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Por Redacción/ Proceso

Hoy 28 de abril se cumplen cinco años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. En un principio, Javier Duarte se mostró dispuesto a investigar a fondo el crimen, pero las indagatorias se empantanaron. Luego vinieron las intimidaciones a los comunicadores de la entidad, incluido el reportero de este semanario coadyuvante en la investigación, Jorge Carrasco, y contra toda la labor de seguimiento informativo desplegada por la revista en el estado sin ley de Javier Duarte.

Javier Duarte se convirtió en referencia de pesadilla para el periodismo en Veracruz.

Para su gobierno, la muerte de periodistas de la entidad tuvo que ver sobre todo con la delincuencia organizada o con sus vidas personales. Nunca consideró siquiera la posibilidad de que esas muertes se hayan derivado del ejercicio crítico del periodismo hacia su gestión y de la descomposición de la vida pública local.

Proceso padeció directa y repetidamente esa descomposición. Nunca había sido tan agraviada. El asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez, perpetrado el 28 de abril de 2012, fue el primero y gran daño que tuvo bajo la gestión duartista.

Un año después, el reportero que por parte de este semanario investigada el homicidio, Jorge Carrasco, fue amenazado. Y en julio de 2015 ocurrió el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, también colaborador de la revista, en la Ciudad de México. Él salió de Veracruz por temor a que se cumplieran amenazas en su contra y había sido insistente en la exigencia del esclarecimiento del crimen de Regina.

La administración de Duarte siempre intentó mostrarse afectada por esos hechos. Durante su gestión el propio gobernador buscó a la directiva del semanario para deslindarse en los casos que involucraban directamente a sus periodistas. En una ocasión incluso llegó a las oficinas de la revista en la Ciudad de México acompañado por su asesor José Murat, el exgobernador de Oaxaca.

Fiel a sí mismo, quiso tratar al semanario y a sus periodistas como lo hacía con la prensa que compraba. No entendía de otra manera al periodismo. Hace cinco años, cuando los directivos de la revista, impactados por el asesinato de Regina, fueron a la casa de Gobierno en Xalapa para pedirle cuentas, Duarte intentó la lisonja, el derroche y la ostentación ante la tragedia.

Desde la noche del sábado 28 de abril, cuando Proceso confirmó el homicidio de su corresponsal, cometido en las primeras horas de ese día, Duarte acordó el encuentro con los directivos del semanario al día siguiente en la entidad, pactado para la mañana del domingo 29.

Fueron horas perdidas entre la llegada al aeropuerto de Veracruz y la salida hacia Xalapa. Después de la larga espera, mandó helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el traslado, pese a la insistencia de viajar por carretera, a sólo poco más de una hora de camino.

A la salida del aeropuerto de Xalapa, una camioneta blindada, escoltada por dos más, llevó a los periodistas a la residencia de los gobernadores de Veracruz, que Duarte se había encargado de ampliar con la compra de las construcciones vecinas porque, decía, la que heredó de Fidel Herrera, su mentor, resultó pequeña para el tamaño de su ambición.

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