a reflexionar con las cifras de homicidios, que antes de que el expresidente Felipe Calderón lanzara la “guerra contra el crimen organizado”, se encontraban en los niveles más bajos históricamente, y después de la militarización de la seguridad pública los niveles de violencia se dispararon.

“La pregunta que queda es si los resultados tristes, el índice de homicidios que tenemos hoy, es un argumento para seguir haciendo lo mismo, y seguir con esta estrategia. Se necesita una reflexión sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en el modelo de seguridad actual”, insistió el representante de la oficina de la ONU-DH.

Jarab recordó que los mecanismos de derechos humanos de la ONU, empezando por los dos últimos representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Louise Arbour y Zeid Ra’ad Al Hussein, en sus visitas a México, advirtieron de los riesgos de la militarización de la seguridad pública, y recomendaron el regreso gradual de los militares a los cuarteles.

Sin embargo, puntualizó, “desde 2006 se multiplicaron varias graves violaciones de derechos humanos y, desde esta perspectiva, el modelo actual de seguridad es muy preocupante este paradigma de guerra contra crimen organizado”.

Agregó que la recomendación que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos es que “lo se necesita más bien es una reflexión sobre una posible salida de este paradigma y dar más fuerza a las policías a varios niveles”.

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Detenciones militares y espionaje, lo que está en juego con la Ley de Seguridad Interior

Foto: Facebook Enrique Peña Nieto

Por Redacción/Animal Político

Los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior que reglamenta la intervención de las fuerzas federales y armadas en los estados del país, cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones (seguridad interior) se vea comprometida, y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas.

La ley compuesta por 34 artículos (que aún debe pasar el filtro de la aprobación del Senado) establece de forma general en qué situaciones intervendrán las fuerzas federales y armadas en un municipio o entidad, así como el método por el cual se aprobaría. En todos los casos, la decisión será facultad del Presidente de la República sin necesidad de aprobación del congreso.

Pero además, la ley incluye otros elementos importantes como la clasificación de la información reservada en estas acciones, la posibilidad de realizar acciones de espionaje, la condición de que las marchas sean “pacíficas” para que no se les considere una amenaza, y efectuar detenciones con la policía.

Animal Político te presenta 13 puntos clave de esta ley:

¿Qué es la seguridad interior y cuándo está amenazada?

El artículo 2 de la nueva ley establece que la seguridad interior es “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad”.

Ésta se verá amenazada (según la propia ley) en situaciones que se originen dentro del país, por ejemplo, hechos que impidan combatir a la delincuencia organizada o actos de terrorismo, así como por emergencias o desastres naturales, epidemias, o cualquier fenómeno que afecte las capacidades de estados y municipios en temas de seguridad nacional (sin especificar cuáles).

¿Qué es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior?

El artículo 4 define que es la orden del Presidente que “habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior”.

La Declaratoria es un requisito indispensable para que se autorice la intervención federal y militar en un estado, aunque el artículo 6 establece que las fuerzas armadas pueden implementar por su cuenta (sin declaratoria) acciones para prevenir o atender “riesgos” identificados en la Agenda Nacional de Riesgos.

Cabe señalar que la Agenda Nacional de Riesgos está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional y por ser de ese ámbito, su contenido es clasificado como reservado.

Derechos humanos: respeto y suspensión

El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente que todos los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior deben respetar los derechos humanos sin excepción.

Solo en casos de graves perturbaciones a la paz pública o cualquier incidente que represente un riesgo grave se podrá autorizar la suspensión de derechos, de acuerdo a lo que ya está previsto en el artículo 29 de la Constitución.

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