PGR investiga nuevo fraude de 100 mdp al estilo Estafa Maestra; suman 18 los casos denunciados

Redacción/Animal Político

Varias de las averiguaciones están congeladas porque la Procuraduría General de la República (PGR) recabó datos bancarios sin el aval de un juez.

Facebook: Universidad Autónoma de Zacatecas

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una nueva carpeta de investigación por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre un posible fraude que ascendería a 100 millones de pesos cometido con la modalidad de La Estafa Maestra, es decir, a través de convenios firmados con universidades por servicios que estas no realizan y que terminan subcontratando con otras empresas, todo ello sin licitaciones de por medio.

En este caso la denuncia involucra dos convenios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó en 2015 con la Universidad Autónoma de Zacatecas; esto durante las últimas semanas de la gestión de Rosario Robles. El objetivo de dichos convenios era fortalecer los padrones de beneficiarios de programas sociales.

Por estos servicios Sedesol pagó 222 millones de pesos. Al final, las empresas subcontratadas irregularmente supuestamente realizaron todo el trabajo por 116 millones, sin que haya claridad de dónde quedó el resto del dinero.

Las irregularidades encontradas en este caso son resultado de la auditoría financiera 277-DS relacionada con la Cuenta Pública 2015. Esta es la cuarta denuncia penal que se desprende de dicha auditoría.

En enero pasado, Animal Político reveló las primeras tres denuncias derivadas de la auditoría 277-DDS por convenios que la Sedesol firmó con dos universidades públicas del Estado de México y una más con la Universidad Politécnica de Chiapas, y en los que también hubo múltiples irregularidades. Dichos convenios fueron firmados y pagados tanto en la gestión de Rosario Robles como en la de José Antonio Meade al frente de Sedesol.

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SFP investiga a vocero de Rosario Robles por presuntas irregularidades en convenios

Redacción/Animal Político

El funcionario firmó contratos con Radio y Televisión de Hidalgo durante su gestión como vocero de Sedesol, sin embargo la indagatoria señala que no demostró que los servicios contratados se hayan realizado.

Foto: facebook.com/pg/rosarioroblesberlanga

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a Gustavo “N”, exdirector de información de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por un posible daño patrimonial de 175 millones 411 mil 524 pesos.

De acuerdo con el expediente P.A. 237/2017, durante su gestión como director de información de la Sedesol, el Funcionario “liberó una serie de pagos de servicios” contratados con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información –entregables– que demostraran la prestación de dichos servicios”.

En entrevista con Animal Político, el Funcionario aseguró que los “entregables existen” y se dijo “tranquilo de que el resultado de la investigación (le) será favorable… siempre y cuando la autoridad haga su trabajo correctamente”.

“Si de alguna forma el Órgano Interno de Control o la SFP consideran que no están los entregables tiene que agotar este tema. Buscar por todas las esquinas la existencia de estos materiales que yo sé que existen”, dijo.

Los hechos por los que es investigado Gustavo “N” ocurrieron, en 2015, cuando se desempañaba como director de información de la Oficina de Comunicación Social en la Sedesol, cuya titular en ese entonces era Rosario Robles Berlanga.

La investigación en curso refiere que aun cuando el Funcionario tenía la responsabilidad de “supervisar y vigilar” los servicios establecidos en el convenio con el organismo público descentralizado de RTH, consistentes en la elaboración de materiales audiovisuales y gráficos de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, éste autorizó los pagos sin contar con documentación que avalara el cumplimiento de los servicios.

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Comedores comunitarios de Sedesol, programa asistencialista que no combatió la pobreza alimentaria: Auditoría

Comedores comunitarios | Foto: Facebook Sedesol

Por Redacción/Animal Político

No es la primera vez que la auditoría señala las deficiencias del programa, también lo hizo en 2014 y 2015, pero ni Rosario Robles ni José Antonio Meade hicieron algo por solventar las ineficiencias.

El programa Comedores Comunitarios en 2016 fue ineficiente: 90% de los lugares donde se brindan alimentos no fueron abastecidos para su correcta operación, no se sabe si los beneficiarios fueron personas en pobreza extrema y no hubo verificación de los alimentos que se ofrecían.

