Etiqueta: Secretaría de la Defensa Nacional

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#EjércitoEspía: en 2019, la Sedena pagó 60 mdp a la empresa que vende el software Pegasus en México

Imagen: Twitter @R3Dmx

 

 

Nayeli Roldán/Animal Político

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo dos pagos a Comercializadora Antsua, uno por 46.4 millones de pesos y otro por 13.6 millones, de acuerdo con información revelada por el grupo de activistas Guacamaya.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 60 millones de pesos a la compañía Comercializadora Antsua, SA de CV, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group —la empresa israelí desarrolladora del software de espionaje Pegasus—, por dos contratos de adjudicaciones directas realizadas en 2019. 

Así lo revelan documentos relacionados con estos contratos —contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo de hacktivistas Guacamaya—, que la dependencia había ocultado pese a solicitudes de información e incluso peticiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el proceso de auditoría que el órgano fiscalizador le practicaba en septiembre de 2021. 

Ambas contrataciones fueron por el “servicio de monitoreo de información remota” y, según los documentos, los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.

Este domingo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que un periodista de Animal Político, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fueron espiados a través de la infección de sus teléfonos con el software Pegasus, mientras realizaban investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas. 

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México: El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

ONU-DH México

GINEBRA (9 de septiembre de 2022) – La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.

“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.

Ella recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.

“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”, dijo.

La Alta Comisionada interina señaló que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.

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La violencia sexual en el Ejército mexicano: silencio y cifra negra

Carlos Carabaña/mexico.com

La Sedena reporta 121 quejas por comportamientos sexuales dentro del ejército mexicano en los últimos tres años, pero hay una cifra negra de abusos

Adán Vega/mexico.com

A principios de abril, el cadáver de la soldado Brenda Orquídea Matus Chacón, de 26 años, apareció flotando en una presa en Chiapas. Tras una salida de fiesta en un día franco, su cuerpo fue encontrado con un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte, pero sin agua en pulmones ni estómago, lo que descartaba un ahogamiento. Es decir: a Brenda la asesinaron.

Pocos días después, otros dos militares de mayor rango, Agustín “N” y Juan Antonio “N”, fueron detenidos por este presunto feminicidio. Según la prensa local, intentaron violarla y, al resistirse, la asesinaron y arrojaron a la presa. Las pertenencias de la mujer fueron halladas en la cajuela del carro de uno de los acusados.

mexico.com preguntó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de las quejas recibidas por comportamientos sexuales dentro de la institución y las averiguaciones previas que la Fiscalía General Militar ha abierto por este tipo de casos.

En 2016, 2017 y 2018, se registraron 121 quejas, de las que 56 fueron hostigamiento, 35 por abuso, 25 por acoso y 5 por violación. Entre las víctimas, 102 eran militares y 19 civiles.

Las víctimas fueron 118 mujeres y 3 hombres.

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Movimiento de Desaparecidos alerta a la CoIDH sobre el “uso político” que gobierno mexicano da a ley en la materia

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el “uso político” que el Estado mexicano ha dado a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En un amicus curie que envió a la CoIDH, el Movimiento detalló que entre las condiciones con las que se aprobó dicha legislación se cuenta “el impulso de las familias y no el resultado de la voluntad política o debida diligencia del Estado”.

El pasado 13 de mayo, el Movimiento -integrado por 55 colectivos de familiares de desaparecidos, 35 organizaciones civiles de 18 entidades federativas y tres países de Centroamérica- remitió a la CoIDH un amicus curie en el contexto del litigio que se sigue contra México en el tribunal regional por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido Alvarado, ocurrida en diciembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano.

Los integrantes de la familia Alvarado fueron detenidos por elementos del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y, pese a que persisten elementos de la autoría castrense en el caso y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se confirmó la participación militar, ante la CoIDH el Estado mexicano ha negado su responsabilidad.

