Organizaciones y periodistas logran que SEGOB se comprometa a abrir foros en regiones de Oaxaca

Espacio OSC

Urge abrir diálogo en las regiones frente a la exigencia de la sociedad civil por la alarmante situación de agresiones y violencia contra personas defensoras y periodistas.

Ciudad de México / Oaxaca 18 de febrero, 2022 

Los días 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, el segundo Foro Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Oaxaca, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Oaxaca.

Es el segundo foro regional, luego del que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el mes de enero. El objetivo fue analizar la propuesta de Ley General impulsada por Segob, realizar aportes y sugerencias frente al contexto particular de Oaxaca. 

Durante el evento, las personas defensoras y periodistas denunciaron la grave situación que se vive en la entidad, recordando que Oaxaca se encuentra de luto por el asesinato del periodista Heber López ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, y recordaron también que en México han sido asesinados en 2022 al menos cinco periodistas y dos personas defensoras. De allí que reconocieron la importancia de estos espacios para la búsqueda de acciones interinstitucionales en todos los niveles de gobierno para atender al contexto de violencia y límites a la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico que aqueja al país desde hace más de una década, el cual, se ha agravado durante el actual sexenio de gobierno Federal y Estatal.

Las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas denunciaron en el foro, el desinterés que mostró el Gobierno del Estado, debido a que únicamente acudieron algunos funcionarios sin capacidad de decisión y se evidenció la ausencia del Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Javier García López, de la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán así como del Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo.

También señalaron que la propuesta de una Ley General no puede ser la única respuesta al contexto de crisis y alto riesgo que se vive en Oaxaca y México para las personas defensoras y periodistas, y que se debe de dar seguimiento a iniciativas y esfuerzos anteriores, como las 104 recomendaciones de la ONU-DH dirigidas al Mecanismo de Protección y al Estado, y promover reformas a marcos normativos a nivel nacional y estatal que inhiban la labor de personas defensoras y periodistas. 

Recalcaron que es fundamental que se fortalezcan capacidades y se siga garantizando un papel preponderante de la Federación en garantizar la protección de personas defensoras y periodistas frente a la total falta de confianza en el Gobierno del Estado, quien en muchas ocasiones es el responsable de las agresiones a personas defensoras y periodistas, sea por haber cometido la agresión o por encubrir y no investigar. 

Insistieron en la importancia de garantizar una participación amplia en estos espacios, garantizando que se escuche y reconozca la diversidad y particularidades de la defensa de derechos humanos y libertad de expresión en un estado como Oaxaca donde los riesgos y necesidades se dan en particular en contextos comunitarios e indígenas, que deben de ser analizados desde un enfoque colectivo, comunitario y desde el mismo territorio.

Las y los representantes de la sociedad civil que participaron durante los dos días fueron reiterativas en que los dos aspectos indispensables para la prevención y la protección a personas defensoras y periodistas, son garantizar recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de una nueva ley, así como avanzar hacia la erradicación de la impunidad, garantizando mecanismos eficaces y vinculantes para el castigo a las autoridades responsables de las agresiones, sea por acción u omisión. A su vez, las organizaciones señalaron que hace falta un análisis real sobre las necesidades y la idoneidad de crear  un nuevo marco normativo que garantice que las entidades federativas y municipios puedan tener  las capacidades institucionales para actuar conforme su deber de protección.

Al finalizar el foro, la Segob se comprometió a dar continuidad al diálogo en Oaxaca y a: 

  • Garantizar participación amplia en los foros regionales que se seguirán desarrollando en todo el país.
  • Organizar foros en las diversas regiones del estado de Oaxaca con el fin de acercar esta discusión y escuchar las voces de todas las personas defensoras del estado, en particular las que se encuentran en contextos comunitarios y rurales.
  • Generar una mesa conjunta con organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera amplia la situación de personas defensoras y periodistas en la entidad, más allá de la propuesta de una ley general. 

Las organizaciones, personas defensoras y periodistas que suscriben daremos seguimiento puntual para que se garantice el cabal cumplimiento a los diversos acuerdos alcanzados, así como también se adapte la metodología de los próximos diálogos con base las realidades en las diversas regiones del país.

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH Vitoria), Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (PC), Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (ODHP), Red Chimalli por los derechos de todas y todos, Proyecto de Derechos Económicos, Social (ProDESC), Alberto Xicotencatl Carrasco – Defensor de ddhh, Bernardina Santiago López, Daniela González López, Lucia Lagunes Huerta, Nadia Altamirano Díaz, Pedro Matías – Periodista, Rocío Flores, Soledad Ortiz Vásquez, Soledad Jarquín

 

Para medios:

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Reforzarán seguridad tras ataque a instalaciones del Diario de Iguala

Redacción Aristegui Noticias/MM

Autoridades estatales de Guerrero y la Secretaría de Gobernación condenaron el atentado perpetrado en contra del medio de comunicación. Por su parte, el diario urgió a las autoridades a garantizar la seguridad de su personal.