Este programa fue operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada en ese periodo por José Antonio Meade, y posteriormente por Luis Enrique Miranda.

Los señalamientos son parte de la evaluación de desempeño al programa Comedores Comunitarios reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de Cuenta Pública 2016.

Durante  2016 más de 24 mil mexicanos no tuvieron acceso a la alimentación; el programa de Comedores Comunitarios “no constituyó una solución estructural a las causas de la prevalencia de población con acceso insuficiente a alimentos variados y de calidad, y su diseño no trascendió un enfoque asistencialista”, advirtió la ASF, por lo que pidió a la Sedesol revisar las causas de estos resultados.

Esta no es la primera vez que la auditoría señala las deficiencias del programa, también lo hizo en la Cuenta Pública de 2014 y 2015, pero ni Rosario Robles (secretaria de Desarrollo Social entre 2012 y agosto de 2015) ni José Antonio Meade (titular de la dependencia entre agosto de 2015 y septiembre de 2016) hicieron algo por solventar las ineficiencias y conseguir que el programa cumpliera con su objetivo: combatir la pobreza alimentaria.

Pese a la persistencia de fallas, el programa tuvo aumentos presupuestales. En 2014 le asignaron mil 628 millones de pesos, y en 2016 pasó a 23 mil 150 millones de pesos, un crecimiento de 93 %.

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Sedesol realizó pagos millonarios a adultos mayores fallecidos, no localizados o duplicados, revela ASF

Foto: Cuartoscuro

Por Redacción/Animal Político

La Auditoría señaló en su revisión de la Cuenta Pública 2016 irregularidades en los padrones de adultos mayores, pues muchos recibían pagos aunque ya habían fallecido o su nombre estaba duplicado.

Durante 2016, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presuntamente pagó más de 3 mil millones de pesos a miles de personas inscritas en el Programa para Adultos Mayores (PPAM), pero cuyo estatus era de fallecidas, no localizadas o cuyos nombres se encuentran duplicados en el padrón, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aun cuando la Auditoría no establece la fecha de cada uno de estos pagos, durante 2016 la Sedesol fue dirigida por José Antonio Meade, actual candidato del PRI a la presidencia de México, quien ocupó el cargo hasta septiembre de 2016, y Luis Enrique Miranda Nava, quien estuvo 4 meses en el encargo y quien actualmente es delegado del PRI para las elecciones a gobernador de Chiapas.

Para llegar a esta conclusión, la ASF realizó un cruce de información entre el padrón del PPAM y el Registro Nacional de Población (RENAPO), donde detectó lo siguiente:

  • 556 mil 548 beneficiarios, por los cuales la Sedesol supuestamente erogó 3 mil 110 milones de pesos, fueron personas no localizadas.
  • 49 mil 196 beneficiarios, con supuestos pagos por 289 millones de pesos, fueron personas duplicadas.
  • 16 mil 997 beneficiarios la Sedesol proporcionó apoyos por un monto de 64 millones 152 mil pesos, eran personas fallecidas, que “se presumen como pagos indebidos”.

De acuerdo con la ASF, en el caso de las personas fallecidas, dichos beneficiarios y montos descritos son un complemento a lo señalado en el informe (segunda etapa) de la cuenta pública 2016 al PPAM, cuando se detectó que la Sedesol  presuntamente pagó más de 23 millones de pesos a 8,637 personas con fechas posteriores a sus defunciones.

No sólo eso. La ASF  identificó deficiencias en el cumplimiento de las reglas de operación del PPAM, así como en la calidad de datos de la información contenida en la base de datos proporcionada por la SEDESOL, con cifras a 2016: beneficiarios sin edad, con edad menor a la estipulada en las Reglas de Operación; personas sin dato en el campo sexo; beneficiarios sin CURP, sin RFC o sin ambos datos; y personas sin estatus de situación de pago.

Por tal motivo la ASF estableció que “la falta de control y apego a las reglas de operación del PPAM pueden causar un daño al erario público anual estimado del orden de 3 mil 198 millones de pesos”.

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