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Se desconoce en qué se gastaron más de 1,000 mdp del nuevo aeropuerto de la CDMX: Auditoría

Por Redacción/Animal Político

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, como pagos en exceso a contratistas, o servicios que no se comprobaron con documentación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y gastos sin aclarar en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) por un monto de mil 002 millones de pesos.

En la tercera etapa del informe de la Cuenta Pública 2016, que se presentó el pasado martes 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la ASF realizó siete auditorías al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México SA de CV, la empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar esta infraestructura.

En los siete informes –seis de inversiones físicas y uno de gasto y cumplimiento financiero-, la ASF señaló que durante la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, cuya primera fase está previsto que termine en 2020, se han cometido irregularidades como pagos en excesos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social, servicios que no se comprobaron con documentación, la formalización de convenios fuera de tiempo, o pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.

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Ejército y Marina en las calles coincide con más violaciones a DDHH, registran especialistas

>Por Redacción/Sin embargo

La expansión de las operaciones de la Marina y el Ejército en las labores de seguridad coincide con el incremento en las quejas por violaciones a los derechos humanos, resaltaron este día organizaciones de la sociedad civil y expertos.

Señalaron que pese a que estos cuerpos de seguridad aumentaron sus operativos, sus bases de operación, así como el presupuesto que se les asigna cada año. El resultado son niveles históricos de violencia.

Hasta hoy, dicen, no hay indicios de cuándo puedan un regreso a los cuarteles debido a que las fuerzas de seguridad nacional que se prometieron al inicio del sexenio -como la Gendarmería- no fueron reforzadas.

Ciudad de México, 25 octubre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron que los violaciones a los derechos humanos aumentaron con la militarización de las labores de seguridad al interior del país y lamentaron que las administraciones federales y locales dejaron de lado el fortalecimiento de las instituciones civiles en la materia.

En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto – años de la llamada guerra contra el narcotráfico- ya se presentaron más de 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.

En este mismo lapso, las operaciones de la Secretaría de la Marina (Semar) en contra del crimen organizado aumentaron 156 por ciento en los últimos diez años: entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de esta dependencia y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a 22 mil 473, de acuerdo con datos contenidos en el libro “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”, presentado durante la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’.

Otro dato más que resaltó el texto es que en la década que comprende los años 2007 a 2017, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creció en 115 por ciento, al pasar de 32 mil 200 millones de pesos a 69 mil 407 millones, detalla el mismo libro.

En el evento, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), señaló que los datos muestran una estrategia que ha privilegiado el corte militar y no la institucionalidad civil, “lejos de haber una política pública y decisiones de Gobierno, asociadas con el fortalecimiento de instituciones civiles, ha habido decisiones políticas que han terminado por fortalecer la presencia de las fuerzas armadas en el territorio nacional”.

Patrón resaltó que también ha habido un incremento de las bases de operaciones mixtas entre policías y Ejército, ya que “en el 2012 estaban desplegadas en 19 estados. Para 2016 ya se habían extendido a 24 entidades. Lo que representa el 75 por ciento del territorio nacional”.
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El Gobierno mexicano declaró secretos los contratos sobre el ‘software’ del espionaje a periodistas

Foto: Unsplash.com | Luca Bravo


Por Redacción/ El País

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado las acusaciones de espionaje hechas este lunes por un grupo de periodistas ccríticos y defensores de derechos humanos. En una escueta carta dirigida a The New York Times, el diario que publicó cómo se intentaba contagiar móviles con el malware Pegasus para robar información, la presidencia señaló que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”. La carta firmada por Daniel Millán, director general de medios internacionales de la presidencia de México, señala que el Gobierno condena “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.

Sin embargo, tres agencias gubernamentales mexicanas han dejado rastro de haber comerciado con NSO Group, la empresa israelí de ciberseguridad que vende el programa Pegasus principalmente a Gobiernos. Ellas son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) el órgano que concentra todo el aparato de inteligencia e información clasificada en México.