Foto tomada del Diario de Iguala

Tras el atentado en contra del Diario de Iguala, autoridades estatales en Guerrero condenaron los hechos y ofrecieron reforzar la seguridad en la zona.

También, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó la agresión.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que el Gobernador Héctor Astudillo condenó los hechos ocurridos durante la mañana del martes.

Ese día,  hombres armados dispararon en contra de las instalaciones del medio de comunicación, ubicado en Iguala, Guerrero.

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“Muertas en vida ya estamos”: la pandemia agrava la precariedad de madres de desaparecidos

Zedryk Raziel/Animal Político

Las mujeres, que iniciaron su protesta el 11 de mayo frente a una institución cerrada por la emergencia sanitaria, reclaman que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no les ha hecho entrega del apoyo de alimentación y vivienda desde el año pasado.

Foto: Zedryk Raziel/Animal Político

Como esa puerta ya no se abre, las mujeres pudieron colgar en todo lo ancho de la entrada de la Secretaría de Gobernación las fotos de sus familiares desaparecidos y los mensajes de que los devuelvan con vida, como se los llevaron. Enfrente, en una calle solitaria, sin tránsito, sin gente, armaron casas de campaña e instalaron un plantón que duró 12 días, en medio del silencio, sin más testigos de su protesta que los policías que resguardaban el edificio.

“¿Qué más da morirse en casa que venirse a morir aquí con la contingencia? Nos da lo mismo. De parto no nos vamos a morir, porque ya estamos viejas. Lo peor que nos pudo pasar, ya nos pasó. Muertas en vida ya estamos”, dice Margarita López Pérez, que lidera a un grupo de unas 20 madres de personas desaparecidas y que viajaron de Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Michoacán.

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En 2018, más de 29 mil solicitudes de asilo: SG

Redacción / La Jornada

Foto: Cuartoscuro

El número de personas que solicita asilo en México creció 103 por ciento el año anterior, al pasar de 14 mil 596 en 2017 a 29 mil 600 en 2018, cifra histórica de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación (SG).

Casi la mitad de las peticiones, 45.9 por ciento, las realizaron hondureños. La siguiente nacionalidad con más solicitudes fue la venezolana: el año pasado 6 mil 386 personas de este país pidieron asilo a México, ello representa 21.7 por ciento del total. En tanto, durante el mismo periodo, 6 mil 135 salvadoreños pidieron adherirse a esta condición en nuestro territorio, es decir, 20.8 por ciento.

De Guatemala, mil 340 personas tramitaron asilo en México, es decir, 4.5 por ciento de todas las solicitudes presentadas; mil 262 (4.2), de Nicaragua, y 864 (2.9), de otros países.

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Senado aprueba súperdelegados y quita a Segob facultad de operar medios públicos

Redacción/Animal Político

Con 72 votos a favor y 46 en contra, avanzó la reforma que establece la figura de los súperdelegados y la Secretaría de Seguridad; tras críticas de activistas, fue eliminado de la minuta que provenía de Diputados el punto de que Segob sería la encargada de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.

Foto: www.senado.gob.mx

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y además establece una rediseño de diversas dependencias y secretarías del gobierno entrante.

En la sesión ordinaria de este jueves, se aprobó por 72 votos a favor en lo general y 46 en contra la reforma que crea la figura de los coordinadores estatales de programas sociales, conocidos como súperdelegados; además, la Cámara Alta eliminó un punto criticado por activistas, respecto al papel de la Secretaría de Gobernación sobre los medios públicos.

Oposición critica a los súperdelegados

En cuanto a los “súperdelegados” en los estados, se aprobó que tengan a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.

El PRI, al respecto, criticó que los llamados súperdelegados serán, en la práctica, operadores electorales.

“La idea de los súperdelegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos”, criticó el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.

“No queremos un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada”, señaló el senador panista Mauricio Kuri.

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295 agentes federales muertos y 18 desaparecidos, el saldo de seis años de lucha contra el crimen

Redacción / Animal Político

Foto: Facebook Policía Federal de México

De 2012 a la fecha, 295 elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR) han perdido la vida al participar en operaciones contra la delincuencia y en actos de servicio. Además, hay 18 policías federales que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos.

