“¡Justicia!”: frente a Gobernación, periodistas reclaman por el asesinato del corresponsal Luis Martín Sánchez

Foto: Andro Aguilar

 

Andro Aguilar/Animal Político

Con veladoras, retratos de colegas asesinados y consignas contra las autoridades, periodistas protestaron la noche de este lunes afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) por el asesinato del reportero Luis Martín Sánchez, corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit.

Los comunicadores recordaron que otra persona relacionada con medios de comunicación en esa entidad continúa desaparecida, además del fotoperiodista Juan Carlos Hinojosa Viveros, quien se desempeña como fotógrafo de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Nanchital, en Veracruz, y es editor del medio La de 8 News.

En la protesta, los comunicadores fueron improvisando un pase de lista y, después de mencionar cada nombre de un periodista asesinado, gritaron “¡Justicia!”.

Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez, Octavio Rojas, Regina Martínez, Miroslava Breach… Todos ellos fueron algunas de las víctimas recordadas, entre las decenas de personas asesinadas en México por ejercer el periodismo.

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Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. 

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.   

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.  

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión.  Esto también  afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección. 

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral. 

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias. 

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad. 

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. 

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas. 

 

 

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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AMLO lo ataca, pero Mecanismo de Protección reconoce trabajo de Artículo 19

Redacción/Animal Político

Luego de que el presidente criticara a la organización, el Mecanismo de Protección, que es parte del gobierno federal, destacó su trabajo.

El mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la organización Artículo 19, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconoció su labor, fundamental para la defensa de periodistas en el país. 

La Junta está integrada por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Consultivo Ciudadano.

“El Mecanismo de Protección reconoce el papel de las personas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el acceso a la información para una democracia y para la prevalencia del Estado de Derecho”, señaló la Junta en un comunicado.

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Solo 4.2% de los MP se especializan en violencia contra mujeres; 100 municipios concentran 60% de feminicidios

Itxaro Arteta/Animal Político

Cada día hay 482 mujeres que acuden a denunciar violencia familiar, se abren 20 carpetas de investigación por hora, pero solo hay 177 agencias especializadas.

Foto: Cencos

De 3 mil 552 agencias del Ministerio Público que hay en todo el país, solo 177, menos del 5%, tienen alguna especialización en delitos contra las mujeres, reveló este lunes la Secretaría de Gobernación (Segob) en la conferencia mensual del Grupo Interinstitucional para atender violencias de género.

Solo 4.2% de agencias se especializa en perseguir delitos contra mujeres y 4.1% en violencia intrafamiliar, a pesar de que el segundo delito por el que más denuncias se presentan en todo el país, solo por debajo de los distintos tipos de robo, es la violencia familiar. Este año se han abierto 163 mil 868 carpetas de investigación por esta causa, que representan el 12% de todas las denuncias del fuero común, y muestran una tendencia de cinco meses al alza.

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En el primer año de acción de Spotlight México, asesinatos de mujeres aumentan 9.74%

Angélica Jocelyn Soto/Proceso

Foto: Octavio Gómez/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- A un año de haberse presentado como una gran estrategia nacional para la erradicación del feminicidio en el país, la iniciativa Spotlight México avanza sin coordinación, en medio de la opacidad, sin evaluación de resultados y con un aumento en el número de mujeres asesinadas en territorio nacional.

El 29 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia mañanera diaria la estrategia Spotlight, con la cual la Unión Europea y las Naciones Unidas darían a México 7 millones de dólares (159 millones de pesos) para la prevención y erradicación del feminicidio en aquellas zonas identificadas como focos rojos: Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México; Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Chilpancingo, en Guerrero.

La Secretaría de Gobernación (Segob) definió entonces esta iniciativa como “una de las más importantes que se hayan realizado hasta la fecha con ese propósito”. Su meta, a tres años, es conseguir que 4.70 millones de niñas, mujeres, hombres y niños sean beneficiados directamente y 14.10 millones indirectamente.

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