El periódico Reforma publicó en septiembre de 2016 que la Fiscalía mexicana había comprado el sistema Pegasus por 15 millones de dólares. La compra habría sucedido entre 2014 y 2015, durante el periodo de Jesús Murillo Karam, el polémico procurador encargado de dirigir la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Las autoridades habrían buscado el malware para utilizarlo como herramienta en la guerra contra la delincuencia organizada.

La PGR se ha negado a responder con claridad si ha firmado contratos con NSO Group, la empresa que comercializa Pegasus. El otoño de 2016, activistas digitales preguntaron oficialmente a la Fiscalía qué servicios había adquirido a la firma israelí. La respuesta oficial fue ambigua. “La Agencia de Investigación Criminal [un área de la PGR] localizó la información solicitada… la misma constituye información clasificada como reservada”, fue la respuesta de la PGR, contenida en el informe Gobierno espía realizado por la Red de Defensa de Derechos Digitales. La información será pública hasta dentro de cinco años, en 2021.

Pero los vínculos entre el Gobierno mexicano y NSO Group pueden ser rastreados antes. En enero de 2014, una filtración de correos de la firma italiana Hacking Team, la competencia de NSO, reveló que los empleados del Cisen ya conocían el programa de infección de teléfonos móviles. Esto fue informado por el ingeniero Sergio Rodríguez Solís a sus jefes tras visitar el centro de espionaje. “Se quejaron de por qué nosotros no tenemos vectores de infección que no requieren interacción del usuario como NSO tiene”, escribió en un correo el empleado de Hacking Team. La comunicación asegura que los espías del gobierno mexicano habían probado el software en varios móviles de diferentes sistemas operativos como Android, BlackBerry, iOS.

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PGR investiga a 30 militares por el enfrentamiento en Palmarito, Puebla; ninguno está detenido

Por Redacción/ Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un enfrentamiento contra presuntos ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, hechos en los que murieron diez personas, entre ellos cuatro soldados, 12 más resultaron heridas y nueve detenidas.

La indagatoria de la PGR contra los militares es por posibles irregularidades graves en que pudieron haber incurrido uno o varios de ellos, luego de que un video editado difundido en internet muestra a uno de los elementos presuntamente disparando en la cabeza a un civil que estaba rendido en el suelo.

Autoridades federales indicaron que ninguno de los elementos de la Sedena está por ahora detenido ni suspendido de sus funciones y que será en los próximos días cuando se solicite su comparecencia ante el Ministerio Público para que rindan una declaración ministerial. Posterior a ello se tomarán las determinaciones que correspondan.
Los soldados que están bajo investigación son los que participaron operativamente en el despliegue realizado la noche del 3 de mayo en Palmarito, como parte de una acción para combatir el robo de combustible, específicamente el aseguramiento de una toma clandestina.

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Sedena niega acceso a reportero de La Jornada

Por Redacción/ La Jornada

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó ayer el acceso al reportero de La Jornada Jesús Aranda a la ceremonia de inauguración del Congreso internacional de obesidad y diabetes, que se realizó en el Centro Militar de Ciencias de la Salud.

Al filo de las 10 de la mañana, momentos antes de abordar el autobús que llevaría a los representantes de la prensa del estacionamiento de la Sedena al sitio del congreso, un oficial de la Dirección de Comunicación Social se acercó al informador y le dijo que no podía subir a la unidad porque ‘‘no había sido invitado’’ por la dirección a cargo del general brigadier Marco Antonio Álvarez Reyes.

Ante el señalamiento directo de que la orden provenía del superior del oficial, y la imposibilidad de ingresar por sus propios medios a la ceremonia, encabezada por el general secretario Salvador Cienfuegos, el reportero se tuvo que retirar.

Desde los primeros días de este año, sin explicación de por medio, la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena dejó de enviar comunicados e invitaciones para actos públicos a La Jornada y al reportero que cubre esa fuente.

Ante esto, La Jornada presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue radicada en la quinta visitaduría del organismo pues, entre otros temas, es la responsable directa del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.

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