Este balance oficial obtenido a través de solicitudes de transparencia dirigidas a la Secretaría de Gobernación y a la PGR muestra que, en promedio, 1 de cada 2 de estos policías murió a causa de ataques con armas de fuego. El resto habría perdido la vida por otras razones como golpes, ahogamientos, y quemaduras. Pero todos ellos en servicio.

Además, en el caso de los Policías Federales Ministeriales de la PGR, los datos arrojan que desde hace dos años se duplicaron los fallecimientos.

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Iztapalapa y Ecatepec, las zonas con más agresores sexuales

Redacción / La Jornada

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Registros de la Secretaría de Gobernación refieren que Iztapalapa, en Ciudad de México, y Ecatepec, en el estado de México, son las demarcaciones en las que habita el mayor número de agresores sexuales en el país.

Respecto de la violencia de género, la investigadora Elena Azaola, una de las voces internacionales más prestigiadas en éste y otros temas de derechos humanos, señaló que los feminicidios son un problema creciente en todo el país porque no se atendieron los problemas de descomposición social.

Mapean incidencia delictiva

Datos obtenidos de los expedientes judiciales y sicológicos de instancias como la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) señalan que además de los agresores sexuales, en esas zonas también habitan personas que han purgado condenas o que han obtenido su libertad por procesos relacionados con secuestros, narcomenudeo y otros delitos considerados graves, sin que exista un seguimiento de su comportamiento, debido a que la ley no establece ninguna posibilidad para ello, refirieron las autoridades consultadas.

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Peña Nieto crea un sistema de búsqueda de desaparecidos a 53 días de dejar el cargo

Redacción / El País

En el día internacional de víctimas de desapariciones forzadas, familiares recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto, que su administración fue indolente ante los casos. Foto: Paola Ramos / Cencos

37.485 personas. De ese tamaño es la crisis de los desaparecidos en México. “Y seguramente el número es más grande”, ha admitido este martes el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). El intento más ambicioso para encontrar a quienes fueron retenidos sin dejar ningún rastro, para poner cara a miles y miles de expedientes, para dar respuesta definitiva y justicia a los denunciantes se produce cinco años después del caso Heavens, cuatro años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seis meses después de que tres estudiantes de cine en Jalisco fueran secuestrados y disueltos en ácido. Y dos meses antes de que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Después de meses y meses de vigencia de la ley, a 50 días de que se vaya este Gobierno, quieren hacer un acto de simulación, como que están haciendo cosas para atender el problema de las desapariciones”, critica en entrevista Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No se resuelve el problema de fondo, no se han definido los protocolos nacionales ni los acuerdos con los Estados ni los recursos para hacerlo”, agrega Encinas: “Llega demasiado tarde”.

“Es un paso fundamental para la búsqueda de personas, pese a que hubo retrasos importantes”, señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una de la organizaciones civiles que participó en la creación del SNBP.

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Conferencia de prensa: Defraudan a propietarios en la compra de terrenos para la construcción de AICM en Los Tlateles, Chimalhuacán

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • Propietarios de los predios denominados Los Tlateles o El Moño, en Chimalhuacán, demandan que se transparenten los términos en que se pretende dar por finiquitado el problema de despojo de los predios por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, toda vez que consideran que el proceso se está dando con total opacidad.
  • Demandan que se les finiquite según lo convenido con la Segob.

Participan: Propietarios de los Predios de Los Tlateles

Convoca: Propietarios de los Predios de los Tlateles

La cita: Miércoles 10 de Octubre de 2018 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

La Policía Federal crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas

Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Policía Federal creó la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas que fungirá como enlace del comisionado general con otras instituciones, autoridades jurisdiccionales y ministeriales, incluidos los concesionarios de telecomunicaciones, en el ejercicio de sus funciones.

Foto: PF

Este lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para informar sobre la creación de dicha unidad.

Según el segundo punto del acuerdo, el objetivo de la nueva Unidad será “implementar únicamente las acciones y mecanismos de apoyo, coordinación y colaboración necesarios para atender aquellos temas que se vinculen con las funciones de la Policía Federal en materia de intervención de comunicaciones privadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

También será el enlace con “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

La Unidad, de acuerdo con la publicación, estará a cargo de un titular, quien deberá asistir al comisionado general en aquellos asuntos en materia de intervención de comunicaciones privadas, excepto tratándose de la representación legal que le corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal conforme a la Ley de la Policía Federal y su Reglamento.

También deberá suscribir los documentos que sean inherentes al ejercicio de sus funciones; acordar e informar al comisionado el despacho de los asuntos de su competencia.

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